07/07/2020

Misiones: el gobierno Renovador vacía el IPS en el medio de la crisis sanitaria

Defendamos la obra social y las jubilaciones de los trabajadores estatales misioneros.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 y la epidemia de dengue pusieron al descubierto el enorme vaciamiento que viene sufriendo año a año el Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones. Miles de trabajadores misioneros que aportan millones de pesos a la obra social y a la caja de jubilaciones ven cómo mes a mes las prestaciones médicas y las coberturas de medicamentos se achican o directamente desaparecen y por lo tanto deben ser afrontadas con dinero propio, aumentando aún más la precariedad de la vida en un cuadro de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Una obra social vaciada y jubilaciones de miseria

Los trabajadores provinciales de Misiones ven mellado mes a mes su acceso a las prestaciones de salud básica. La situación varía de una rama de la salud a otra, sin embargo, en todas ellas la pérdida de servicios es innegable. Desde la no atención como en el caso de los odontólogos, hasta atenciones con cupos mensuales de 10 o 5 afiliados –para una obra Social con más de 200 mil afiliados en toda la provincia- como en el caso de especialistas como neurólogos, dermatólogos, psicólogos, por citar algunos. A la falta de atención se debe sumar que los trabajadores deben pagar un “plus” que va de los $300 a los $1.000, aun cuando aportan el 5% de su sueldo bruto (no del básico, ni del neto) todos los meses. El pago de un plus se debe a que la obra social paga sumas por debajo de los costos médicos y lo hace con meses de retraso, obligando a los profesionales de la salud a cobrarle a los trabajadores lo que la obra social no paga.

La problemática de los turnos y los pagos extras se torna mucho más compleja cuando se trata del acceso a cirugías y prácticas complejas. Las fechas de cirugía se otorgan de 3 a 6 meses hacia adelante, cuando no son más, y esto se da aun cuando se trata de cirugías urgentes. Además debemos sumarle el hecho de que en algunos casos la obra social solo cubre los “gastos” de internación y no de la cirugía, hablamos de miles y miles de pesos que los trabajadores misioneros no están en condiciones de pagar.

La situación se repite en el acceso a los medicamentos, primero porque el vademécum de la obra social reduce la cobertura de los medicamentos y luego, debido a la falta de pago, muchas farmacias no están recibiendo los recetarios de IPS. En las localidades donde hay farmacias prestadoras de la obra social la cobertura suele llegar al 100%, pero allí el problema es la falta de medicamentos, ya que casi nunca los tienen en existencia y los pedidos pueden llevar semanas enteras, lo que representa un problema cuando la necesidad de uso es inmediata.

La condición se agrava hacia el interior de la provincia donde no existen ni clínicas o laboratorios propios de la obra social y los trabajadores se ven muchos más expuestos a las precariedades de la falta de profesionales y por ende de atención. La obra social cuenta con 60 delegaciones en una provincia con 77 municipios y su servicio de atención sin orden médica solo es posible si los prestadores cuentan con internet de calidad para hacer los trámites, algo que no es común en la provincia.

A inicios de junio el gobernador Herrera Ahuad anunció una “ayuda económica para prestadores del IPS” y la inyección de $493 millones para pagarles a clínicas, médicos de cabecera, especialistas, laboratorios y otras prestadores. Se trata de una especie de subsidio para garantizar los ingresos de aquellos que no trabajaron por la cuarentena y a la vez un pago de deudas atrasadas que el Instituto tiene con los médicos desde febrero. No obstante, los trabajadores no sabemos ni a quiénes ni cuánto dinero se le pagó a cada uno. Tampoco hemos visto que las prestaciones mejoraran para los afiliados.

El cuadro descripto arriba se transforma en una situación crítica aún mayor cuando analizamos la situación salarial de los trabajadores dependientes de la provincia. En Misiones el salario mínimo de un trabajador de la provincia debe ser, según decreto provincial de septiembre de 2019, $16.875, poco menos del 40% de una canasta básica, llegando en el caso de los docentes a un sueldo testigo de $23.000 –con un alto componente en negro–, es decir, unos salarios miserables. Hablamos de trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica y en ese tener que pagar plus en las consultas o medicamentos sin coberturas significa un golpe al bolsillo, y a la vida, de los trabajadores.

Un párrafo aparte se merece la denuncia del doble robo que sufren aquellos trabajadores que no llegan a cubrir el “aporte mínimo” exigido por el IPS. Esto ocurre sobre todo entre los docentes que trabajan por horas cátedras y no llegan a acumular las 15 horas cátedras que equivalen a un cargo. En el caso de estos trabajadores, el Estado le descuenta el aporte a la Obra Social, pero no pueden utilizar la cobertura de la misma, es decir, sufren un robo mayúsculo por parte del Estado, supuesto “garante del bienestar social”.

El casi congelamiento que vienen teniendo los sueldos de los trabajadores provinciales en Misiones trae aparejada una reducción de ingresos a la obra social -tanto de los aportes patronales como de los trabajadores- en relación con la inflación en un contexto de inflación galopante. Entre 2015 y 2019 el aumento de los sueldos fue de poco más del 100% mientras que el aumento de los medicamentos en el mismo período fue del 455% (según datos de la Cepa).

Por una salida de los trabajadores: recuperemos el IPS

El cuadro de crisis sanitaria se hace cada vez más grave y es necesario una intervención independiente de los trabajadores. Mientras el Estado provincial desfinancia al IPS hace todo lo contrario con las grandes empresas a las que exime de impuestos, subsidia inversiones y protege a la hora de despedir trabajadores. Es necesaria la sanción de un impuesto provincial a las grandes fortunas, para gravar al turismo, los shoppings, las grandes cadenas de supermercados, las empresas de transporte, las grandes constructoras, los monopolios agrarios, los terratenientes. Hablamos de un impuesto como el que a nivel nacional han presentado los legisladores del Frente de Izquierda, que no solo garantice una recaudación impositiva multimillonaria, sino que la ponga bajo control de los trabajadores para fortalecer el empleo, la salud, la educación, la vivienda y todas las necesidades de los trabajadores.

Asimismo es necesario que los trabajadores estatales y docentes unifiquemos la lucha por el salario y las jubilaciones y golpeemos como un solo puño a la patronal, que luchemos por el pase a planta de los miles de precarizados y trabajadores en negro del Estado, permitiéndoles el acceso a la obra social y la jubilación, como también el aumento de los fondos de la obra social y que sumemos la consigna de recuperar el IPS y ponerlo bajo gestión obrera con una dirección electa por los propios trabajadores y no puestos a dedos por el gobierno patronal de turno.

Llamamos a todos los trabajadores a debatir por las vías posibles un programa de reivindicaciones y un plan de lucha. La cuarentena no ha impedido que la Renovación y el Frente de Todos ataquen a los trabajadores, es nuestra tarea organizarnos para enfrentarlos.

 

En esta nota

También te puede interesar:

Entrevistamos a Faustino Andrés Fleitas, docente jubilado de Misiones, integrante de la agrupación Marea Blanca.
Pongamos en pie un plan de lucha contra este nuevo ataque a las y los trabajadores y a la caja previsional provincial.
Vamos por protocolos elaborados por los trabajadores.
Sobre el despido de Melisa Fernández.
El gobierno provincial no cesa en los aprietes a trabajadores de la salud.