El renunciante secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que ha sido colocado como un defensor de la salud de la población -en particular de las mujeres- por la publicación de la actualización del protocolo para la atención de los abortos no punibles (ANP) -que tuvo una vigencia de solo unas horas, antes de ser derogado por Macri-, está muy lejos de haber sido en sus funciones un defensor de la salud pública, sino que más bien ha sido un destructor serial de la misma. 

Durante su mandato al frente de la cartera, compartió la licuación del presupuesto de Salud que, entre 2018 y 2019, no solo retrocedió porque no fue actualizado por la inflación, que llegó a casi el 50% interanual, sino que, además, tuvo un recorte de casi el 20% en términos nominales (de $46.100 a $37.700 millones), lo que supone una caída de casi el 60% en el monto, medida en valores reales.

Esto ha provocado una reducción drástica en los menguados presupuestos que la cartera destina a los programas a su cargo, como los de prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, el de lucha contra el Sida y las enfermedades de transmisión sexual e infecto-contagiosas. Pero también al mantenimiento de los hospitales nacionales como el Posadas o el Garrahan.

Además, en los dos años de “labor” de este “especialista en epidemiología”, volvió a aparecer el sarampión en la Argentina, luego de casi 20 años de haber sido totalmente erradicado.

Y el año pasado, responsables de las áreas de inmunizaciones de las 23 provincias denunciaron la discontinuidad en la provisión de vacunas y materiales descartables y que “no contaron con las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los niños de tres y cinco meses y de los adolescentes de 11 años y que en muchas provincias la vacunación en este grupo etario no se pudo realizar debido a los faltantes” (El Cronista, 21/11).

Poco después, la cartera del “epidemiólogo” decidió que no se aplicará más la vacuna contra la meningitis a los niños a partir de 11 años, pese a ser obligatoria por ley, lo que fue cuestionado por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) por ser “la dosis fundamental”.

A su vez, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología denunció que, en el 2018, al menos tres vacunas del esquema oficial tuvieron un déficit de distribución: “la antimeningocócica, la vacuna contra el HPV y la triple bacteriana acelular y entregas tardías las partidas de las vacunas antigripal, triple viral, y las que combaten el rotavirus, la hepatitis A y la varicela”.

Estos datos del deterioro en la atención de la salud se complementan con los de la venta de medicamentos, en la muestra de su retroceso en los sectores obreros y populares. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), “en 2018, las ventas de medicamentos experimentaron una caída del 5,1%, que se acentuó en noviembre y diciembre, cuando osciló en el 9% y aún se redujo más en enero del 2019”, proceso atribuido por la entidad a la reducción en los ingresos de la población trabajadora. 

Hombre de las prepagas

Pero este hombre, que viene del corazón del negocio de la medicina prepaga –ocupó altos cargos en el Hospital Italiano- no se olvida de sus pares, que manejan el comercio privado de la salud. En pocos días más –a partir del 1° de diciembre- las prepagas aplicarán a sus afiliados el octavo incremento del año en las cuotas, que contaron con la autorización sistemática de la cartera de Rubinstein. Esta vez será del 12%, el mayor aumento mensual desde el 2016, con un acumulado para todo el 2019 de casi el 61 por ciento.

A este incremento, que supera holgadamente a la inflación estimada (55%), se le suma la concesión de una rebaja en los aportes patronales a la seguridad social para el sector dispuesta por el gobierno en agosto pasado. Ahora están exentos de pagar las cargas a la seguridad social hasta los $17.500 de cada salario.

Este negocio de la salud, tiene más de 7,5 millones de afiliados y ha dejado de alcanzar solo a los sectores de mayores ingresos y cubre a una amplia gama de empleados de clase media. Según informan las propias prepagas, al menos entre el 70 y el 75 por ciento de los afiliados son empleados en relación de dependencia que derivan sus aportes a alguna de las prestadoras privadas.

Pero el golpe de los aumentos en las cuotas y el retraso salarial producto de las sucesivas paritarias a la baja firmadas por la burocracia, está golpeando sobre los bolsillos de los de menores ingresos, provocando deserciones masivas.

Es que, según ElegíMejor.Net, una comparadora de planes de medicina prepaga, una pareja joven con dos hijos pequeños, debe pagar hoy alrededor de $20.000 mensuales por un plan intermedio. Como el 7% del salario se deriva a ese aporte, un sueldo de $40.000 solo llegaría a cubrir menos del 15% de esos 20.000 pesos de cuota y el resto debe pagarlo en forma directa el empleado.

La consecuencia ha sido que una cantidad importante de afiliados en relación de dependencia ha tenido que abandonar el sistema. Según informan las propias empresas prestadoras, renunciaron unos 200 mil titulares el año pasado y estiman que otro tanto lo hará este año.

Muchos otros miles, según reconocen las prepagas, han pasado a planes o prestadoras más económicas.

Claro que para las empresas del monopolizado mercado de la salud, el tema central es el beneficio final. Así, uno de los popes, el propietario de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, “matizó la merma” de afiliados, que ubicó “entre un 10% y un 15%”, producto de los descomunales aumentos en las cuotas, porque se está “hablando del segmento medio y bajo” y que “las cuotas de las prepagas por lo menos deberían estar emparejadas a lo que una familia está dispuesta a pagar por la educación privada de sus hijos", es decir que el negocio lo planifican, crisis mediante, para centrarse en los sectores de ingresos mayores.

Algunas empresas del negocio de la salud comenzaron a brindar planes cínicamente denominados "low cost", que tienen más aranceles adicionales de copagos y menos prestaciones incluidas, lo cual supone otro negocio y otra forma de deterioro en la atención de la salud por parte de estas empresas. En esto también intervino la pluma del renunciante Rubinstein para autorizarlo, ya que la ley impide que estas empresas presten menos que los servicios establecidos en el denominado PMO, que cubre todas las especialidades básicas.

De control, ni hablar

Pero, además, aunque así lo establece la ley de prepagas, confeccionada y aplicada a la medida de las prestadoras y que ya tiene ocho años de vida, para decidir la autorización de los aumentos “no se toman en cuenta los balances empresariales, o sea, el resultado ´final´, del que se desprende la ganancia o la pérdida para una compañía”, según reconoció “un vocero de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS)” (Clarín 4/9).

En manos capitalistas, la atención de la salud de los sectores obreros y populares está destinada a un deterioro permanente y a convertirse en un negocio prestado para los que puedan pagarlo. La salud es un derecho básico para toda la población y es el estado el que debe garantizarlo destinando los recursos necesarios para una atención universal, gratuita y de calidad. Nacionalización del sistema de salud bajo control de profesionales y usuarios. Presupuesto acorde a las necesidades de la prestación del servicio. Terminar con el negocio con la salud.