Prensa Obrera conversó con Nidia y Luis, hijos de Miguel Olmedo, y con Marisa, compañera de Juan Campos,  ambos trabajadores de seguridad de la empresa Murata que fallecieron por coronavirus tras ser obligados a prestar servicio sin elementos de protección. La negligencia criminal de la empresa extendió el contagio a muchos compañeros, por ocultar los casos en lugar de licenciar a los contactos estrechos del personal enfermo.

¿Cómo fue el contagio en cada caso y el desarrollo de la enfermedad?

Nidia: En el caso de mi papá, el contagio fue en el objetivo de la Villa 31. Casi un mes estuvo trabajando ahí, sin elementos de protección que debió proveer Murata. Comenzó a presentar dolores de cabeza y en todo el cuerpo a partir del 12 de mayo, hasta que el 15 de mayo no aguantó más y recurrió al centro de salud del barrio junto a mi mamá. Allí le diagnosticaron neumonitis. Al salir de allí, asistió a su domicilio el médico de la obra social, quien decidió llevarlo por protocolo para hacerle un testeo. Las horas pasaron y nosotros pensamos que era neumonía grave, pero no fue así.

Marisa: En el caso de Juan, el contagio también fue en el trabajo. Él prestó servicio en el hall central del Ferrocarril San Martín en Retiro, y también estaba en preembarque. Llegó con los síntomas en la mañana del 15 de mayo: mucha tos y un poco de fiebre. Esa misma tarde llamamos a la obra social, enviaron una ambulancia, lo revisaron y le dijeron que sólo era gripe, que tome paracetamol y que guardara reposo 72 horas. Le dieron una orden para que le hagan el hisopado. Tuvimos que pasar esa orden a la obra social, que la autoriza y nos dice que llamemos a una prestadora para que vengan con los elementos para hacerlo, pero ellos se niegan. Entonces llamamos al teléfono del gobierno y también se negaban a hacerlo. Pasaban los días y el cuadro empeoraba. Nos dirigimos al hospital Balestrini de Ciudad Evita, allí lo revisan, le hacen una tomografía y le diagnostican neumonía, le hacen el hisopado y da positivo. Ya no podía respirar, queda internado y se agrava su estado hasta que lo pasan a terapia intensiva el día 29 de mayo con sus pulmones comprometidos. A casi siete días de estar en terapia con sus demás órganos afectados por la enfermedad, fallece el 8 de junio.

¿Cuál fue la respuesta de la empresa cuando Miguel les "recuerda" que es persona de riesgo?

Nidia: Cuando se decreta la cuarentena mi papá se encontraba de vacaciones (comenzaron el 9 de marzo y tenía 21 días). Según el DNU no tenía la obligación de presentarse a trabajar, ya que era mayor de 60 años. Cuando se terminaron sus vacaciones se extendió la cuarentena, entonces se comunicó con la oficina de Recursos Humanos, explicó que tenía 64 años de edad, estaba a tres meses de jubilarse y que por lo tanto era una persona de riesgo. Le dijeron que sólo le otorgarían 14 días de licencia hasta el 13 de abril. Pero lo presionaron para que vuelva a trabajar, advirtiendo que si no lo despedían. Es decir que no sólo no querían pagar la licencia correspondiente sino que amenazaban con despedirlo. Tuvo que aceptar, pero ese día llegó a casa con temor y muchos nervios. Tenía ese temor porque a mi hermano lo habían despedido antes de la cuarentena: hubo un paro de transporte y no tenía medios para ir. Así se manejaba esta empresa con total impunidad.

Marisa: En el caso de Juan, no tuvo elementos de protección por parte de la empresa: ni guantes, ni alcohol en gel. Esos elementos los llevaba de la casa. De la empresa no hubo ayuda. Cuando se les comunica por teléfono que estaba internado con Covid-19, lo llaman en la internación hostigándolo para que él mismo les mande el certificado. A mí nunca me llamaron, no se comunicaban conmigo, pese a que él avisaba a Recursos Humanos que se comuniquen conmigo porque él no podía hablar para darles la información que requerían.

