Esta madrugada, el presidente Alberto Fernández se acercó a Ezeiza a recibir un millón de dosis de la vacuna Sinopharm provenientes de Beijing en celebración de que Argentina alcanzó las 10 millones entregadas en el marco de la campaña de vacunación “más grande de nuestra historia argentina”, como la bautizó el gobierno. Más allá de la demagogia que representa el acto, la contracara del festejo del presidente son todas las dosis que no se entregaron: más de 55 millones.

Recordemos que, en octubre de 2020, el presidente anunciaba que para finales de ese mismo año iba a haber “millones de argentinos vacunados”. En diciembre, cuando firmó el contrato con Rusia, dijo que antes de fin de año llegarían 600 mil dosis, que se completarían con 20 millones más entre enero y febrero. En el caso de AstraZeneca, que involucra también al empresario argentino Hugo Sigman y al laboratorio mexicano Liomont, el contrato estimaba más de 22 millones de dosis para el primer semestre.

Aunque estamos muy lejos de haber recibido lo pactado, los laboratorios han salido indemnes de la situación. Peor aún, en la conferencia de prensa que protagonizó el presidente unas horas más tarde se mostró orgulloso de tener al “95% del personal de salud vacunado y al 70% de los adultos mayores”. La realidad es que la mayoría de esos grupos no recibió la segunda dosis y que, ya entrada la segunda ola, vemos las consecuencias del retraso en las entregas, como lo son el aumento de la mortalidad y de las hospitalizaciones.

¿Escasez mundial o monopolio de la producción?

El gobierno adjudica el problema a la escasez mundial de vacunas. Sin embargo la escasez es relativa, porque Estados Unidos notificó que tiene al menos 60 millones de vacunas AstraZeneca que compró y no tienen destino asignado, que no se aplican porque están a la espera de los resultados de la última fase del ensayo clínico en dicho país. En el mientras tanto cientos de países podrían utilizarlas para inmunizar a su población.

Entre estas dosis “de sobra” hay una parte cuyo principio activo fue producido en Argentina, millones de dosis que iban a ser enviadas a América Latina desde México pero que fueron desviadas a EE.UU. -supuestamente por falta de elementos para el envasado. Ello fue reconocido por la ministra Carla Vizzotti, que se reunió con la encargada de negocios de la embajada estadounidense intentando destrabar el conflicto con AstraZeneca y de iniciar la importación además de oxígeno medicinal, otro elemento faltante en nuestro país.

La situación generada por los retrasos en el cumplimiento de los contratos mientras la pandemia sigue haciendo estragos abrió un debate sobre las patentes de las laboratorios que permite la monopolización de la fabricación de las vacunas, aún cuando su prevalencia en medio de una pandemia pone en riesgo la vida de la población. Frente a esto, en la Cumbre Iberoamericana Alberto Fernández se pronunció contra la liberación de las patentes, poniéndose de la vereda de enfrente de los reclamos de incautación de las dosis de expertos científicos, referentes sociales y organizaciones políticas reclaman ante la aguda situación sanitaria que atraviesa el país y la región.

La exportación de las vacunas

En este escenario de acaparamiento, distintos países han tomado medidas para garantizar su propia provisión. China decidió cesar la exportación de las vacunas Sinopharm en vistas de un incipiente rebrote del virus en su país, por lo que la entrega de hoy a Argentina será la última en un largo tiempo. En India, frente a la catástrofe sanitaria, el gobierno se vio obligado a suspender los envíos al exterior y las entregas del mecanismo Covax; se trata de uno de los mayores productores de vacunas del mundo, que solo tiene al 10% de su población inoculada -incluso posee contratos muy similares a los de Argentina con AstraZeneca, ya que el Instituto Serum produce vacunas del laboratorio sueco-inglés para luego ser exportadas en su totalidad.

Al mismo tiempo, la Unión Europea está encarando demandas legales contra AstraZeneca por incumplimiento de la provisión establecida por contrato, que estipulaba la llegada de 120 millones de dosis para el primer trimestre de las que solo entregó 30 millones. Estados Unidos, por su parte, concentró primero el 100% de su producción en autoabastecimiento: en marzo se fabricaron allí 164 millones de dosis y no se exportó ninguna.

Alberto Fernández podría tomar la decisión de cesar la exportación sino fuese por su subordinación al imperialismo y el peso del lobby de las farmacéuticas en el gobierno. Nuestro país podría incautar las dosis del laboratorio mAbxience de Hugo Sigman y completar el proceso de envasado de la vacuna de AstraZeneca en el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC y en el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. De hecho, la noticia de la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina demuestra que existe la capacidad productiva y tecnológica suficiente. Por supuesto, esto significaría hacerle frente a los laboratorios con casas matrices en países como Inglaterra y Estados Unidos, y a sus socios económicos más importantes como Sigman y Marcelo Figueiras (Richmond).

Donde mejor se expresa esto es en los contratos firmados con las grandes farmacéuticas. En el caso de AstraZeneca implicó fijar una dependencia de Argentina respecto de los insumos de Estados Unidos y de México para el envasado, de manera que la escasez no es más que el resultado del monopolio pactado por el propio gobierno. Es una muestra de la subordinación del país a la especulación capitalista, cuyo máximos exponente es la confidencialidad de los contratos, lo que les valió a las empresas la posibilidad de establecer condiciones leoninas, blindajes jurídicos y de pago diferenciales para cada país. El secreto comercial capitalista se revela así como contrapuesto a la salud de la humanidad en su conjunto. La publicación de los contratos y el sometimiento a un control popular es de primera necesidad, especialmente cuando se han puesto en marcha las tratativas con Pfizer

El gobierno “de los científicos” no es más que el gobierno de los laboratorios. Mientras la población sufre las consecuencias de una campaña de vacunación extremadamente limitada y la falta de medidas acordes a la situación sanitaria, Alberto Fernández defiende el negocio a los privados. Enfrentar esta política con un programa de intervención de los trabajadores está a la orden del día, que tenga como primeras medidas la liberación de las patentes, la confiscación de las dosis producidas en Argentina y la intervención y centralización de los laboratorios e institutos de investigación bajo control de los trabajadores; de esta manera, amplificar la producción y garantizar vacunas para Argentina y Latinoamérica.