El enorme crecimiento de los contagios por Covid-19 en el país es atribuido por los medios oficiales exclusivamente a la alta contagiosidad de la variante Ómicron y circunscriben la acción contra la pandemia al efecto de la vacunación lograda.

Si bien el índice de contagios (RO) es un dato muy importante y en el caso del Ómicron es varias veces superior a otras variantes, la velocidad de circulación del virus también está determinada por las condiciones propicias que encuentra en la comunidad, como el hacinamiento, los espacios cerrados, la mala ventilación, etc.

Las medidas de protección, que deberían extremarse, apuntan a reducir la exposición al contagio y con ello, como cuestión decisiva, la circulación del virus. Entre ellas, el uso correcto del barbijo, el distanciamiento social, los aforos en transportes y en actividades colectivas, los confinamientos y controles de fronteras. Y muy especialmente, el rastreo de casos, testeos y aislamiento de sospechosos y contactos. Esto junto a la aplicación estricta de protocolos en los lugares de trabajo. Estas medidas irremplazables son comunes a todas las variantes del virus, ya que todas comparten características como la trasmisión aérea por aerosoles inhalados y la alta cantidad de casos asintomáticos que contagian a muchos más imperceptiblemente.

Tiran la toalla

El abandono de esta batería de medidas de salud pública en nuestro país -que nunca fueron tampoco rigurosas- responde a presiones empresariales sobre los gobiernos en nombre de no afectar la actividad económica y a la demagogia hacia “el electorado” con el argumento de los límites del “cansancio social”. Pero probablemente tal cansancio no habría sido igual si un plan único nacional, centralizado, de medidas efectivas de prevención, hubiera controlado la velocidad de circulación del virus y por lo tanto, los contagios, las internaciones y las muertes.

Se hizo todo lo contario, acciones descentralizadas, un sistema de salud débil, fragmentado y crecientemente desfinanciado; ausencia de un plan nacional; largas cuarentenas poco rigurosas por insuficiente financiamiento a los confinados; pocos testeos, detecciones y aislamientos; atraso evitable en la vacunación. Una anarquía y empirismo que llevó al país a cifras récord de enfermos y fallecimientos.

No es una gripeciña

El intento oficial de ocultar el fracaso lleva a imposturas que son aberraciones en materia de salud pública. Por ejemplo, difundir que con la variante Ómicron la enfermedad se ha reducido a cuadros gripales leves, con pocas formas graves, internaciones y muertes. Y acorde a ello se abandonan los testeos, se modifica el criterio diagnóstico para definir casos positivos y contactos y se elimina el aislamiento de contactos vacunados para que vayan a trabajar. Está todo mal. No se trata de una enfermedad benigna; es una enfermedad sistémica que afecta múltiples órganos y aparatos y que en un 15% de los casos cobra la forma de evoluciones prolongadas (long Covid), con secuelas respiratorias, cardíacas o neurológicas por varios meses.

Por otra parte, el hecho cierto de que la variante Ómicron presente, proporcionalmente, menos casos graves, internaciones y muertes, no se contradice con que en términos absolutos estos casos crezcan dada la masividad de los contagios. Así las muertes, en ascenso, han superado las 300 diarias. La conclusión es que frenar la circulación del virus y mitigar la curva es decisivo para ganar terreno en la vacunación y evitar la saturación del sistema de salud, que está colapsado en atención primaria y con 45% de terapias ocupadas. Con más una consideración de orden universal, cuanto más y más rápido circule el virus, mayores son las posibilidades de que surjan nuevas variantes que prolonguen la pandemia.

La relajación de medidas preventivas -¡Manzur decidió que se abandone el barbijo!- la reducción de hisopados, limitándolos a la población de riesgo, o la eliminación de aislamientos, son acciones lindantes con lo criminal: se sabe que los vacunados no están exentos de contagiarse y contagiar a otros. Sin embargo, el Ministerio de Salud dispuso que contactos estrechos vacunados deben concurrir a trabajar sin hisopado, lo que es lisa y llanamente promover el contagio de sus familias y compañeros de trabajo. Y se hizo, además, reconociendo que respondía a presiones de la Unión Industrial y cámaras empresarias que ven reducidos sus planteles obreros por los aislamientos. Con lo que la política de salud pública en el país ha pasado a ser definida por Funes de Rioja y las cámaras que representa.

