A finales de abril el subsecretario de Salud de Misiones, Héctor Proeza, informó que se iniciaría una campaña de vacunación contra el Covid-19 para las personas con discapacidad de la provincia que cuenten con Certificado Único de Discapacidad, ya que son en muchos casos grupo de riesgo. La inscripción de las mismas sería a partir de los 18 años de edad, priorizando la discapacidad de base y los factores de riesgo. Pero esto deja afuera a la gran mayoría.

En el censo de 2010 se contabilizaron 153.455 personas con alguna discapacidad permanente, y algunos medios calculan que al día de hoy ese número podría haber crecido a aproximadamente 181.000 (Primera Edición, 22/4). El dato preocupante es que el último informe del Ministerio de Salud reporta solo 20.195 Certificados Únicos de Discapacidad en la provincia (2/4/2020) .

Una deuda histórica

El CUD no solamente es un requisito para que las personas con discapacidad puedan acceder a derechos como pensiones por discapacidad y tratamientos a través de obras sociales y prepagas. Es decir que en la provincia de Misiones aproximadamente 160.000 personas con discapacidad no entrarían dentro de las inscripciones para la vacuna contra el Covid-19, de la misma forma que no acceden a pensiones no contributivas, ni a tratamientos que les permitan potenciar su autonomía y desarrollar una mejor calidad de vida.

Según el informe del Ministerio de Salud mencionado arriba se reportan 182 certificados emitidos durante los primeros tres meses del2020 en toda la provincia (habiendo ocho juntas evaluadoras). A ese ritmo de tres por día, llevaría 200 años emitir los CUD de quienes no lo tienen.

Esto no es un atraso por la pandemia, es una política estatal de abandono a un sector que compone el 15% de la población provincial (El Territorio, 2013). Este abandono tiene como principal responsable al régimen de la Renovación, partido que viene gobernando hace dos décadas, pero también a la Agencia Nacional de Discapacidad, que permite que todo esto pase debajo de su nariz. El Estado es responsable de gestionar los recursos para reparar de manera urgente esta deuda histórica.

La Renovación no puede tapar el sol con la mano

Así, una medida tan necesaria como vacunar a esta población de riesgo terminará excluyendo a casi el 90% de los destinatarios. Además de no emitir los certificados, todo se da en un contexto en el que las dosis se reciben y se aplican a cuentagotas. Los misioneristas intentan hacer campaña anunciando que nuevos sectores etarios y profesionales recibirían la vacuna, pero no puede tapar el sol con la mano: son menos de 140.000 los vacunados (Primera Edición, ídem).

Frente a esta política criminal debemos organizarnos lxs prestadorxs de salud y educación, las personas del colectivo discapacidad y sus familias, para exigir que se generen los medios presenciales o virtuales, se abran concursos a profesionales y juntas evaluadoras para que todas las personas que no tienen CUD lo puedan recibir de manera urgente. Como primera acción, se realizará una asamblea abierta de prestadorxs precarizadxs el sábado 8 de mayo a las 14:00 a través de Google Meet.

Esto se suma a la lucha por la liberación de las patentes para que el conjunto de la población pueda acceder a las vacunas, y por la aprobación del proyecto del Frente de Izquierda – Unidad que declara de utilidad pública y dispone la intervención del laboratorio mAbxience de Hugo Sigman, que fabrica el principio activo de millones de dosis que son enviadas fuera del país. Te invitamos a firmar el petitorio apoyando este proyecto.

https://prensaobrera.com/politicas/sobre-el-giro-de-biden-hacia-la-suspension-de-la-patentes-de-las-vacunas-contra-el-covid-19/