Las dudas que provocó la letra chica de las nuevas resoluciones del Ministerio de Salud sobre empresas de medicina prepaga fueron motivo de febriles reuniones de las cámaras empresarias con el gobierno. Claudio Belocopitt, empresario estrella de la actividad, ofició de único vocero informante a los medios de los resultados. El empresario, que tiene mucho menos que ver con la salud pública que con las finanzas, confirmó nuestra sospecha, las empresas impusieron todas sus condiciones.

Las recientes resoluciones del gobierno y su Ministerio de Salud presentadas como medidas ultraprogresivas, introdujeron nuevos criterios para la regulación de costos y valores de las prestaciones de las prepagas:

1) El ajuste de la cuotas se hará todos los meses, basándose en los costos que calcule el Índice de Costos de Salud elaborado por la Superintendencia de Servicios de Salud. La novedad consiste en que los afiliados cuyos ingresos netos sean menores a 6 salarios mínimos (Salario Mínimo Vital y Móvil), tendrán un tope de aumento equivalente al 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Acá viene la primera avivada empresaria: mientras el decreto (PEN 473/2022) dice que de ese tope se beneficiarán “los y las titulares contratantes” que tengan esos ingresos, Belocopitt informó que hubo acuerdo en que deben considerarse los ingresos de todo el grupo familiar. Ellos consideran que titulares son todos sus integrantes (¿!). Obviamente esto deja fuera del beneficio a una masa muy importante de afiliados. No hubo comentarios oficiales. Además las empresas se reservan el derecho de auditar las declaraciones juradas de ingresos y multar o dar de baja a los infractores, ya que estiman que habrá muchos intentos de fraude. Otra más, el mecanismo para presentar la declaración jurada –virtual- es muy complejo y debe renovarse cada mes entre el 1° y el 20 indefectiblemente, de no ser así, la cuota será automáticamente elevada. “Por ejemplo, si en un mes, por olvido u otra razón, alguien no hace la declaración aunque esté en su derecho de hacerla, tendrá un incremento mayor y eso ya quedará incorporado al valor de la cuota” (La Nación, 10/1).

2) La otra novedad es que las prepagas tendrán la obligación de ofrecer planes hasta un 25% más económicos que incluyan el copago (pago aparte) de consultas y estudios. Quedarán exceptuadas las prestaciones a “personas gestantes, niñas de hasta tres años de edad; pacientes oncológicos y trasplantados, personas con discapacidad ni quienes estén en programas preventivos o reciban prestaciones y prácticas de urgencia”.

Hay opiniones diferentes de las empresas sobre si los copagos por consultas y estudios de primer y segundo nivel a médicos y centros de diagnóstico, compensan el recorte de 25% del precio de los planes. Pero coinciden en que el copago actúa como un desestímulo o filtro contra la “sobreutilización” de los servicios que, dicen, es moneda corriente actualmente. También acuerdan con que las prestaciones exceptuadas (cronicidad, salud mental y discapacidad), que, dicen, son condiciones que crecieron mucho en la pandemia, son las más costosas y deberían ser financiadas, por lo menos en parte, por el Estado.

Sobre la disposición de que para los que opten por esta variante los planes deben ser “idénticos” al que posean en la actualidad sin copagos (DNU 743/2022), el inefable Belocopitt dice: “las empresas prestadoras de medicina privada tomarán la decisión de ofrecer más o menos planes de acuerdo a sus necesidades comerciales” (…) “las prestaciones serán las mismas pero ‘no idénticas’, ya que algunos prestadores podrían no estar incluidos. No puedo obligar a alguien a trabajar conmigo” (Infobae, 12/1). Está clarísimo, los planes más económicos recibirán una atención de segunda.

Mientras el gobierno y su Ministerio de Salud presentan estas disposiciones como un progreso para la cobertura de salud y la evolución del poder adquisitivo de los usuarios, la realidad es que los que se garantiza es la intangibilidad de los beneficios de grandes intereses financieros de estas empresas. Topes de difícil acceso para quienes sorteen las mil trabas que ya anuncian las empresas y medicina chatarra y con cepo para quienes opten por planes más económicos. Como se ve, todo este debate gira alrededor de costos y beneficios al margen de toda consideración sobre salud pública.

En un alarde de cinismo el multimillonario mediático Belocopitt explica: “La medicina privada es para los que pueden pagarla” (…) “Para los que no pueden, está el sistema de salud público, que tiene que ser gratuito y accesible para todos” (El Diario, 6/2/ 21). La tremenda falacia consiste en que el negocio de la salud privada creció en el país bajo el ala de los gobiernos capitalistas que sometieron -y someten- al sistema público al desfinanciamiento y deterioro sistemático y a su asociación con la burocracia sindical de las obras sociales con las que comparten la “crema” del negocio. Desde el punto de vista de la salud pública, las prepagas son un tumor que parasita la demanda social de servicios médicos. Sus millonarios recursos deben ser investigados y redireccionados hacia un sistema de salud estatal sobre la base del hospital público y las obras sociales. Una afectación de poderosos intereses capitalistas que requerirá de una vasta movilización popular que se plantee un nuevo orden social.