La camisa de fuerza patronal

El trabajador de a pie queda así entrampado por la presión patronal. Si es contacto estrecho y quiere aislarse, la patronal lo intima a concurrir bajo amenaza de descontarle los días de ausencia. Si es enfermo con un síntoma y un nexo epidemiológico, no se lo hisopa y el trabajador solo puede, legalmente, denunciar un resfrío, en el caso improbable de poder acceder a un certificado médico por medio de los teléfonos y los consultorios saturados de las obras sociales y de los organismos oficiales de salud.

Médicos han denunciado que sin testeos que hagan diagnóstico de certeza para Covid solo pueden justificar a un trabajador dos o tres días de reposo por síndrome gripal. Como la evolución del Covid-19 es de no menos de diez a catorce días, deberían renovar el certificado dos o tres veces, lo que, dada la masividad de la consulta, supondría miles de acciones médicas que saturarán la atención primaria, incluyendo la de otras patologías, deteriorando la calidad general de la atención de salud. Conclusión el trabajador concurre enfermo a su lugar de trabajo.

Una prescindencia criminal

Ante este panorama preocupante el gobierno directamente mira para otro lado, incluso sus sectores más radicalizados como Kicillof y su ministro Kreplak, paladín de la medicina social, que acaba de afirmar que el diagnóstico clínico epidemiológico, sin hisopado, es más preciso que los testeos (¿!). O sea que se pasa a la empiria total, sin control de casos, ni de contactos y, por ende, del curso de la pandemia, lo que impide tomar medidas eficaces de salud pública basadas en datos y en la evidencia.

De testear poco a testear nada es el mayor síntoma del fracaso total de un régimen ciego que ha perdido la brújula y es incapaz de proteger a la población. Todo es impreciso, la escasa cantidad de secuenciaciones, por ejemplo, impiden saber si los casos graves y la ocupación de terapias responden a infecciones por Ómicron o todavía al coletazo de la Delta y actuar en consecuencia.

El fracaso del sistema capitalista

Es cierto que la conducción aberrante de las políticas contra la pandemia es propia de una sociedad capitalista decadente aquí y en todo el mundo, donde prima el criterio del beneficio por encima del de la salud pública. Las medidas de apertura económica y la especulación capitalista con la producción y distribución de vacunas han permitido sucesivas olas de contagio y surgimiento de nuevas variantes con consecuencias funestas.

Claro que con desniveles, Dinamarca ha anunciado la eliminación de casi todas las medidas de prevención, pero tiene un sistema de salud estatal centralizado y ha testeado varias veces a la totalidad de la población. Nueva Zelanda acaba de confinar una localidad por la aparición de 9 casos. El mayor control estatal de los regímenes asiáticos ha logrado la casi total erradicación de los contagios a fuerza de detección y aislamientos. El Reino Unido suma a los testeos masivos, el pago del 80% de los ingresos a los confinados privados de sus ingresos. De todos modos la pandemia está lejos de desaparecer en un contexto mundial que tiene vastas regiones con menos del 10% de la población vacunada y la producción de vacunas y sus patentes son acaparadas por los principales laboratorios y los países más desarrollados.

Prioridades

Se ha argumentado que Argentina no tiene las mismas posibilidades económicas. Pero se acaba de pagar 7.000 millones de dólares al FMI como parte de un acuerdo por el que se refinancian 45 mil millones de una deuda absolutamente fraudulenta mientras se suprimen los subsidios Covid, se cierran vacunatorios y consultorios de primer nivel. Es una cuestión de prioridades. La salud pública no está entre las de estos regímenes capitalistas.

Lo que corresponde es dar un giro de 180 grados. Anular las últimas disposiciones oficiales sobre criterios diagnósticos y aislamiento de contactos. Invertir en el sistema de salud, centralizando los subsistemas en un plan nacional para multiplicar los operativos de detección, testeo y aislamiento y mitigar la circulación. Montar operativos de vacunación masiva con tres dosis confiscando la producción privada de vacunas del país. Establecer aforos y controles para cumplir el distanciamiento social y colocar los protocolos laborales bajo control de los propios trabajadores. Se puede argumentar, con razón, que no es este régimen ni estos gobiernos los que vayan a adoptar ese rumbo. Pero por algo se empieza: impulsemos este debate y pronunciamientos en las organizaciones obreras y populares.

https://prensaobrera.com/salud/lugares-de-trabajo-10-medidas-frente-al-omicron/