Luego de 8 años de lucha en las calles, el jueves 5 de mayo la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis, e ITS, que desde el 2016 se viene presentando para su tratamiento, y terminaba por una u otra razón cajoneado. Esta es una victoria para los pacientes con VIH, activistas y organizaciones seropositivas que elaboraron el proyecto en conjunto con la Comisión de Salud del Congreso en el año 2014. Siendo su primera presentación formal en el 2016, luego en el 2020, en el 2021 y finalmente logró pasar al Senado este año.

El proyecto fue votado a favor por 241 diputados y tuvo 8 votos en contra. La nueva ley contempla una protección integral a las personas que son sujeto de derecho de la misma y viene a reemplazar la Ley Nacional de sida 23.798 del año 1990, afectando a su vez a las leyes 24.445 de la Seguridad Social y 24.754 de medicina prepaga, ambas del año 1995.

Así, se contempla no solo la salud física, que debe garantizarse con medicación y tratamientos médicos continuos e ininterrumpidos, sino también la salud mental de quienes son diagnosticades. A ello se suma la ampliación de la leche maternizada de 6 meses a 18 meses.

Previendo la prohibición de despido a seropositives por convivir con el virus, la ley evita que forme parte del examen preocupacional la prueba de ViH, salvo casos encuadrados como riesgo de trabajo.

También se prevé la jubilación anticipada a los 50 años, que aunque posee requisitos como 20 años de aportes y 10 años del diagnóstico, es un adelanto a la imposibilidad que hoy presentan quienes llegaron a esta edad y sufrieron los diversos cambios en la medicación y orientaciones médicas. Recordemos que una de las principales consecuencias del VIH es el envejecimiento prematuro, en tanto que las infecciones que abarca esta ley también pueden generarlo, así como las diversas afecciones que se desprenden de estas enfermedades. Otra cuestión son las pensiones no contributivas que prevé el proyecto, frente a que las personas diagnosticadas generalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Los 8 diputados que votaron en contra de la ley son pertenecientes en su mayoría a Avanza libertad: Milei, Espert, Villaruel, Piparo, y al bloque de Juntos por el cambio, destacándose Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Paula Omodeo y Francisco Sánchez.

La posición faschistoide y antiobrera del bloque “Libertario” es total. En palabras de Espert: “No hay nada gratis. No hay que obligar a las prepagas a atender gratis a afectados por VIH y otras. No tiene que haber prohibición de despidos. No tiene que haber regímenes especiales”. Es decir, se oponen a todo aspecto progresivo que se le puede arrancar al Estado si se aprueba esta ley en el Senado.

El ajuste en el sistema de salud golpea de lleno a la población de personas convivientes con el VIH. El mismo Estado terceriza la respuesta al VIH en manos de ONG que muchas veces terminan haciendo hartos negocios con la industria farmacéutica. También los lazos estatales con la Iglesia (principal estigmatizador a las personas infectadas con el virus) son un obstáculo para el acceso a la salud de estos pacientes. La crisis de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH es un ejemplo más del ajuste, donde la directora renunció denunciando el vaciamiento del sector. Todo aumento de presupuesto para el sector es incompatible con el pago de la deuda externa y al FMI.

Redoblemos nuestros esfuerzos para que esta victoria parcial se concrete con la aprobación y pronta implementación de los nuevos derechos que declara este proyecto de ley. Movilicemos al Senado para arrancar esta reivindicación tan urgente.