El martes 23 fue suspendida por múltiples contagios de Covid-19 la actividad de la Línea 202, de la empresa Unión S.A., que cubre recorridos de colectivos entre Berisso y La Plata. Hoy los casos confirmados suman 23. La empresa había comunicado que los recorridos los cubriría la Línea 214 (de la misma empresa) de forma parcial hasta que se tuvieran los resultados de los hisopados, pero Osmar Corbelli -dueño de la empresa y de casi todas líneas de colectivos de la región- puso a los mismos choferes que debían estar aislados preventivamente a conducir las unidades de la 214.

La patronal no garantiza tampoco todos los hisopados correspondientes ni, desinfectó las instalaciones y playones de la Línea 202 que fueron utilizados por las unidades de la 214, según denunciaron los trabajadores. Para colmo, Corbelli presentó una denuncia penal contra los choferes por una reunión que realizaron acusando que allí se habrían propagado las infecciones. Los trabajadores confirman que los contagios existían previamente y eran ocultados por la empresa, que no respetó ningún tipo de protocolo. Los colectivos de la región viajan llenos en hora pico, con la única protección de un nylon atado con sogas.

Este desmanejo patronal cuenta con la vista gorda de los intendentes de Berisso y La Plata, el peronista Fabián Cagliardi y Julio Garro de Cambiemos, respectivamente. Estos gobiernos municipales subsidian a las empresas sin ningún tipo de control sobre el servicio que brindan, el cual expone la salud de miles de trabajadores berissenses y platenses. La superexplotación laboral que impone a los choferes el monopolista Corbelli -dueño Unión Platense y Expreso La Plata- se agrava al ritmo del un aumento de contagios en la región, que en las últimas horas ha superado los 800. La burocracia de la UTA está borrada a pesar de la gravedad de la situación. Siempre ha sido la mano derecha del patrón Corbelli, como demostró cuando se desarrolló el conflicto por los despidos de la Línea Este.

Denunciamos este atropello contra la salud de la población trabajadora y la responsabilidad de los intendentes Cagliardi y Garro por su complicidad con la desidia patronal de Corbelli, y la nefasta inacción de la burocracia UTA. Rechazamos la judicialización a los choferes contagiados. Es necesario que los trabajadores nos pongamos de pie por la defensa de nuestros puestos de trabajo y nuestra salud, con asambleas en todas las líneas de colectivos para discutir la formación y control de protocolos sanitarios y laborales, el licenciamiento con goce de sueldo de casos sospechosos y grupos de riesgo, y un plan de lucha para imponer estos reclamos a la patronal.