El gobierno provincial ha decidido la creación de la “Unidad de Constatación de Óbitos”, que tiene por objetivo retirar cadáveres de los domicilios particulares víctimas de Covid-19 o sospechosos de haber fallecido por su causa.

Esta decisión brutal da cuenta de la situación grave que atraviesa la provincia, con las camas colapsadas y ampliaciones que no cuentan con profesionales de salud para poder ser utilizadas. La provincia atraviesa una verdadera catástrofe sanitaria.

En las reparticiones públicas los encargados ocultan los casos de Covid, las escuelas siguen abiertas frente a la evidencia de que los “casos aislados” se han transformado en la regla general. Los docentes y estudiantes contagiados se cuentan de a cientos, incluso fallecidos. En el Poder Judicial y fruto de la presión de sus trabajadores con la agrupación Naranja lograron la rotación de 7 x 7.

La insistencia del gobernador Rodolfo Suárez en mantener “abierta la provincia” responde al reclamo patronal de no parar la producción, para esto debe prescindir de la vida y la integridad del pueblo trabajador, que se trasladan mayoritariamente hacinados en los colectivos de línea, sin protecciones o medidas básicas de salubridad en los lugares de trabajo.

Con esta decisión, Suárez hace explícita su política para enfrentar la pandemia: recoger cadáveres a domicilio.

Solo la acción de los trabajadores como los de salud que pelean por salario, pase a planta y el aumento de presupuesto para hacer frente a la pandemia, como los docentes que reclaman la suspensión de la presencialidad, como los compañeros del Polo Obrero que sostienen el alimento de cientos de miles en las barriada más humildes. Solamente la acción de los trabajadores puede hacer primar el interés común de preservar la salud y la integridad física de las familias trabajadores frente a la avaricia de los patrones.

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