Hace unos días había trascendido la noticia de que dos funcionarios del intendente de Morón, Lucas Ghi, estaban en aislamiento por haber participado en una reunión el 8 de abril junto a uno de los directivos del Instituto Médico Agüero que un día después dio positivo de covid-19. El 17 se conoció que una enfermera de la clínica y su familia, entre ellas su hija de apenas 4 años, contrajeron la enfermedad y están internados en el Hospital Posadas. ¿Qué ocurrió en el medio?

Aunque la reunión realizada en la sede local de ATSA (sindicato de sanidad) fue auspiciada por el sabbatellismo con el objeto de “garantizar el cuidado de los trabajadores y trabajadoras de la salud”, la realidad es que la patronal de la clínica prioriza ante todo la defensa de su negocio a costa de la salud de trabajadores y pacientes. Por empezar, las autoridades ocultaron por tres días que el supervisor de Pediatría estaba internado con coronavirus desde el 6 de abril.

La reacción inmediata de los trabajadores fue exigir que se otorgue licencias a todos los que habían tomado contacto estrecho con el profesional (que entre otras cosas había vacunado de gripe a parte del personal) para cumplir con el aislamiento y preservar así su salud y la de los pacientes. La dirección se negó, argumentando que el contacto se había producido –por supuesto- antes de que el test diera positivo, desconociendo incluso órdenes emitidas por hospital público y poniendo en cuestión que los portadores asintomáticos sean transmisores. También se opuso a disponer un hisopado para el conjunto de los trabajadores, afirmando que solamente debía realizarse con quienes presentan síntomas.

Los trabajadores denuncian que en la clínica faltan insumos elementales como barbijos en la cantidad y la calidad recomendada para el personal médico. Los voceros del Instituto Agüero amparan este accionar en las disposiciones del Ministerio de Salud y la autoridad epidemiológica de Morón. La cadena de contagios ya alcanza al menos a una decena de trabajadores de la clínica, a los que se suman sus familiares. Estas son las consecuencias de la negligencia y del recule del gobierno al lobby de las privatizadas de la salud.

El personal denuncia también que la patronal adeuda varios meses a la obra social y que no está abonando los salarios en tiempo y forma. Presionados por la situación de crisis sanitaria, se ven obligados a continuar realizando sus tareas, pero ya han comenzado a levantar la voz. A todo esto, la burocracia sindical de Jorge D’Andrea en ATSA, luego de la reunión con los directivos, se llamó a silencio haciendo la vista gorda frente a estos atropellos. Para poner fin a la exposición a la cual someten a los trabajadores de la salud es necesario avanzar en su organización independiente.

Desde el Partido Obrero planteamos que se conforme una comisión de seguridad e higiene electa por los trabajadores, para controlar que se cumplan las condiciones de salubridad y los protocolos de atención a los pacientes. Reclamamos también la realización de test para todos los trabajadores, y que se les garanticen los barbijos quirúrgicos necesarios y otros insumos; además del pago de salarios en tiempo y forma.