Durante la mañana del martes 16 de octubre se hizo presente en la Legislatura porteña el Subsecretario de Atención Hospitalaria, Aldo Caridi, junto a tres miembros de Recursos Humanos, supuestamente para explicar el proyecto n° 2692/2018 (que plantea una reforma integral de la carrera de profesionales de Salud de la ciudad) a los legisladores de la comisión de Salud. Sin embargo, la exposición de Caridi duró menos de diez minutos, y durante la ronda de preguntas de los legisladores presentes se despachó con generalidades, con la excusa de darle “dinamismo” a la reunión.

En la reunión estuvieron presentes diferentes grupos de trabajadores y asociaciones de profesionales de la salud que en las últimas semanas se han pronunciado en contra de este proyecto, denunciando la flexibilización y persecución que conlleva. No se les permitió realizar preguntas ni exponer sus críticas.

Caridi fundamentó semejante reforma de la carrera profesional en que la que actualmente rige es anticuada (ordenanza 41.455), y reivindicó los cambios introducidos con el nuevo proyecto, caracterizándolo como “dinámico” y basada en los principios de la “eficacia” y “eficiencia”. Lo ejemplificó con la posibilidad del acceso abierto por concurso público a las jefaturas, los cargos de planta y el concurso de los jurados (aunque esto último no aparece en ningún capítulo de la nueva ley).

La primera pregunta fue sobre el artículo 6, denunciado por los trabajadores, que establece la eliminación de diferentes profesiones de la carrera de profesionales de salud: Comunicación Social, Biólogos, Estadísticos, Informáticos, licenciados en Ciencias de la Educación y psicopedagogos del IES N1. Ante esto los funcionarios con evasivas, planteando que el Ejecutivo discutiría con cada profesión y la federación de profesionales quiénes serían incorporados. De esta manera plantean dividir el movimiento de profesionales que se ha gestado y ha reaccionado en defensa de sus condiciones de trabajo.

En segundo lugar, el legislador del PO-FIT Gabriel Solano interpeló al Ejecutivo por los grandes ausentes en la carrera profesional, que son los licenciados de enfermería, preguntando por qué motivo se los volvía a excluir. La “respuesta” fue que, al existir tres tipos de enfermeros en el sistema público (los licenciados, los enfermeros profesionales y los auxiliares), ellos se oponían a dividirlos reconociendo a unos y no a otros. Así se degrada a una de las profesiones que es de los pilares que sostiene el hospital público y, en lugar de mejorar las condiciones laborales incorporando a los licenciados e incluso reconociendo la insalubridad de la profesión, se los mantiene excluidos de la carrera profesional.

Con el correr de las intervenciones de los legisladores opositores quedó demostrado a las claras el carácter discriminatorio, flexibilizador y antisindical que contiene esta reforma. El artículo 9 considera como “especialidad profesional” solo a las médicas, manteniendo a las demás como colaboradoras, desconociendo así las leyes de ejercicios profesionales de las distintas profesiones de salud. El Ejecutivo sostuvo que eso se basa en una ley nacional que rige a todo el país. Se trata de la n° 17.132, sancionada en tiempos de Onganía –en este caso no dijo nada sobre lo “anticuado” de la norma. Cuando se les repreguntó por el artículo 74 que reserva la categoría MS para las especialidades médicas “conforme el artículo 9” y la categoría PS para el resto de los profesionales, se quedaron sin palabras. Pero este silencio oficial encubre un ataque al enfoque integral e interdisciplinario de la salud y un ajuste salarial para los especialistas no médicos.

Cuando se les consultó sobre el ataque a la actividad gremial que se desprende del artículo 50, que establece que los profesionales electos a cargos gremiales se les concede licencias sin percepción de haberes, respondieron tan solo que eso fue textualmente transcripto de la ley 471. Este artículo es complementario del 2, que plantea la conformación de organismos paritarios encargados de prevenir y solucionar conflictos colectivos de trabajo para garantizar la prestación de servicios esenciales de salud, atacando el derecho a huelga. Sobre eso no hubo respuesta.

El capítulo XIX “Del régimen Disciplinario”, el art 107 y el 133 fueron objeto de muchas críticas. En primer lugar porque el primero garantiza la persecución y regimentación patronal contra los trabajadores de la salud, y los otros dos aumentan la jornada laboral sin subir el salario y restringen la formación en otras instituciones. El Ejecutivo señaló que se transcribieron de la ley 471 y del convenio colectivo existente y amparado por la conducción de la Asociación de Médicos Municipales.

La nueva ley, en vez de mejorar la formación, elevar y jerarquizar la práctica asistencial o dar reparos a los trabajadores contra los atropellos patronales, refuerza el esquema de penalidades; y degradan y flexibilizan el trabajo.

En materia de achique hospitalario, precarización laboral y ataque a las guardias el legislador Solano remarcó que el artículo 86 introduce una redefinición funcional o de la estructura organizativa como motivo del cese de la función de conducción, una plataforma a la redefinición necesaria que podría orquestar el ejecutivo para compactar los servicios afectados por el complejo hospitalario Sur. De esta manera se destruye la estructura, algo que el Ejecutivo no pudo negar. Los artículos 139 y 140 introducen un régimen de evaluación de desempeño cada 2 años, anulan el ascenso automático cada 4 años por antigüedad e introducen la perdida de la estabilidad laboral -ya que dos evaluaciones negativas implican el pase a disponibilidad. La respuesta de los funcionarios fue que el ejecutivo lo había acordado con la AMM y la Federación de Profesionales, esto último generó un rechazo espontaneo de los representantes de la federación de profesionales presentes. Para culminar el artículo 22, que establece las licencias del personal de guardia, mantendrán las mismas que el resto del personal, solo que se tendrá en cuenta la proporcionalidad. Pero nada desmintieron sobre el artículo 72 que reconoce como función del personal de guardia la de mantener la asistencia médica solamente, abriendo la puerta a la pérdida de puestos de trabajo de las profesiones no médicas.

Las respuestas esbozadas por los representantes del Ejecutivo dejaron con un alto grado de insatisfacción e inseguridad a los trabajadores movilizados y a los legisladores presentes. A la luz de estas respuestas, cobró mayor sentido la escueta explicación desarrollada por Caridi al inicio de la reunión, ya que el silencio del subsecretario durante toda la jornada responde a la incapacidad de defender esta reforma que es profundamente flexibilizadora y no pasaría el filtro de una asamblea de trabajadores de la salud de cualquier hospital de la ciudad. Cobra mayor sentido el acuerdo de la burocracia de Gilardi de la AMM a este proyecto, ya que es un socio fundamental del gobierno porteño.

Solano propuso que el subsecretario, sus funcionarios y el presidente de la comisión elaboren por escrito estas respuestas, se establezca la fecha y horario de una nueva reunión y que los trabajadores de salud puedan participar llevando sus dudas y aportes para que sean tomadas en cuenta. Un proyecto de las características que presentó el Ejecutivo porteño será rechazado por el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

La próxima reunión de la comisión de salud será el lunes 22 a las 14hs. Movilicemos en todos los hospitales contra esta reforma flexibilizadora, de ajuste y anti sindical.