El reclamo de vacunas para todos las y los trabajadores se extiende en todo el movimiento obrero. Los colectiveros autoconvocados de las líneas del Gran Buenos Aires reclaman la vacunación y el salario en los piquetes. Los docentes de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires hacen lo propio: en Capital la conmoción por los fallecimientos de docentes va de la mano del rechazo a la presencialidad impuesta, contra todo criterio epidemiológico, por el gobierno de Larreta. Los camioneros han reclamado la vacunación, obteniendo 4.600 dosis para los de carga internacional. En los comedores populares, las organizaciones reclaman la vacunación para los compañeros que vienen sosteniendo esta tarea superesencial.

Es que mientras el país supera los 500 muertos diarios por Covid, la producción masiva del principio activo de la vacuna de AstraZeneca que se realiza en Garín no tiene contrapartida en la entrega de las mismas. El FIT Unidad viene llevando adelante una campaña por la intervención del laboratorio y la producción local de la vacuna. Una campaña que instaló el reclamo en el escenario político. El gobierno reclamó tibiamente a la empresa y le planteó al Reino Unido completar la fabricación en la Argentina, pero no tomó ninguna medida efectiva en este sentido. AstraZeneca, que debía haber entregado ya 10 millones de dosis, anunció la entrega a fin de mayo de 4 millones.

El gobierno festeja este anuncio que, sin embargo, está muy lejos de resolver la cuestión. Argentina tiene hoy 11 millones de dosis distribuidas, a las cuales se agregarían estos 4 millones. Lleva casi 8 millones de personas vacunadas con una dosis. Si agregamos las 4 millones de dosis anunciadas, la cantidad de vacunados con una dosis saltarìa a unos 12 millones. Pero el plan nacional de vacunación establece entre las prioridades 7.300.000 adultos mayores, 1.300.000 docentes, 500.000 integrantes de las fuerzas de seguridad, 763.000 personal de salud, y 5.563.000 personas con comorbilidades previas y grupos de riesgo de hasta 59 años. En total, se trata de unos 15 millones de personas de riesgo, sin empezar a contar la necesaria segunda dosis, ni la población sin factores de riesgo, inclusive cuando hace tareas esenciales, como ser trabajar en el comercio, la banca o el transporte.

Agreguemos que la vacunación de los 15 millones no agota el problema de la pandemia, lo ubica en otro escenario, pero ni remotamente lo supera. Después de la segunda ola, lejos de terminar en la Argentina, hay que esperar la tercera ola y hasta la cuarta, como ha ocurrido en los EE.UU., donde ahora se debate si los muertos en lugar de casi 600 mil no son en realidad 900 mil a pesar del acaparamiento de vacunas de la potencia imperialista. Pero apuntemos que el país con más vacunación de la población de todo el planeta, las Islas Seichelles, habiendo vacunado el 60% de la población atraviesa un colapso sanitario (La Nación). Esto porque la famosa inmunidad de rebaño no se alcanza hasta vacunar el 80% de la población y aún ese concepto ha sido puesto discusión por la ciencia en la actualidad.

Los anuncios de producción local, en el laboratorio Richmond, de la vacuna Sputnik V, que en una primera fase se envasará y más adelante se producirá integralmente, sobre la base del financiamiento de un fondo fiduciario y un convenio con el Instituto Gamaleya, terminaron de despejar las dudas en torno a la posibilidad de fabricar integralmente vacunas en el país. Ni hablar de que el país cuenta con una industria farmacéutica que podría avanzar en una reconversión para garantizar la producción y el envasado locales. Pero el gobierno no avanza en este sentido: no ha anunciado ninguna medida de intervención en los laboratorios ni de avance en la producción estatal. Esta política podría adelantar además de las primeras y segundas dosis necesarias, la producción para la vacunación anual que será necesaria en años sucesivos.

Los plazos en este debate son vitales. Porque, a las puertas de la segunda ola, y con más de 500 muertos diarios, la nueva ola de invierno de Covid amenaza con una catástrofe, en un país ya devastado por las muertes y por el avance de la pobreza y la miseria. La subordinación del gobierno a las patentes y negocios de los laboratorios ha costado muchas vidas irreparables y puede costar todavía muchas más.

