El protocolo para realizar testeos está obsoleto respecto de las medidas de aflojamiento de la cuarentena que se están adoptando. Fundamentalmente la habilitación de mil fábricas en la provincia de Buenos Aires, pero también de comercios de importancia en el área metropolitana. Lo mismo en Córdoba y otros centros urbanos muy afectados. También respecto de la operatoria en los llamados “barrios vulnerables”.

Ocurre que cuando se detecta un caso de Covid-19 se aísla a quienes tuvieron contacto estrecho, pero no se los testea. Esto empieza a transformarse en una bomba activada para la expansión de la pandemia, máxime cuando se abren paso los lobbies empresariales y la enorme agitación de la derecha contra la cuarentena ante la que va cediendo el gobierno. También vale, desde luego, para aquellos casos de legítima desesperación de sectores autónomos o cuentapropistas que no logran sobrevivir por la ausencia de una intervención del Estado a la altura de sostener la cuarentena. Sin quererlo pueden contribuir a una explosión de la pandemia.

Vamos a los casos. En la ex Papelera del Plata (actual Sofsty) se detectó un caso de Covid-19, se aisló a 50 compañeros de trabajo de contacto estrecho, pero no se testeó a ninguno de ellos. El sindicato paralizó la actividad y el intendente de Zárate preventivamente cerró la empresa. Pero no se testeó a los cincuenta trabajadores aislados.

Lo propio ocurrió en la tercerizada MCM del ex Ferrocarril Roca, donde los trabajadores pararon por el mismo motivo, no se testeó al conjunto de los compañeros de trabajo, a partir de un trabajador que ante el contagio de su padre se autoaisló. Sus compañeros, que tuvieron contacto estrecho, pidieron testeos y la respuesta de la patronal fue amenazar con despidos ante el paro y la movilización. Y, peor aún, la respuesta de Trenes Argentinos, el ente estatal madre: “Trenes Argentinos no testea a nadie”. Así de simple.

En la Villa 1-11-14 se detectó un caso en un comedor del Polo Obrero, pero el equipo emplazado en el barrio no testeaba al resto de los participantes de ese centro. Los compañeros lograron el testeo dando una lucha política para exigirlo, pero el testeo a todos los que tuvieron contacto no forma parte siquiera de ese operativo tan publicitado por Larreta: “vamos en busca del virus”. 

Examinemos lo mismo pero a partir de un ejemplo contrario. Una empresa fabril de zona norte del Gran Buenos Aires, por iniciativa de sus dueños, al ser habilitada para trabajar por las últimas medidas de Kicillof, decidió por cuenta propia testear a sus 97 obreros. ¡Siete de ellos dieron positivos! El cálculo costo beneficio de este industrial que gastó $300.000 resultó en ganancia porque se habría infectado rápidamente toda la fábrica.

Como se aprecia, estamos ante un problema crucial: el protocolo de testeos y sus costos, cuestión íntimamente vinculada. Veamos.

El protocolo oficial del Ministerio de Salud establece que se testea solo a quienes tienen determinados síntomas. Por lo tanto no se testea a quienes se aíslan, quienes a su vez pueden haber tenido otros contactos estrechos que propalan el virus. En la Argentina el promocionado plan Detectar, anunciado por el Ministerio de Ginés, sin embargo no cambia la disposición de testear solo a quienes presentan síntomas.

 Es claro que el testeo a quienes estuvieron cerca de un infectado es lo que hicieron países que han testeado masivamente como Alemania o Corea del Sur. Porque cuando se habla de testeos masivos, nadie se refiere a testear a toda la población de millones de habitantes, sino a seguir la ruta del virus mediante testeos masivos sobre esa ruta, la de los contactos estrechos de quienes se contagiaron. O, por caso, al personal de empresas que abren, de manera preventiva.

¿Por qué no se hace? Por los costos, claramente. El costo de base está en unos $2.200 por testeo, pero si el laboratorio se tiene que trasladar hasta la fábrica o lugar del testeo colectivo se estira a $3.000 por el despliegue de personal y de elementos de protección de ese personal. Sin embargo se ha conocido por los medios, que personas en forma individual han llegado a pagar $5.000 por un test dado que tuvieron un contacto estrecho y quisieron someterse al examen que ningún centro de salud les hace porque no está en el protocolo del Ministerio.

Luego viene el problema de quién asume esos costos. En el caso de una tercerizada del Neumático la empresa contratada no asumía el costo para un grupo de más de 20 trabajadores, Fate tampoco lo quiso asumir y terminó asumiéndolo la Obras Social del Neumático, algo que escapa a sus posibilidades económicas (y de la mayoría de las obras sociales) si los casos empiezan a transformarse en masivos.

En un caso de la sucursal Constitución de un fuerte supermercado se testeó a 100 trabajadores de los cuales 12 dieron positivos (alarmante porcentaje). El costo de este testeo es hoy motivo de una disputa entre Osecac y la ART correspondiente. La patronal, por su parte, se lava las manos. Indudablemente la ART tiene una responsabilidad puesto que el Covid-19 ha sido declarado enfermedad profesional.

Pero ¿y el “Estado Presente” nacional y popular? Indudablemente ante una cuestión de salud pública de supremo interés popular el Estado es absolutamente responsable.

La población asiste ahora a saltos importantes en la cantidad de infectados. Eso crecerá inevitablemente. Los expertos han establecido que la velocidad de circulación del virus que era 1 cada 100.000 habitantes al principio de la pandemia en la Argentina, ha evolucionado a 1 cada 5.000 habitantes: veinte veces más.

Indudablemente estamos ante un problema fundamental para el movimiento obrero que ha empezado a intervenir como no se veía hace mucho. En defensa del salario, de los puestos de trabajo y de su salud por medio del cumplimiento de los protocolos de salud.

En esa batalla, las comisiones obreras, los cuerpos de delegados y seccionales sindicales tiene el problema de los testeos colectivos como parte de los reclamos. Los mismo en los barrios más vulnerables donde las condiciones dificultan la cuarentena.

El Estado tiene que proceder a una inversión masiva y legislar en favor de los testeos a los colectivos involucrados en la circulación del virus. Una vez más, insistimos en la centralización del sistema de salud y en proveer los fondos necesarios para afrontar la pandemia mediante el no pago de la deuda y un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas como el presentado por el FIT. En última instancia, la cuestión de la salud y la economía es qué clase social paga la crisis y los costos de afrontar la pandemia.