Con las 2,1 millones de dosis que llegaron a Argentina esta mañana se alcanzaron las 17,5 millones entregadas desde que inició la campaña de vacunación. Sin embargo, el 30% de dichas dosis no fue administrada.

Al día de hoy, el gobierno distribuyó a las provincias más de 15 millones de las recibidas, pero solo 12.257.297 fueron administradas, por lo que hay más de 5 millones “a la espera” de ser asignadas. Para la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, “junio será el mes récord para la llegada de vacunas”, pero es claro que la llegada de más dosis no es acompañada de la logística necesaria para aumentar el ritmo de vacunación, ya que hace solo 4 días este alcanzó su piso histórico más bajo, con 135 mil inoculaciones diarias.

Al ritmo actual se tardaría más de un mes (37 días) en inocular a la población, a lo que se suma el tiempo que lleva el traslado de las más de dos millones de dosis que faltan a las provincias. Luego hay que agregar el tiempo que tarda en generar inmunidad, aproximadamente 3 semanas, lo que permite estimar que los resultados de los recientes envíos se verán en 2 meses.

Resulta al menos llamativo que el gobierno decida disminuir el ritmo justo cuando comienzan a llegar más dosis, como se vio en la semana del 19 al 26 de mayo. Incluso los anuncios de Alberto Fernández la semana anterior fueron un rejunte de cuestiones ya implementadas, que en lo concreto no significaron un reforzamiento del sistema de salud ni de la vacunación. Sucede que, para poner en pie una campaña de vacunación que acompañe los arribos, se debería destinar una partida extra presupuestaria que permita financiar lo relacionado al transporte, contratación de personal y vacunatorios, sumado a la cuestión administrativa que implica la asignación de miles de turnos. Y eso es algo que el gobierno no está dispuesto a hacer, puesto que tiene la mira en la reducción del déficit fiscal, para lo que está llevando adelante un enorme ajuste en salud, ilustrado en el presupuesto 2021.

Otro claro ejemplo del ajuste en materia sanitaria incluso en este contexto es el de los testeos, que luego de registrar una positividad de más del 30% -e incluso en algunas provincias más del 50%-, salió a la luz que la cantidad de test diarios realizados descendió considerablemente desde que se anunció el aislamiento, alcanzando menos de 60 mil por día, la mitad de la capacidad de 130 mil que tiene nuestro país. Es potencialmente peligroso porque indica que no hay una búsqueda activa de los positivos, sino que se espera que la gente vaya a testearse, dejando de lado la posibilidad de los asintomáticos de ser reconocidos y aislados a tiempo. También es posible que responda al intento de evitar que se vea la positividad altísima que manejan algunos distritos por estos días.

La cuestión muestra que el argumento de la escasez de dosis a nivel mundial, utilizada las últimas semanas por Alberto Fernández para justificar la poca población vacunada, era solo una excusa para esconder el ajuste en salud. La reducción del presupuesto en un 10% y la excusa de que “pensaron que la pandemia estaba terminada” muestra de lleno que el gobierno ha transitado la pandemia teniendo como prioridad las necesidades de la clase capitalista y no de la clase obrera. Es por eso que cada vez se hacen más claros los reclamos por una vacunación masiva ya en distintos sectores de trabajadores, como los docentes o los choferes autoconvocados de UTA. La tarea esas luchas en pos de unificar los reclamos del conjunto de la clase obrera, y luchar por un programa que defienda la salud de la población en su conjunto, que incluya la centralización del sistema de salud y la triplicación del presupuesto.

 

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