-Exclusivo de internet

El Senado de la Nación acaba de dar -por unanimidad- sanción definitiva al proyecto de Ley Nacional de Salud Mental, cuya autoría pertenece al diputado del ARI fueguino -y miembro de la Jefatura de Gabinete de la Nación-, Leonardo Gorbacz.

El presunto carácter “progresista” -apoyado por distintas asociaciones del campo de la salud mental- se basa en que la ley promueve la acción “interdisciplinaria” en los servicios hospitalarios, amplía la incumbencia en las decisiones de internación psiquiátrica (restándole el monopolio legal a los psiquiatras) e insta a la presunta “desinstitucionalización” de los pacientes psiquiátricos internados (en una mayoría “cronificados”) en “dispositivos alternativos”.

Sin embargo, tres artículos del proyecto resultan por demás clarificadores, en sintonía con las “reformas” en salud propiciadas por el Banco Mundial: el artículo 27 directamente prohíbe la creación de nuevas unidades públicas neuropsiquiátricas de internación, mientras insta a una “paulatina” sustitución de las ya existentes por “dispositivos alternativos” (que como ya hemos destacado brillan por su ausencia en el plano nacional, provincial y municipal en todos los niveles de atención). El siguiente artículo (Art. 28), ordena realizar las internaciones psiquiátricas solamente “en hospitales generales” mientras cuenten con “recursos necesarios”. La situación planteada al día de la fecha resulta ser la manifiesta situación de colapso de los hospitales generales (y no sólo monovalentes) en todo el país. Los “recursos necesarios” librados a la “interpretación” de los gobiernos capitalistas provinciales y municipales (sumado al Estado nacional) en la perspectiva del traspaso planteado directamente abriría una instancia de agravamiento de la atención en la red hospitalaria, particularmente en lo que se refiere a la asistencia de pacientes psiquiátricos internados.

Justamente son los “recursos necesarios” planteados en el Art. 32 de la ley, el cual establece un límite de tres años desde su eventual sanción, para que “el Poder Ejecutivo” incluya “en los proyectos de presupuestos un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por ciento (10%) del presupuesto total de salud”, promoviendo a que “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio”. De acuerdo con las políticas implementadas por los gobiernos ajustadores (y avaladas desde las legislaturas provinciales y de la Ciudad) el “piso” del 10% será, en el mejor de los casos, un techo inalcanzable en el marco del progresivo ajuste y desfinanciamiento ejecutados por dichas administraciones. De hecho, lo establecido por la ley sólo se basa en una suerte de “indicación” y no tiene un efecto vinculante.

Aun si lo tuviera, un “mínimo” de un incremento en un 10% del Presupuesto en un lapso de tres años (frente a las proyecciones inflacionarias actuales) ni siquiera resultaría ser “una aspirina para el cáncer” del derrumbe sanitario nacional. O bien estaría condenado a ser un mero “saludo a la bandera” o, en el mejor de los casos, un paliativo inocuo frente a las necesidades acuciantes de los trabajadores y profesionales de la salud, y particularmente para la asistencia sanitaria de la población.

Al igual que con el “caso testigo” de la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, sería nuevamente tomada por los gobiernos provinciales y municipales para profundizar la política de transferencia de recursos y colapso hospitalario.

No casualmente, el máximo consultor de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), Hugo Cohen, señaló a Perfil (26/9) “Apoyamos el proyecto de ley en función de que responde a las recomendaciones que en el campo de la salud mental y los derechos humanos hace la OMS”. Corresponde destacar que las “recomendaciones en el campo de la salud mental” de la OMS vienen impartidas directamente desde los papers del Banco Mundial.

Para el caso, todas las camarillas patronales parlamentarias (oficialismo y oposición) se unieron sin chistar para votar unánimemente la ley en ambas cámaras.

Reafirmamos nuestra lucha por un sistema de salud único integral, estatal, público y gratuito -y, por ende, de salud mental-, que integre todos los niveles de atención sanitaria: los centros públicos comunitarios y preventivos (APS), el hospital público y las obras sociales, y promovemos la nacionalización de los laboratorios medicinales.