Los casos identificados de coronavirus se desplomaron en los últimos tres días, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud. De una semana a la otra se pasó de un promedio de 103 mil a 62 mil. A su vez, el registro del domingo fue el más bajo desde finales de diciembre, cuando la tercera ola recién estaba comenzando. Pero el descenso no es real, sino que se debe a la política de testear cada vez menos.

Lejos de responder a un desaceleramiento de la pandemia, es una consecuencia del ajuste. No es casualidad que el mismo día que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que los testeos solo estarán disponibles para personas con comorbilidades, mayores de 60 y embarazadas, los casos informados bajaron hasta 41 mil. Si los contagios reportaron bajas es porque los testeos cayeron un 30% con respecto a la semana anterior, de 116 mil a 86 mil si comparamos este lunes 31 con el de la semana pasada. Concretamente, la reducción en los testeos y el cambio en los criterios de los hisopados no dejan ver la magnitud de la crisis sanitaria.

La misma semana se autorizó la venta de autotest Covid en las farmacias, con un precio oficial de entre $1.500 y $1.650 pero sin nadie que lo controle. La combinación de los eventos dan a entender que el gobierno prepara el terreno para cada vez borrarse más de sus responsabilidades para con la pandemia y dejar que los privados den un paso adelante. Lo demuestran los testeos, claro está, pero también los nuevos criterios en los cuales una persona con síntomas y nexo epidemiológico se tiene que dar positivo sin necesidad de confirmación por hisopado.

Ahora, la imposibilidad de hacerlo en el sistema público empuja a todo un sector de trabajadores a testearse en el sector privado para conseguir un certificado que les permita ausentarse en sus lugares de trabajo, en algunos casos pagando importantes sumas porque determinadas obras sociales o prepagas deciden no cubrirlo. Como habíamos adelantado en Prensa Obrera, se está dando paso a la privatización de los testeos

La justificación del gobierno para eliminar los testeos por no ser el reflejo más fiel de la situación sanitaria demostró ser una sanateada que escondía la intención oficial de profundizar el ajuste en salud. Incluso el ministro bonaerense Nicolás Kreplak se animó a decir que en realidad lo único que valían eran las muertes, cuando justamente para detectar rápidamente esos casos graves se necesitan testeos masivos para todos aquellos sintomáticos y asintomáticos con nexo epidemiológico. Así las cosas, ayer se registraron 285 muertes. La realidad es que se niegan a hacer lo que corresponde -es decir colocar más centros de testeo con mayor disponibilidad horaria y personal capacitado- porque defienden el pacto con el FMI a costa de un mayor ajuste sobre la población trabajadora.

En realidad, lo que se necesita en este momento va por la vereda contraria a lo que el gobierno ofrece. Fundamentalmente el aumento del presupuesto para salud, ciencia y tecnología, de manera que se pongan los recursos al servicio de las necesidades sociales y permita aumentar testeos, centros de vacunación para garantizar la inmunidad de la población y el reforzamiento del sistema sanitario en su conjunto. Además, se necesita avanzar en la centralización del sistema para garantizar que todos pueda acceder a una atención gratuita y de calidad. La vuelta de los aislamientos para los contactos estrechos y protocolos en todos los lugares de trabajo bajo control obrero. Un gobierno de estas características, tutelado por el Fondo, nunca podrá llevar adelante un programa de defensa de los trabajadores, que tenga como prioridades su vida y su salud; es tarea de un gobierno de trabajadores.

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