La legisladora del frente oficialista “Vamos Juntos” en la Ciudad de Buenos Aires y médica, Ana María Bou Pérez, se refirió al VIH de manera estigmatizante y discriminadora como “peste rosa”. “Para decir de los equipos que están ahora en los hospitales: empezaron en el 83 con la peste rosa. Tuvimos otras epidemias y terminamos en 2007 o 2009 con H1N1” fueron las palabras exactas que utilizó la diputada de Cambiemos. Esto fue durante la sesión en la que el jefe de gabinete Felipe Miguel presentó el primer informe de su gestión.

El término “peste rosa” surgió en 1981 cuando aparecieron los primeros cinco casos del virus de inmunodeficiencia humana en jóvenes estadounidenses. El término lo acuñó la Iglesia para estigmatizar a la población LGBTI y responsabilizar a la comunidad del VIH, eliminando la responsabilidad del Estado.

En línea con los dichos discriminatorios de la legisladora, durante la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 en CABA surgieron denuncias de que en el carnet de vacunación se aclaraba que el motivo de la vacuna era el ser VIH+, incurriendo en una vulneración de derechos (artículo 2 de la Ley 23.798) por parte del gobierno de la Ciudad.

Estos dichos acerca de la “peste rosa” no son simplemente un exabrupto de parte de la exministra de salud porteña (2015-2019), cuya política fue el recorte sistemático de la salud pública. En relación al presupuesto 2021, se proyectó un aumento de los impuestos del promedio 39%. Sin embargo, si tomamos en cuenta las respectivas inflaciones proyectadas, se puede dilucidar que se presentaron presupuestos de ajuste en las áreas que resultan esenciales, como en salud que cayó casi un 6%.

La (no) respuesta al VIH de parte del Estado y los gobiernos provinciales

En marzo renunció Cecilia Santamaria, extitular de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio de Salud, a cuatro meses de haber asumido luego de que el exdirector, Sergio Maulen, abandonara su cargo. Ambos directores renunciaron denunciando el desfinanciamiento del sector. Esto se dio en el marco de la llegada de la segunda ola y la falta de acceso a la salud de parte de la población con VIH. El desfinanciamiento en salud por parte del compromiso del pago de la deuda externa obstaculiza que se puedan desarrollar políticas de prevención, lo que se traduce en reducción en la entrega de retrovirales y falta de métodos anticonceptivos.

De hecho, durante la pandemia cayeron los tests de VIH en un 50%. Esto se relaciona con que los escasos recursos que el Estado decide volcar para la realización de estos testeos disminuyeron, ya que fueron transferidos para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En Argentina, más de 136 mil personas conviven VIH y alrededor del 17% desconocen de su estado serológico. El 67% de las personas con VIH se atienden en el sistema público. A su vez, el país registra alrededor de 4.800 casos de VIH anualmente.

Durante el 2020, 60 mil personas se encontraban en tratamiento con retrovirales en el sistema público de salud. El presupuesto de la Dirección de Sida, Hepatitis, Tuberculosis y ETS fue de ajuste e implicó una disminución del 11% respecto del año anterior. Las compras disminuyeron entre 2019 y 2020. Las subas del dólar, por su parte, repercuten directamente en el precio de los medicamentos, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría son producidos por transnacionales. Según la Fundación GEP, esto significa que 30% menos de las personas van a poder tener acceso a sus tratamientos.

El laboratorio privado Richmond, el mismo que produce las dosis de la vacuna rusa Sputnik V en la Argentina, vendió el compuesto Darunavir + Ritonavir con un 200% de aumento, utilizado para el tratamiento de alrededor 19 mil personas en el país. El compuesto Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg comercializado por Elea tuvo un aumento del 1.300%.

El Sofosbuvir, que se utiliza para el tratamiento de la hepatitis C, registró un aumento de 1.860% entre 2018 y 2020. En 2019 no se registraron compras públicas de medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad.

De conjunto, en 2020 pagamos más del 65% de aumento en antirretrovirales. Planteamos la producción nacional y 100% estatal de retrovirales, ya que los productos nacionales privados mantienen los precios internacionales.

Basta de estigmatización a las diversidades sexuales y de género

Repudiamos los dichos de la legisladora Macrista Ana María Bou Pérez, quien refuerza la discriminación hacia la diversidades sexuales y de género en la “ciudad friendly” de Larreta. Estas palabras discriminatorias son parte de una ofensiva oscurantista que se vio reflejada también en el debate de diputados y senadores, donde muchos diputados oficialistas votaron contra la ley de cupo laboral. Es el mismo gobierno que desfinancia y encorseta la formación en ESI, pero financia la educación privada en manos de las Iglesias, política compartida por todos los partidos defensores del régimen capitalista. Es por eso que llamamos a todo el colectivo LGBTI en permanecer en las calles para exigir tanto a Larreta como al gobierno nacional el cumplimiento de las normativas vigentes. Vamos por la implementación de la ley Lohana Berkins-Diana Sacayan a nivel nacional y por los cupos en la ciudad. Aumento de presupuesto en salud e inversión para la producción nacional de medicamentos antirretrovirales. Financiamiento para la ley de Identidad de Género y separación de la Iglesia y el Estado.

 

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