Con la confirmación de ocho nuevos casos de Covid-19 en el último parte oficial, el municipio bonaerense de Luján superó los 200 contagios. Se configuran hasta el momento un total de 202 casos positivos, mientras otros 59 se encuentran en estudio.

Como venimos señalando en notas anteriores, la preocupación que genera en toda la comunidad lujanense este importante y sostenido crecimiento de contagios no se refleja en los hechos en la política del gobierno municipal del intendente Leonardo Boto (Frente de Todos), que subestima la situación. Si bien formalmente el partido de Luján se encuentra en “fase 1” de la cuarentena, las patronales industriales que no forman parte de las llamadas actividades esenciales se encuentran exceptuadas de cumplir con la suspensión de las actividades productivas.

Una muestra es lo ocurrido hace poco días en la empresa Cartocor del Grupo Arcor, donde la comisión interna denunció cuatro casos positivos entre los trabajadores y exigió el cierre preventivo de la planta, pero el gobierno municipal se limitó a realizar un acta en donde sostuvo que “no hubo contacto estrecho en los trabajadores”. Sin embargo, los propios empleados manifestaron que “dos infectados son mecánicos, que andan por toda la planta. Seguro que tuvieron contacto estrecho con algunos compañeros”.

El crecimiento de la circulación del virus en Luján, como en todo en el Gran Buenos Aires, está directamente asociado a la reactivación de industrias y otras actividades exceptuadas de la cuarentena. La ecuación es evidente: para los empresarios lo único importante es el sostenimiento de sus ganancias sin importar en nada la vida de las y los obreras/os, y el intendente Boto se coloca, nuevamente, del lado de la defensa de los intereses económicos empresariales. Es la misma política que le imponen a Kicillof y a Alberto Fernández las cámaras patronales.

Incluso, durante las últimas semanas se registraron casos positivos entre trabajadores del Palacio Municipal y entre el personal de la salud del distrito. Esta situación fue oportunamente denunciada por los propios trabajadores/as.

Desde el mes de marzo venimos anticipando que la pandemia de Covid-19 empeora el crítico escenario social y económico, golpeando principal y fuertemente a las miles de familias trabajadoras que habitan los barrios populares de la ciudad y de las localidades como Open Door, Pueblo Nuevo (Jáuregui) y Olivera.

Mientras crece la presión recaudatoria sobre la población trabajadora (los llamados “pequeños contribuyentes”), los sectores pudientes y más acomodados del distrito (barrios privados y clubes de campo, las grandes empresas) gozan de una total laxitud con las exenciones. Parecen intocables y cuentan con una total protección estatal. Es decir que los intereses de los grandes capitalistas siguen siendo, aún en tiempos de crisis y emergencia sanitaria, una especie de “vaca sagrada”.

En este contexto, y como parte de una salida integral a la crisis, es necesario implementar nuevos mecanismos impositivos (tasas) con carácter progresivo sobre los grandes patrimonios, las altas rentas, la gran propiedad agraria y las viviendas ociosas de mayor valor. Esto permitiría incrementar significativamente la recaudación municipal con fondos que deberían ser utilizados exclusivamente para atender las diversas urgencias sanitarias y sociales: elaboración de material sanitario, contratación de personal de salud, urgente aumento salarial para los trabajadores municipales, recursos para los comedores populares, etcétera.

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