La ministra de salud de la provincia de Neuquén, Andrea Peve, expresó públicamente su pedido a los intendentes de “que preparen los cementerios ante el eventual aumento de la mortalidad por Covid-19”.

Estas gravísimas declaraciones de la funcionaria se producen en el escenario de un inminente colapso sanitario en la provincia, con el 95% de ocupación de las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y en un cuadro de crecimiento de los contagios, llegando casi a los 900 casos nuevos en solo dos días. Hoy, la provincia está por alcanzar los 10.000 casos y más de 160 fallecidos.

Que la ministra llame a preparar la infraestructura de los cementerios y no a reforzar el sistema de salud representa el total fracaso de la política sanitaria del gobierno. Llegamos a la situación actual, en primer lugar, por la completa liberalización de las actividades económicas y productivas desde el día 6 de mayo. En esa oportunidad, el gobernador lanzó el “plan secuencial de apertura de actividades” con una batería de aperturas, llegando a la actualidad al 96%.

En segundo lugar, esta apertura se desenvolvió con una falta de cumplimiento de protocolos y de medidas de bioseguridad, falta o mala calidad de los elementos de protección personal y ausencia de testeos periódicos y masivos. Los más de 220 casos entre los trabajadores de salud son una expresión de ello, al igual que la situación de los trabajadores de comercio, quienes acumulan más de 100 casos positivos desde el inicio de la pandemia -aunque el registro es modesto debido a la falta de testeos. En los últimos días han tenido que cerrar por desinfección, y por el impulso de los trabajadores, comercios como Ferraciolli, Jumbo, Easy y Coto.

En tercer lugar, los meses de cuarentena han puesto de manifiesto que el endeudamiento votado en el mes de abril por 140 millones de dólares no estuvo destinado al fortalecimiento de salud. El gobierno señala un aumento de camas, pero los trabajadores de distintos hospitales marcan que las mismas no fueron acompañadas del personal acorde a la complejidad de las camas UTI. La muestra de la prioridad del gobierno se refleja en que en los primeros meses del año canceló más de 6.600 millones de pesos en concepto de pago de amortización de capital, intereses y comisiones.

Por otra parte, para ahorrarse en los testeos, los protocolos eliminaron los mismos para los contactos estrechos y no existe periodicidad en los trabajadores de salud. El Plan Detectar no funciona en los barrios populares y solo actúa como plan de encuesta de síntomas, sin el testeo correspondiente.

Las demoledoras declaraciones de la ministra buscan intimidar a los trabajadores y la lucha necesaria por sus reclamos, pero por sobre todo intentan descargar la responsabilidad de la actual situación sanitaria en la población. Es el discurso que también pregonan las direcciones sindicales, quienes han permitido que se ajuste el salario y el aguinaldo de los trabajadores en una línea de compromiso con el gobierno, relegando la movilización y acompañado el discurso gubernamental.

En este cuadro calamitoso, es imperioso levantar un programa de salida ante el colapso sanitario. Para ello necesitamos luchar por imponer otra orientación social que parta de una cuarentena real, con urgente aumento de salario que rompa las rebajas operadas este año, un seguro al desocupado o precarizado de $30.000, un plan de testeos periódicos y masivos en lugares de trabajo, elementos de calidad de protección personal, jornada de trabajo de seis horas -sin afectar el salario- en salud, y la inmediata centralización del sistema de salud provincial.

Luchemos por esta salida.