El pasado jueves falleció María Ester Ledesma, trabajadora de salud del Hospital Gandulfo (Lomas de Zamora) que se desenvolvía como enfermera en el área de pediatría y quien habría solicitado, en reiteradas oportunidades, el licenciamiento de sus labores debido a que padecía una afección médica preexistente.

María Ester llegó a solicitar seis veces la licencia laboral para poder cuidar de su salud, sin embargo sus pedidos no fueron escuchados por las autoridades del hospital ni atendidos por los funcionarios del gobierno, quedando expuesta a una gravosa situación que más temprano que tarde condujo a su muerte. Estamos ante una muerte absolutamente evitable cuya responsabilidad recae en manos del Estado.

La negligencia de las autoridades del Hospital Gandulfo y el vaciamiento al cual es sometido por parte del gobierno de la provincia de Axel Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollán, llevó a que María Ester contrajera Covid-19 en el hospital y que a su vez contagiará a su madre, la cual también falleció unos días atrás. El hijo de María Ester, también contagiado, aún se encuentra en recuperación.

Días atrás, el 20 de mayo, trabajadores y trabajadoras del hospital y de otras dependencias sanitarias, provinciales y municipales, realizaron una actividad en la puerta del Gandulfo para denunciar las precarias condiciones en las que se ven obligados de desenvolver sus tareas diarias, más aun en este contexto de pandemia donde el vaciamiento de insumos se ha agravado. Sin embargo, la respuesta de las autoridades provinciales y municipales es nula.

El deterioro sanitario en el Hospital Gandulfo impacta fuertemente en todo el distrito de Lomas de Zamora: se trata del hospital de cabecera de la región, al cual acuden las familias obreras de los barrios más pobres del distrito.

En Lomas de Zamora solo se han realizado 3.390 testeos con unos 280 casos positivos sobre una población que supera holgadamente las 500.000 personas y que concentra altos niveles de superpoblación hacinados en barrios carenciados como El Tongui, Olimpo, Fiorito, Budge y otros. La intendencia de Martín Insaurralde realiza operativos cosméticos para aparentar que está haciendo algo, pero quiere evitar a toda costa destapar la olla depresión en los barrios conociendo la verdadera propagación del virus.

 

El caso de María Ester no es el único cuya responsabilidad recae sobre el Estado. Hace unos días denunciábamos el contagio de una madre que asistía a los precarios operativos de entrega del Servicio Alimentario Escolar, el que se realiza con los recaudos mínimos a falta de provisión del gobierno provincial y municipal.

La muerte de María Ester arroja una nueva alarma sobre la situación que padecen los y las trabajadoras de la salud en la provincia de Buenos Aires y en el país entero, sometidos a condiciones precarias, sin los equipos de protección personal adecuados, sin que se respeten las licencias correspondientes, con jornadas laborales extenuados y una alta tasa de contagio intrahospitalario. Todo esto muestra el fracaso del Estado en la administración de la cuarentena.

Exigimos que se investiguen las responsabilidades en el caso de María Ester Ledesma y que se clarifique porque se le denegó una y otra vez la licencia laboral y se avance sobre los responsables; el aumento de los insumos y el presupuesto para el personal de salud; las licencias con goce de sueldo para el personal en grupo de riesgo y los comités de salud de los trabajadores en cada establecimiento. Necesitamos un control obrero y popular de la cuarentena.