Hace unos días atrás, la farmacéutica Pfizer emitió un comunicado desmintiendo la denuncia realizada por Patricia Bullrich sobre la existencia de un pedido de coimas por parte del gobierno nacional hacia el laboratorio como condición para avanzar en la compra de vacunas. Por este motivo la presidenta del PRO se desdijo, sin embargo, el oficialismo anunció que iniciará una demanda legal en su contra. Lo que sí es claro es que tanto el gobierno como la oposición de Juntos por el Cambio coinciden el algo: respetar a rajatabla la confidencialidad de los contratos que se realizan con los laboratorios que proveen vacunas, donde la inmensa mayoría de la población desconoce en qué consisten esos acuerdos.

Las condiciones leoninas que reclamaba Pfizer para cerrar un acuerdo con Argentina fueron reveladas por medio de una investigación periodística publicada en el Ojo Peruano. Los funcionarios del gobierno jamás dieron detalles sobre cuáles eran esas exigencias, se limitaron a informar que el laboratorio buscaba una indemnidad jurídica en caso de negligencia. No obstante, el medio peruano sacó a la luz que uno de los pedidos de Pfizer era que el país aportara activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares como garantía contra posibles juicios contra la empresa por daños relacionados con la aplicación de dosis. Esto cuando el Estado nacional destinó recursos públicos para los ensayos clínicos de dicha vacuna, cuya apropiación no solo es privada sino que por el momento no forma parte de las que se distribuirán en territorio argentino. Ahora que se retomaron las negociaciones con Pfizer, nuevamente las discusiones se desarrollan a espaldas de la población.

Los acuerdos a libro cerrado son el rasgo distintivo de la totalidad de los contratos con las empresas que producen vacunas. Por lo tanto, las mayorías estamos a merced de los plazos, los precios, las cantidades y los requisitos que imponen estos pulpos farmacéuticos. Esta política ha dado como resultado  que de 51.591.000 dosis que encargó el gobierno en el mercado solo hayan arribado 12.879.304 y el cronograma hacia adelante sea difuso. Los laboratorios que aletargan la entrega no reciben ningún tipo de sanción por este incumplimiento. Un verdadero cheque en blanco.

Las cláusulas de confidencialidad generan una total incertidumbre sobre lo que ocurrirá con las dosis de Sputnik V y Sinopharm que se fabricarán en territorio nacional. La información que se brinda es opaca y no hay certeza de cuánto de lo producido quedará en el país. Por otra parte, ha trascendido de que el laboratorio Richmond, a cargo de fabricar la Sputnik V en Argentina, tendrá un costo de fabricación de un dólar por dosis mientras que el precio de venta será de 15 dólares por cada una. Como se ve, el gobierno otorga licencias priorizando el lucro capitalista a costa de los fondos públicos. El monitoreo popular de las mismas evitaría tamaño negociado financiado con la plata del pueblo. Negociado que, además, no asegura vacunas para todos.

Mención aparte merece la decisión gubernamental de otorgarle la licencia para la fabricación local de la Sinopharm al laboratorio Sinergium, perteneciente al grupo Insud. Nada menos que el grupo liderado por Hugo Sigman, uno de los responsables de que las 55 millones dosis de AstraZeneca que se produjeron en el laboratorio mAbxience hayan sido enviadas a México y recién ahora estén regresando al país, a cuentagotas, cuando deberían haber empezado a llegar en diciembre.

El secretismo a la hora de comprar vacunas habilitó que los actores involucrados en el retraso en la llegada de las dosis  de AstraZeneca eludieran su responsabilidad en el asunto. Sigman “le pateó la pelota” al laboratorio mexicano Liomont, encargado del envasado. Por su parte, desde México nunca especificaron de manera oficial a qué se debía precisamente la demora en el envasado. Las declaraciones del secretario de relaciones exteriores de allí, Marcelo Erbrad, afirmando que “recién ahora se pudieron encontrar los estándares de calidad que requiere el órgano de control” siembra sospechas sobre que se eligió una envasadora que no contaba con la autorización del órgano de control mexicano. Los presidentes de AstraZeneca, a turno, tampoco dieron explicación alguna. Por otro lado, se desconoce la causa del retraso en el envasado del lote que fue desviado a una planta de la empresa en Albuquerque, Estados Unidos, supuestamente para agilizar el proceso debido a las demoras sufridas en el laboratorio Liomont. Estas últimas recién ahora estarían viniendo a Argentina.

Es decir, improvisación pura, ganancias millonarias para los empresarios que participan en este acuerdo comercial -el Estado nacional ya pagó el 60% de las 22 millones de dosis que encargó-, incumplimiento en la provisión de vacunas y ninguna rendición de cuentas ni sanción para los responsables. Sin ir más lejos, Alberto Fernández nunca atinó a incautar las dosis que se fabricaban en Garín para completar el envasado en Argentina, cuando existe capacidad técnica en el país para desarrollar esa tarea. Por el contrario, condenó a la población a una larga espera sin vacunas suficientes y ahora presenta como un logro la llegada de un puñado de dosis.

Finalmente, las cláusulas de confidencialidad se suman a la larga lista de desventajas que tiene la población frente a los monopolios de las vacunas, los cuales se apropian de las patentes de las mismas impidiendo que otros laboratorios puedan producirlas. Debemos exigirle al gobierno la apertura de todos los contratos para la compra de dosis, como así también la puesta en pie de una fabricación nacional a gran escala de vacunas, bajo control de un comité médico-científico, utilizando todos los recursos -públicos y privados- del país para tal fin. Como primer paso, es necesaria la intervención del laboratorio mAbxience y la incautación de las dosis producidas allí para proceder a envasarlas localmente. Esto implica dejar de lado las ganancias de los laboratorios y priorizar el acceso masivo a la vacuna. Este plan debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda externa usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.

 

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