Con bombos y platillos la cuestionada interventora en el Pami, Luana Volnovich, y el presidente Alberto Fernández (no menos cuestionado por haber mentido alevosamente a las y los jubilados) anunciaron pomposamente un nuevo sistema de atención en las prestaciones que ahora son un verdadero desastre. Según los anunciantes esta modificación significará una notoria mejora en la atención a las y los afiliados, quienes podrán elegir para las prestaciones médicas y estudios entre una cartilla de prestadores que la entidad ofrecerá, en reemplazo del sistema de cápitas.

Un primer análisis de cómo sería este nuevo sistema abre serias dudas sobre las “bondades” del mismo. Veamos. Los jubilados sabemos que la elección de las clínicas y sanatorios que contrata el Pami está fuertemente reducida a un puñado de entidades de baja consideración entre los afiliados. Eso se ve cada vez que alguien solicita cambio de sanatorio, y termina quedándose con el mismo para no entrar en “Guatepeor”.

Vamos ahora los números. Volnovich anunció que para ello el Pami recibirá una inversión de 70 mil millones de pesos. La cifra corresponde a dos años de gestión; es decir que el presupuesto anual será de 35 mil millones. En moneda constante, descontada la inflación anual, la inversión cae al 70% el primer año; y a la mitad el segundo año. Vemos aquí una cifra inflada. Pero además, los beneficiarios de dicha inversión serán las clínicas y sanatorios que adhieran al nuevo esquema, con un incremento en los valores de la prestación.

Dice también que los recursos serán generados por la propia obra social… el interrogante es si se avanza hacia un sistema arancelado… no lo dice.

Un sistema similar funciona en Ioma, conocida como la obra social de los maestros de la provincia de Buenos Aires, que también atiende a Policías y otros empleados de la provincia. Es común escuchar quejas de los afiliados por la baja calidad de las prestaciones. Funciona con un sistema de auditoría, que debe primero autorizar las prácticas médicas, en algunos casos pagando un arancel en la sede; y no se autorizan prácticas donde el diagnóstico sea “Control”. Es decir, que no funciona el principal factor que es la medicina preventiva. No es poca cosa.

Una vez que el afiliado recibe la conformidad tiene que solicitar turnos en algún prestador que por lo general tiene un cupo mensual para pacientes de Ioma. Esto debido a los atrasos en los pagos de la obra social. Si el nuevo sistema va a funcionar así ya sabemos que no funciona. También es sabido que el Pami cuenta 4,8 millones de afiliados, es la mayor obra social de América Latina y con las sucesivas intervenciones de los gobiernos de turno es una enorme “caja” cuyo control y manejo es objeto de disputas entre las camarillas gobernantes como claramente quedó en evidencia con el affaire Volnovich.

Como reiteradamente lo venimos reclamando, el Pami debe ser dirigido y controlado por los jubilados, y también por los trabajadores que aportan a la entidad.

Fuera la intervención del Pami.