En el peor momento sanitario de Mar del Plata, por el incremento exponencial de contagios por Covid-19 y la consecuente saturación del sistema de salud, los trabajadores del Hospital Regional denuncian el cierre de una sala de internación que cuenta con 24 camas y oxígeno central, debido a la falta de personal para atender la cantidad de pacientes internados.

Esta es la peor cara del ajuste del gobierno de Kicillof. El personal de la salud está agotado por falta de licencias,  percibiendo sueldos de hambre y en el caso de lxs precarizadxs ni siquiera cobran en tiempo y forma, con profesionales que está hace tres meses sin cobrar. Lxs trabajadorxs sostienen su tarea en condiciones paupérrimas, en edificios que se caen a pedazos y teniendo que poner plata de su bolsillo para comprar insumos y elementos de bioseguridad.

La situación es muy preocupante. En Mar del Plata se registraron 491 contagios el 21/5 y un aumento de la cifra de fallecidos en todos los grupos etarios. Desde el Comité Operativo de Emergencia coordinado por la Región Sanitaria VIII aseguran que la situación “es muy compleja y difícil”, e indicaron que la ocupación de camas alcanzaba hasta este lunes al 76% en clínicas privadas y el 79% en el sector estatal. Hay más  de cuatro mil casos activos en el distrito y alrededor de diez mil en toda la zona contando los distritos aledaños; el nivel más alto desde que se inició la pandemia.

La Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba, Distrito IX) señaló que “el alto nivel de demanda no se da solo desde la ciudad, sino que las derivaciones desde municipios vecinos también fueron en aumento en el último tiempo, como una radiografía de lo que se vive a nivel regional” (QueDigital.com, 24/5).

“A su vez, se reafirmó un marcado incremento de la mortalidad y también un descenso en la edad de las víctimas: hasta hace poco, solo el 8% de los fallecidos por Covid-19 tenía menos de 60 años, mientras que hoy ese indicador trepó al 12%” (La Capital, 24/5), según los datos del Ministerio de Salud de la provincia.

En este contexto cerrar salas, no sumar personal necesario, vaciar de insumos los hospitales y no contar con los elementos de protección sanitaria adecuados para lxs trabajadorxs de salud es una política criminal, que tiene a Kicillof y el intendente Montenegro como responsables.

Mientras tanto, el gobierno provincial y municipal ceden a las presiones de las patronales que obligan a los trabajadores a asistir a sus puestos de trabajo (en muchos casos no esencial, como Textilana). No se garantiza el cumplimiento de los protocolos sanitarios, como lo denunciaron lxs trabajadorxs portuarios, marítimos, del pescado, entre otrxs. Impusieron además una presencialidad escolar sin garantizar condiciones seguras para ello, lo que tuvo el grave costo de cinco docentes y un auxiliar fallecidos por Covid-19; el recorte del presupuesto educativo, responsabilidad del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, impide a su vez sobrellevar una educación virtual.

Las burocracias sindicales de las CTA y la CGT (ATE, Atsa, Cicop, Salud Pública) son cómplices de la superexplotación de lxs trabajadorxs de la salud. Pero estxs se vienen organizando de manera autoconvocada para enfrentar esta política criminal de ajuste y vaciamiento, con piquetes y movilizaciones, y exigiendo un paro a los gremios del sector. Es el ejemplo con el que arrancaron mejorar salariales en Neuquén. El aguerrido acampe en el HIGA y las grandes marchas en defensa de la salud dejan planteada la tarea de recuperar las herramientas de organización de lxs trabajadores, así como la coordinación de todos los sectores autoconvocadxs de la salud en la provincia de Buenos Aires para superar los obstáculos que impone la burocracia sindical.

Desde la Coordinadora Sindical Clasista y Tribuna de Salud vamos a realizar todos los esfuerzos por llevar adelante esta tarea. Ligamos esta lucha a un programa de salida a la crisis: centralizar todos los recursos sanitarios (públicos, privados y de obras sociales) bajo la dirección de trabajadores y profesionales de la salud; nombramiento del personal necesario y la capacitaciones para enfrentar lo que se viene. Ello junto a la incautación de la producción de vacunas del laboratorio de mAbxience del empresario Sigman para garantizar  la vacunación a todo el personal esencial y personas de riesgo; la ruptura con el FMI y dejar de pagar la deuda para terminar con el ajuste; fijar un salario inicial igual a la canasta familiar y un seguro al parado no inferior a los $40.000.

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