Hay que resaltar que en este debate pesa el anuncio de Biden de que los Estados Unidos apoyarán el reclamo de suspensión de las patentes que vienen realizando distintos países. La base de la crisis de abastecimiento hay que buscarla en el régimen de producción concentrado en los monopolios farmacéuticos que protegen sus negocios por medio de los derechos de patentes. Los laboratorios están asegurando el abastecimiento en primer lugar en los países más poderosos. El viraje de Biden respecto a las patentes tiene su primera explicación en el hecho de que Estados Unidos puede asegurar la provisión de vacunas a su propia población. La demora en la vacunación global pone en riesgo la inmunidad de los países ricos, porque plantea la posibilidad de nuevas mutaciones del virus. Pero ha chocado con la resistencia de los monopolios farmacéuticos, que vieron caer sus acciones, y de otros Estados imperialistas. Alemania contragolpeó denunciando que Estados Unidos bloquea la exportación, no solamente de vacunas, sino de componentes para su fabricación (de lo cual fuimos víctimas según la explicación del millonario Slim que envasaría las dosis de Garín). Estados Unidos acapara 60 millones de vacunas de AstraZeneca, cuyo uso no autoriza, pero tampoco libera para exportación. Defendiendo sus laboratorios, Merkel puso en evidencia el acaparamiento imperialista por parte de Biden de los elementos fundamentales del combate a la pandemia.

La disputa se trasladará a la OMC (Organización Mundial de Comercio), cuya jefa sostuvo que espera que los miembros del organismo alcancen una solución “pragmática” antes de diciembre. O sea, va a un pantano de negociaciones. La liberación de las patentes no asegura tampoco su fabricación, que debe ser puesta en marcha contando con los laboratorios, la tecnología, los profesionales y los insumos, que son manejados a escala internacional por los laboratorios y sus proveedores. Nuevamente viene el problema de los plazos: las promesas de liberación de patentes no impedirán la tercera ola.

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El debate está poniendo de relieve la contraposición entre los negociados de los laboratorios y los Estados imperialistas que toman la pandemia como un elemento para sacar tajada en la guerra comercial, y las necesidades de las masas de acceder a la vacunación. En relación a esta realidad, la acción diplomática viene colocando el tema en organismos internacionales que en general están dominados  por dichos Estados e intereses, y que han sido impotentes para resolver el problema. La vacuna no aparece.

La discusión sobre las patentes se instala mundialmente pero no lleva al gobierno a ningún tipo de acción real para garantizar el abastecimiento. Las quejas de Fernández no impiden que la vacuna producida en Garín se siga exportando puntualmente mientras AstraZeneca incumple los compromisos de entrega. En la orientación del gobierno de respeto religioso a los convenios internacionales en materia de vacunas pesa fuertemente la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario y el Club de París. El gobierno que defiende esta orientación proimperialista está maniatado para tomar una medida de fondo que asegure la provisión local.

Cambiemos, por otro lado, continúa presionando en favor de un acuerdo con Pfizer. Presenta esto como la llave para garantizar una vacunación masiva los ejemplos de los países con convenios con la empresa muestran que tampoco la asegura. Las condiciones de un acuerdo con Pfizer implican un mayor sometimiento a las presiones de los grandes laboratorios, una línea que el gobierno ensayó el año pasado cuando avanzó en la sanción de las reformas al régimen de patentes en el país, pero que no pudo llevar adelante hasta el final. Y, por otro lado, a Pfizer llegamos para anotarnos a la cola.

Frente a este panorama, la campaña que venimos realizando debe tomar un nuevo impulso. La intervención del Estado debe garantizar la producción, envasado y provisión local, en mAbxience y en todos los laboratorios capaces de aportar a esta tarea. Reclamamos la puesta en movimiento de todos los recursos de los laboratorios públicos, institutos de investigación y universidades para garantizar la producción local de la vacuna y de los elementos necesarios para el combate a la pandemia. Esto implica el desconocimiento efectivo de los derechos de patentes. Estos son puntos fundamentales para garantizar la provisión de vacunas que evite la catástrofe de la segunda ola, y deben ir acompañados del control obrero y popular de todo el proceso de vacunación para evitar todo tipo de manipulación y el cumplimiento estricto de las prioridades.

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