El gobierno nacional, en un acto de cinismo puro, salió al cruce de las empresas de medicina prepaga, por intermedio del ministro Luis Caputo, contra los aumentos desmedidos que acumulan en cuatro meses casi un 165%, luego de la liberalización de precios decretada por el oficialismo. El gobierno es más que socio de las privadas en esta “guerra contra la clase media” y los trabajadores, impulsando aumentos superiores en los servicios y combustibles, que golpean los bolsillos de la población.

Caputo se expresó al respecto de las prepagas por la red social X, donde señaló que desde la medicina privada “le están declarando la guerra a la clase media”. En efecto, estamos ante un sector que explotó al máximo la liberalización de precios del gobierno, con aumentos del 40% en enero, 27% en febrero, 20% en marzo y 19% en abril.

El gobierno intenta “empatizar” con la población afectada pero es el principal proveedor de políticas de ajuste contra los trabajadores. No solo por la habilitación indiscriminada de aumentos en rubros significativos como el de salud, sino porque actualmente impulsa aumentos de entre 400 y 500% en el servicio de gas, más del 200% en el agua y aumentos de igual rigor en todos los componentes de las tarifas de luz.

Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media.
Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 8, 2024

Las entidades que nuclean a las prepagas (Cimara, Ademp y Cempra) solicitaron una reunión con el gobierno tras señalar que los aumentos responden a un supuesto atraso en la cobertura del costos de las prestaciones que ofrecen. Sin embargo, la fórmula preexistente contemplaba los aumentos de los costos de las prepagas según el Índice de Costos de Salud, que integraba gastos en personal, medicamentos, gastos generales e insumos.

Cabe agregar que al tiempo que las prepagas comenzaron con los aumentos significativos, mensuales y acumulables, los colegios y entidades de profesionales y prestadores salieron a denunciar que las empresas de medicina privada mantenía congelados los convenios y aranceles por prestación, por lo cual adicionarían un copago para la atención de los afiliados a las mismas.

Las prepagas dicen que el problema es la actualización de gastos, pero pasados los aumentos no se registran subas equivalentes en el abono de las prestaciones descentralizadas, los convenios ni el personal profesional y médico. Una estafa.

Los aumentos en las coberturas de la medicina prepaga llevaron a una salida abrupta de parte de los afiliados, quienes ya no pueden cubrir planes familias que superan los $250.000. La política del gobierno, a su vez, agrava esta situación, debido al vaciamiento de las obras sociales y los recortes en los fondos solidarios y compensatorios, y el vaciamiento en la salud pública, que se encuentra colapsada.

También a una creciente judicialización de los aumentos con amparos individuales y colectivos contra la mayoría de las entidades del rubro. Tal es el crecimiento de las presentaciones judiciales que un juez debió “cerrar las adhesiones al amparo colectivo presentado contra el Hospital Italiano, con 700 demandantes y otros 400 qe no pudieron ingresar al expediente de más de 10.000 fojas. La cantidad de demandas está colapsando el sistema judicial federal, mientras que otras jurisdicciones se declaran incompetentes.

A su vez, las empresas muchas veces desconocen las cautelares libradas por los mismos juzgados, que obligan a retrotraer el precio de las cuotas, lo que requiere más presentaciones legales y el miedo a no recibir la cobertura en caso de no abonar las cuotas fijadas por las empresas.

Entre las justificaciones del gobierno para proceder a la liberación de precios se encuentra la de supuestamente favorecer la “libre competencia” del mercado para la regulación de precios. Sin embargo, el propio Caputo debió reconocer que este –como muchos otros- se trata de un mercado acaparado por “6 u 8 empresas”, que dominan la posición e imponen los precios de la medicina.

El gobierno de Javier Milei es el que lidera la guerra contra la clase media y los trabajadores, con aumentos, tarifazos y despidos. Mientras Caputo dice que a las prepagas “se les fue la mano”, el gobierno pisa los acuerdos salariales, con la no homologación de convenios que superan la pauta oficial, para que no superen la inflación: es decir que maneja una doble vara, de clase.

Como medida inmediata se deben retrotraer los aumentos de las prepagas a valores de diciembre del 2023, para luego intervenir el sector y auditar los costos reales del sistema de salud privado, bajo control de trabajadores y afiliados, y así determinar el precio de un servicio que debe ser accesible al conjunto de la población y con cobertura integral d las prestaciones, y correcta retribución a trabajadores y profesionales.

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