Nidia: Sí, en las comunicaciones y las órdenes que les daban siempre hubo arbitrariedad y saña. A mi papá, lo mandaban a notificarse hasta la sede de Murata, en Villa Luro. Mi papá vivía en Florencio Varela. El único medio que tenía para irse era el transporte público, más de tres horas de viaje. Deciden desplazarlo de su objetivo, que era el Cementerio de Recoleta. Dos días estuvo esperando que le dijeran del objetivo nuevo. Nadie le informaba cuál sería. Más tarde, le avisan por mensaje que sería el galpón Manzana 99 bajo Autopista Illia, en la Villa 31 (un foco de contagio en ese momento) a partir del 16 de abril, pero por la noche tenía que cubrir en el Portal de Retiro.

¿Qué trato recibieron de la empresa una vez confirmados los contagios?

Nidia: Cuando confirmamos que mi papá tenía Covid-19 solo nos dijeron que disponíamos de la ART, para que tuviera mejor atención y tratamiento, pero no fue así: no le dieron el tratamiento adecuado conforme a los protocolos. En el trabajo no hubo elementos de protección. Después del fallecimiento de mi papá y el contagio masivo, trataron de emprolijar entregando alcohol en gel casero.

Luis: Es más, tenemos el video que se viralizó de los brigadistas del Ferrocarril San Martin en Retiro de cuando se decretó la cuarentena, donde se ve a un directivo de Murata de nombre Yamil González (el sí con barbijo y guantes) y los compañeros sin elementos de protección. En ese video ellos estaban reclamando a la empresa por esos elementos.

Marisa: luego del fallecimiento a mi nadie me llamó, no sé si porque soy sólo la concubina, tampoco sé si llamaron a la exesposa o a los hijos.

Desde el sindicato del personal de seguridad (UPSRA) dicen que hay alrededor de 500 contagiados y que los están asistiendo a ustedes como familiares. ¿El sindicato estuvo presente reclamando el cumplimiento del decreto que prohibía el trabajo a personal de riesgo u organizando los protocolos sanitarios para evitar los contagios?

Marisa: ningún sindicato se hizo presente ni antes de enfermarse, ni durante, ni luego del fallecimiento. En diciembre del año pasado tuvo algunos problemas de salud, el médico que lo atendió le dijo que su afección fue a causa del estrés laboral que estaba pasando. En octubre había trabajado todo el mes sin franco para ver si ganaba unos pesos más, y fue inútil. Al contrario: la empresa se quedó con plata de él, aproximadamente 9.000 pesos. Hizo el reclamo y nunca se lo devolvieron.

Nidia: Mi papá nunca me comentó de ningún sindicato, ni campaña por elementos, fue como si no existieran. Y menos durante la cuarentena. Después de su muerte, de este sindicato de UPSRA no recibimos nada de contención ni asesoramiento; sólo de una organización nos preguntaron si teníamos abogados, a lo que le respondimos que sí, después nos contaron que hicieron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por las condiciones y falta de elementos de protección. Hablaron de ver la manera para movilizarnos frente a Murata, pero con esta cuarentena quedó todo ahí.

¿Qué respuesta tuvieron de la empresa luego de los fallecimientos?

Nidia: No se comunicaron con nosotros y ni siquiera hoy en día contamos con la liquidación final de mi papá, ningún tipo de atención psicológica por parte de la empresa: ni por llamada, ni presencial.

¿Algo más que quieran comentar?

Nidia: Sí, queremos justicia para mi papá y para Juan. Nos comentan que hubo más contagios e incluso de otras muertes y despidos por reclamar elementos de protección. No queremos que muera nadie más y que Murata pague por estos crímenes y mejore las condiciones de trabajo de todos los vigiladores.

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