Mendoza enfrenta una situación de extrema gravedad por el colapso del sistema de salud público, el agotamiento del personal de salud y sobre todo porque el objetivo de aplanar la curva se está revelando como un fracaso.

El gobernador Rodolfo Suárez declaró hace unos días que la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está al 90% en el Gran Mendoza. Voceros del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) informaron que durante el fin de semana los pacientes críticos pasaban horas siendo atendidos en ambulancias. Esto porque era casi imposible encontrar camas en hospitales públicos, ni clínicas privadas. Contradictoriamente el último martes, en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Nadal, bajó ese número a 80% y desde Nación dicen que es del 68%. La incongruencia entre los datos oficiales es la demostración más cabal del desmanejo de la crisis sanitaria.

En el último mes prácticamente se multiplicó por 10 la cantidad de casos positivos. Un aumento exponencial como consecuencia de una flexibilización apresurada de la cuarentena. Esta fue reclamada por las grandes patronales que incumplen los protocolos y se montó sobre la desesperación de miles de trabajadores informales y pequeños comerciantes que no recibieron ningún tipo de asistencia que signifique una ayuda sustancial.

El gobierno manipula la información sobre el número real de contagios. Los positivos declarados son inferiores a la realidad, ya que solo se computan quienes dan positivo en los hisopados o conviven con nuevos positivos. Según un importante portal de noticias de la provincia “cientos de personas aisladas no han sido testeadas y se recuperan de la enfermedad sin entrar en los registros oficiales” (Mdz 24/8). Y según este mismo medio la cifra real podría ser superior al triple. Para algunos epidemiólogos la cifra real podría multiplicar por 10 el registro oficial.

Suárez desperdició la cuarentena

El gobierno provincial claramente no preparó esta situación. Las denuncias que desarrollamos desde estas páginas desde el comienzo de la cuarentena están aún más vigentes.

Los miles de trabajadores contratados como monotributistas o en empresas tercerizadas aún no han pasado a planta permanente, solo se les reconocieron cuatro meses de cobertura de obra social y aún pelean para que la provincia les pague una ART. Los salarios de los trabajadores están congelados y la sobrecarga laboral es brutal. En algunas guardias la planta está trabajando 24×7, como es el caso de los kinesiólogos del Hospital Central.

No existe ninguna coordinación real para enfrentar el aumento de contagios. El número telefónico que se dispuso para el público en general es el mismo que utiliza el personal médico de los centros de salud y salas periféricas para solicitar las internaciones. Como puede sospechar el lector está colapsado hace semanas.

El sistema privado, si bien está obligado a recibir a los positivos de Covid, mantiene la administración particular de cada clínica. Esto significa un atentado contra una respuesta coordinada y efectiva.

Suárez miente sobre las camas UTI

Las camas de terapia intensiva son un verdadero agujero negro. Los números que declara el ministerio de Salud no coinciden en absoluto con el relevamiento que hacen los trabajadores. Al parecer, se abulta la cantidad de camas de UTI contabilizando las pediátricas, cuando allí no se puede internar un adulto.

El gobernador anunció la incorporación de 110 nuevas camas UTI, no sabemos si se refiere a las “internaciones” en los pasillos y sillas que se suman en algunos hospitales del Gran Mendoza. La cuenta no da.

Según informó en radio LV8 el director del Hospital Schestakow de San Rafael, cuenta con apenas 11 camas UTI para más de 300.000 habitantes. Por otro lado solo cuatro están libres. En el Hospital Scaravelli de Tunuyán, cabecera del Valle de Uco, son 12 las camas UTI totales. Se duplicaron ya que en marzo eran seis.

En cuanto a los hospitales del Gran Mendoza, están al tope. El armado de carpas en los estacionamientos o caratular de “hospital Covid” al Hospital Carrillo es una respuesta tardía y que no resuelve el problema más grande todos. ¿Qué personal va a atender este aumento de camas y por lo tanto la demanda sanitaria? Serán los 750 nuevos “contrato Covid” que ingresan sin capacitación, como prestadores, con fecha de vencimiento, que después de cinco meses todavía ninguno cobra un peso y que trabaja en más de un lugar. El “esfuerzo” no es del gobierno, es de los trabajadores.

Hace rato hay médicos urólogos o de otras especialidades al frente de las UTI de Covid. Ahora Suárez le pide a Fernández que mande personal capacitado, pero todo el país está sufriendo el mismo colapso.

Se puede evitar un desastre

La realidad impone la necesidad de tomar medidas de emergencia urgentes para evitar una catástrofe. En primer lugar, es necesario proceder a una centralización del sistema de salud, tomando control absoluto del sistema privado y de la capacidad sanitaria de las sobras sociales. Esta medida permite que las internaciones y asignación de camas estén determinadas por criterios sanitarios y no económicos. También permite centralizar el esfuerzo de los trabajadores profesionales y auxiliares que desarrollan sus actividades en el área privada como pública.

Para esto es necesario constituir un comité de emergencia con trabajadores y profesionales en cada hospital y la provincia para tomar las decisiones y medidas pertinentes. Los funcionarios del ministerio están inhabilitados por que han priorizado no tocar el negocio de la salud privada a costa de las necesidades sanitarias de la provincia. También la implementación de protocolos sanitarios obreros, elaborados y bajo control de los trabajadores.

Es necesario un plan de asistencia económica para que todos los trabajadores y pequeños comerciantes puedan reducir su actividad y por lo tanto la circulación, actualmente es la desesperación y la quiebra el denominador común. Es justamente lo contrario de lo que ha ocurrido hasta el momento donde las grandes empresas, como las cadenas de supermercados o comida rápida, se llevan millones de subsidios y exenciones impositivas.

Estas medidas requieren de un apoyo financiero. Por lo tanto, se plantea la suspensión del pago de la deuda provincial, así como los millones de pesos destinados a la pauta publicitaria de gobierno, a las grandes bodegas, el negocio de la educación privada y el transporte. Y un impuesto a las grandes fortunas, como el presentado por el Frente de Izquierda, para financiar los recursos sanitarios y enfrentar la crisis.

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