El acuerdo de precios al que arribó el gobierno de Alberto Fernández con la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (Capgen) y la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (Adem), la semana pasada, convalidó los aumentos abruptos que han experimentado los medicamentos de terapia intensiva en el transcurso de un año.

La suba varía según la droga: el atracurio tuvo un aumento interanual del 428%, el pancuronio del 362%, el fentanilo del 642%, el propofol aumentó un 524% en un año, y, por su parte, el midazolam registró una suba del 1.229%. Como se ve, todas cifras muy por encima de la inflación interanual del 42,6%. Son en su mayoría analgésicos, sedantes y relajantes musculares utilizados en pacientes graves de Covid, por ejemplo, el atracurio se suministra para facilitar la intubación endotraqueal.

El aumento en los fármacos para uso hospitalario reavivó el reclamo de la medicina privada. Exigen que el gobierno otorgue mayores subsidios o que habilite un incremento en las cuotas de las prepagas. Lo mismo puede suceder con las obras sociales, que, además, tienen numerosos convenios con las clínicas privadas. Es decir, que las opciones se dirimen entre trasladarle este aumento a los usuarios o echar mano de los fondos públicos.

Por otra parte, la compra de medicamentos por parte del sistema público de salud insume cada vez más recursos, generando que una porción mayor del presupuesto de salud sea destinada en la industria farmacéutica, la cual está en manos privadas. La contracara de esto es un mayor ajuste salarial para el personal de salud y un vaciamiento en materia de insumos sanitarios e infraestructura en los hospitales.

Los laboratorios justificaron el alza de los precios argumentando que el principio activo de dichos medicamentos se importa, y, por lo tanto, las sucesivas devaluaciones junto con ciertas trabas a las importaciones provocaron el aumento. A su vez, los insumos solo se fabrican en China e India, lo que significa que hay poca oferta y mucha demanda mundial a raíz de la pandemia.

Sin embargo, adjudicar un incremento de precios de esa magnitud a la suba del dólar carece de sustento, ya que los porcentajes de aumentos superaron ampliamente al porcentaje de devaluación interanual. Por otra parte, el gobierno permitió a libro cerrado que estas cámaras empresarias subieran sus precios; jamás se planteó la apertura de sus libros contables para poder evaluar el costo real, tanto de los insumos que importan, como de la producción y distribución.

Las causas de este encarecimiento también hay que buscarlas en el carácter privado y monopólico de la producción de medicamentos. Es decir, un puñado de laboratorios aprovechó el aumento de las internaciones en terapia intensiva -debido a la pandemia- para subir los precios de los medicamentos allí utilizados, y, de esta forma, incrementar sus ganancias. Nuevamente, el gobierno prioriza el lucro capitalista, en detrimento de la salud de la población y el presupuesto estatal.

Lo mismo ocurrió con los medicamentos de venta libre, que incrementaron su precio un 30% en el primer trimestre del año, dado que aumentó su demanda en las farmacias ante el desborde de los centros de salud. Entre ellos se encuentran los de uso pediátrico (para bajar la fiebre o curar la dermatitis del pañal), que se vuelven inaccesibles para los sectores populares debido a su encarecimiento.

Es necesario que se retrotraigan los precios por medio de la apertura de los libros contables de las plantas que fabrican los medicamentos, para evaluar sus costos reales. Por otro lado, es preciso estatizar bajo gestión de sus trabajadores a toda la industria farmacéutica y liberar las patentes, de modo que la producción de medicamentos esté al servicio de las necesidades sanitarias de la población y deje de estar sujeta a la especulación capitalista. De esta manera, se podrá impulsar un desarrollo nacional de dicha industria poniendo a disposición todos los recursos técnicos y científicos del país e importando la tecnología que sea necesaria para tal fin.

Estas medidas deben formar parte de la creación de un sistema único de salud, centralizado por el Estado y supervisado por el personal de salud, para que las decisiones sanitarias estén guiadas por un principio social. A la vez, es indispensable la triplicación del presupuesto de salud para robustecer el sistema y recomponer el salario de sus trabajadores. Ruptura con el FMI, repudio de la deuda y aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital para concentrar el ahorro nacional y poder destinarlo, entre otras cosas, a enfrentar la pandemia.

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