La aparición de alrededor de 53 casos nuevos de coronavirus en la ciudad bonaerense de Olavarría en la última semana empujó al intendente Galli (Cambiemos) a decretar la vuelta a fase 4 de la cuarentena. Aún en el primer día de esta semana, ya con este cambio, se registraron 12 nuevos contagios. Según la Secretaría de Salud municipal hay 82 casos activos y 17 internados (cinco en terapia intensiva). Ya hubo 10 fallecimientos por Covid-19.

Las idas y vueltas del gobierno municipal en relación al aislamiento social no son nada nuevo, incluso lo han llevado a distintos roces con la Gobernación de la provincia. De hecho, en junio la ciudad pasó de la fase 4 a la 1 por la aparición de más de 50 casos en una semana. En aquel entonces, Galli fue pionero en echar culpas a la población para quitarse la responsabilidad política que le cabía por flexibilizar la cuarentena a cuenta y orden de las patronales. Hoy por hoy, con una cuarentena virtualmente inexistente, lo irrisorio es que él y sus funcionarios siguen con el discurso de que los contagios se promueven por reuniones sociales y la irresponsabilidad individual, cuando la evidencia demuestra lo contrario. Lo prueban los contagios de la última semana.

Lo grave de este caso es que de los 18 casos que se confirmaron el miércoles 26 la mitad corresponden a empleadas/os municipales de la salud. Por otro lado, el viernes se confirmaron ocho casos en un geriátrico de la ciudad (un tercio del total diario) y todos ellos debieron ser internados en el hospital municipal. Lo más alarmante es que “ya serían ocho los geriátricos de la ciudad afectados desde el inicio de la pandemia” (Infoeme 27/8).

Una situación grotesca, y largamente anunciada, que claramente evidencia la situación de abandono en la que se encuentran la tercera edad dentro de una política que prioriza la ganancia sobre la vida humana y empuja a su suerte a miles de jubilados desamparados y asilados en lugares con pésimas condiciones de salubridad y, en muchos casos, cuidados por trabajadores ultraprecarizados y sobreexplotados. “Está saltando a la luz pública la precariedad del sistema de salud en ellos […], con escasez de personal, con bajos salarios e inestabilidad laboral, que los obligan a tener más de un empleo, sumado a su falta de preparación para encarar el avance de la pandemia y la falta total de elementos de sanidad”, señalaba Nora Biaggio, quien denunciaba ya en abril la alarmante situación precaria de los geriátricos y los/las jubilados/as.

También se le suma que la semana pasada el Concejo Deliberante hizo un pedido de informe al Ejecutivo municipal luego que se denunciara que había al menos 52 geriátricos sin habilitación municipal ni provincial (Infoeme 28/8).

Las consecuencias de la pandemia y los contagios sobre los sectores más castigados por el sistema son claros: los y las jubiladas que perciben una jubilación mínima miserable, vulnerados por un gobierno que prioriza el pago de la deuda a los bonistas con dinero de la Anses. Lo mismo vale para los trabajadores, en este caso de la salud, desprotegidos por un gobierno que desde que empezó su mandato agravó la brecha entre ricos y pobres, no toma ninguna medida ante los miles de nuevos desempleados y no mueve un dedo para aumentar los presupuestos en salud o mejorar las condiciones laborales y de salubridad de trabajadores, lo cual repercute en altos porcentajes de contagios.

Ante este panorama alarmante, exigimos que las medidas sanitarios pasen a ser controlados por los/las trabajadores/as, por protocolos obreros, basta de despidos y de precarización laboral. Pedimos que se regularice urgentemente la situación de todos los geriátricos y de sus empleados. Que se restituyan los haberes jubilatorios, por el 82% móvil y un ingreso de emergencia de 30.000 pesos. No al pago de la deuda usuraria, que se destine ese dinero al aumento de los presupuestos de salud y previsión social.