Un incendio en el Hospital Interzonal José A. Esteves, un neuropsiquiátrico de mujeres ubicado en Temperley, ocurrido días atrás, volvió a poner sobre la mesa las terribles consecuencias del ajuste en la salud pública.

Al momento de desatarse el incendio, cerca de la medianoche, solo había una enfermera al cuidado de 28 pacientes con diversos padecimientos crónicos, una cantidad que supera lo permitido. Al mismo tiempo, la sala de admisión se encontraba superpoblada. El siniestro, del cual no se esclarecieron aún los motivos que lo generaron, dejó una víctima fatal por asfixia y quemaduras, una paciente de 47 años.

Para rescatar al resto de las pacientes que se encontraban en el pabellón afectado, la única enfermera que se encontraba de guardia debió recibir la asistencia del cuerpo de bomberos, además de avisar personalmente a sus compañeras y compañeros para que acudan al lugar a ayudarla ante la emergencia. La trabajadora debió ser trasladada luego a un sanatorio cercano, donde quedó internada varias horas en observación, debido a la intoxicación sufrida y el estado de shock en que se encontraba.

Se trata de una tragedia anunciada, ya que los trabajadores vienen reclamando insistentemente el nombramiento de más personal y mejoras en infraestructura, defendiendo sus condiciones laborales y los derechos de las pacientes, que se encuentran en condiciones habitacionales no aptas para un tratamiento óptimo en salud mental. Las autoridades sanitarias no han acusado recibo de estos reclamos.

Hasta el momento, la dirección del hospital no ha emitido declaración alguna, ni elaboró informes sobre las condiciones de seguridad e higiene. Únicamente se comprometió a disponer de una dupla de guardia, pero sin garantía de contratación de nuevo personal. Las y los trabajadores, familiares y pacientes siguen exigiendo el esclarecimiento de lo sucedido.

A nueve años de la sanción de la Ley N 26.657 de salud mental, la situación no ha mejorado sino empeorado. El ajuste de Vidal se ha cobrado nuevas víctimas, como sucedió el año pasado en la Escuela 49 de Moreno donde fallecieron Sandra y Rubén. Tanto el ministro de Salud, Andrés Scarsi, como el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, son responsables por ignorar las reiteradas denuncias contra este vaciamiento.

Desde Tribuna Estatal, junto con ATE SUR y la junta interna del hospital en coordinación con CICOP, nos mantenemos en estado de asamblea permanente. Participamos de la instalación de una carpa frente al Congreso, el pasado 26 de junio, para denunciar lo sucedido. Ahora, se está debatiendo organizar una actividad en la puerta del hospital para insistir con estas reivindicaciones.

Necesitamos un plan de lucha con paro provincial de ATE y CICOP, para reclamar el esclarecimiento de lo ocurrido y que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura, como así también los profesionales necesarios para garantizar una atención adecuada. Abajo el ajuste a la salud pública.