Cientos de trabajadores de salud se manifestaron el pasado jueves 7 de mayo, frente a hospitales y Caps (Centros de Atención Primarios) de la provincia, sumándose a la jornada de lucha nacional en reclamo por el pago inmediato del bono que adeuda el gobierno nacional desde marzo, y la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) de calidad y testeos masivos para todo el personal de salud; así como por aumento salarial y el pase a planta para terminar con la situación de precariedad laboral a la que son sometidos por el gobierno provincial.

Crece el malestar con el ministro de Salud Pública, Alarcón, que intenta lavarse las manos de su responsabilidad, tras conocerse que el 32% de los infectados en la provincia por Covid-19 son trabajadores que sostienen el hospital público. Trabajadores que están en la primera línea contra el virus, pero en su mayoría no cuentan con EPP en cantidad y calidad necesarios, ni pueden acceder a los testeos masivos, ya que el propio Ministerio de Salud rehúsa realizarlos, por lo cual trabajan a ciegas ante la circulación comunitaria.

Una política que una vez más, y en plena emergencia sanitaria, favorece el negocio privado, ya que cobran hasta $5.000 el testeo (PCR) en laboratorios privados, en desmedro de la salud de la población trabajadora. Como si fuera poco, los privados no tienen obligación de informar los resultados a Salud Pública.

La mayor parte de los riesgos laborales del personal de salud ocurren durante las guardias que son pagadas en negro desde hace 19 años. Es que los trabajadores de salud, pero sobretodo quienes laboran en la fundación Parque de la Salud, realizan su trabajo sorteando las malas condiciones laborales; los bajos salarios que los hunden en la indigencia, ya que ganan desde $19.000; los contratos precarios (becas, locación de servicios, monotributos, etc.), forzándolos al pluriempleo por un lado, pero también a soportar extensísimas jornadas laborales de hasta 24 horas; con sobrecargo de tareas por reducción del personal (por los grupos de riesgo) para atender a la demanda en ascenso de pacientes habituales y nuevos pacientes sin obra social (por los despidos y suspensiones de la cuarentena). Con esta realidad nos acercamos al pico de contagios, pronosticado para el mes de mayo.

Por ello, desde el Partido Obrero denunciamos la política desplegada por el Ministerio de Salud y reclamamos la centralización del sistema de salud, público y privado, bajo comando único; el Aumento presupuestario para hacer frente a la pandemia; el pago inmediato del Bono a todo el personal de salud, sin restricciones; los EPP completos, de calidad y sin retaceos. Exigimos testeos masivos para todo el personal de salud; el uso de los protocolos de bioseguridad bajo control de los trabajadores de los hospitales; el pase a planta permanente y la ampliación de personal; la reducción de la jornada laboral; el inmediato aumento salarial y un salario básico igual al costo de la canasta familair. Frente al dengue planteamos la continuación de las tareas de descacharreo, limpieza y fumigación y la entrega de repelente gratuito y elementos de higiene, así como dotar de suministros y personal a los centros de salud donde se encuentran los barrios más afectados.

El Estado es el responsable por los contagios entre los trabajadores de salud. Llamamos a toda la población trabajadora a solidarizarse con los reclamos de los trabajadores de la salud.