El gobierno nacional volvió a reducir los criterios de hisopados. Ahora, aquellas personas con dos síntomas o más que hayan participado de un evento o espacio social o laboral donde se hayan producido por lo menos tres casos confirmados o vivan en una zona con una incidencia superior a 500 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días serán consideradas positivas. En una situación sanitaria tan delicada insisten en reducir los testeos, cuando todos advierten que es una estrategia epidemiológica que no permite ver la magnitud de los casos.

No es noticia que Argentina testea poco. Según el sitio Worldometers, Argentina ocupa el lugar 103° en el ranking de países que más testean por millón de habitantes. La alta positividad lo deja en evidencia: superó el 70% y se calcula que los casos diarios en realidad estarían cerca de los 400.000.

Luego de toda una serie de flexibilizaciones en los criterios de testeos, el gobierno vuelve a apuntar contra la herramienta de detección más eficaz. A los epidemiólogos no les parece correcto que se confirmen casos sin un resultado positivo ya que no responde a ningún criterio sanitario o epidemiológico. Y suena lógico: tener menos testeos no permite analizar correctamente la situación sanitaria y, por lo tanto, lleva a decisiones incorrectas. En nuestro caso, no da lo mismo tener un promedio de 100 mil diarios a tener el triple o cuádruple de contagios. Ni hablar de que aleja a los casos asintomáticos de un diagnóstico o, peor, abre la puerta a que aquellos trabajadores sin síntomas sean obligados a ir a trabajar, como ya está sucediendo, favoreciendo el crecimiento exponencial de los contagios.

Hasta ahora, la justificación del gobierno para no avanzar en medidas, en el reforzamiento del sistema de salud o en el aumento de los testeos era que los fallecimientos no crecían al ritmo de los contagios. Sobre esa base Kreplak se animó a decir que había “perdido sentido” el recuento diario de casos y que en realidad había que apuntar a localizar los casos graves. Pero ayer se contabilizaron 280 muertes, lo cual muestra que las declaraciones del ministro de Salud de la provincia no tienen asidero, ya que la explosión de contagios también va a traer proporcionalmente -aunque a una menor tasa- un altísimo números de casos graves con secuelas y muertes. ¿Cómo espera encontrar aquellos cuadros graves si no se testea masivamente? ¿Y cómo puede un positivo aplicar las medidas de cuidado si nunca recibe un diagnóstico de certeza que le advierta sobre su salud? Se pretende que la sociedad tome las medidas individuales que el Estado se niega a poner en marcha, mientras este se borra y desentiende de sus responsabilidades.

Lo propio sucede con los autotest Covid: en un contexto donde los centros de testeo, UFUs y Dispositivos DetectAR se encuentran colapsados, el gobierno habilita la comercialización de los test de antígeno rápido de uso casero y privado. No apunta a aumentar las postas, su personal asignado ni los turnos, sino que deposita la responsabilidad del testeo en cada individuo a la vez que aumenta la descentralización del sistema, puesto que no hay un seguimiento de los resultados.

El intento del gobierno de disimular la situación sanitaria como una bajo control no tiene ni pies ni cabeza. Lo demuestran las terapias intensivas, cuya ocupación está en el 50% y subiendo a un ritmo de 3% diario. Según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), aquellas relacionadas a cuidados especiales están en 75%. Recordemos que se desarticularon gran parte de los dispositivos Covid incluidas las terapias, que además están cortas de personal y con trabajadores agotados de las exhaustivas horas de trabajo y salarios de miseria.

La política sanitaria actual responde al intento del gobierno de que no haya más parates en la actividad económica. De allí surge el encubrimiento de los casos y la eliminación de los aislamientos. Todas las decisiones sanitarias están condicionadas por su intento de mejorar los índices económicos -fuertemente monitoreados por el FMI- en pos de conseguir un acuerdo que traerá más ajustes para el sistema de salud público y sus trabajadores.

Frente a esto es la propia clase obrera la que debe deliberar sobre sus prioridades. Por eso llamamos a discutir en los hospitales, centros de salud y clínicas, en los lugares de trabajo y en los barrios un programa que discuta de qué manera enfrentar la tercera ola y que incluya el aumento del presupuesto para salud y de los testeos, campaña de vacunación masiva y la centralización de todo el sistema, así como la implementación de protocolos bajo control obrero y la restitución de los aislamientos para los contactos estrechos.