Las empresas de medicina prepaga reclaman nuevamente el aumento de las cuotas de los afiliados, esta vez a través de la ampliación del recurso administrativo que habían realizado meses atrás. De esta manera, están a punto de recurrir a la justicia para que el gobierno les permita una nueva suba que se agregaría al 7,5% ya otorgado este año.

Las entidades agrupadas en la Unión Argentina de Salud piden un ajuste en los planes amparándose en la ley de prepagas que establece que se “autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”. Según estas, el “atraso” en las cuotas es del 36%, que junto a “los gastos de la pandemia” y los aumentos en los precios de los medicamentos -algunos del 1.300%-, generan un descalce entre los ingresos y los egresos del 60%. Pero lo cierto es que esto es incomprobable, puesto que los libros contables de las empresas están sellados y no hay forma de comprobar si efectivamente tienen pérdidas ni, en caso de necesitar un ajuste de las cuotas, de cuánto debería ser el aumento.

Vale la pena mencionar que son las mismas empresas que fueron beneficiadas durante el 2020 con la exención de los aportes patronales (que el gobierno extendió pocas semanas atrás), además de haber recibido el ATP y, ahora, el Repro II, para el cual ni siquiera requieren presentar balances. También son aquellas que han sido denunciadas por los trabajadores de la salud por haber llevado adelante un vaciamiento de sus clínicas y sanatorios durante la pandemia, reduciendo la cantidad de personal, de camas UTI y de respiradores, hasta incluso haber cerrado las puertas de algunos centros de salud.

El reclamo también es por el incremento en el precio de los medicamentos más utilizados en la terapia intensiva, como los anestésicos, relajantes musculares y analgésicos, que tuvieron su aumento principalmente en el 2020. Sin embargo, en abril el gobierno cerró un nuevo acuerdo con los laboratorios productores que en algunos casos llega al 63%, como en el bromuro de pancuronio. El fentanilo, por ejemplo, pasó en un año de costar $32 la ampolla a $320 (900%); la ampolla de midazolán de $32 a $425 actualmente (1.218%). Lo que esconden estas subas indiscriminadas es el carácter privado y monopólico de la fabricación de medicamentos, donde los pulpos farmaceúticos sacaron provecho de la cantidad de internaciones en el contexto de pandemia y mayor uso de las drogas mencionadas, y se encontraron con un gobierno que les dio rienda suelta para llevarlo adelante.

Así, las empresas prepagas exigen mayores subsidios o la habilitación de los aumentos para “hacerle frente a los costos”, trasladando la carga a los usuarios o los fondos públicos. No solo tienen a los usuarios de rehén, sino también a sus propios trabajadores profesionales de salud, como trascendió en los últimos días a través de la noticia de que buscarían suspender las paritarias 2021 del sector. La Federación Argentina de Prestadores de la Salud (FAPS) declaró que “hasta que no haya solución definitiva para actualizar los aranceles, no hay manera de aumentar los salarios porque aumentan los medicamentos, los insumos importados y la mano de obra en medio de un fuerte aumento de los contagios, con terapias intensivas llenas y sistemas de ambulancias al rojo”. La extorsión es simple: si no se les habilita el aumento en las cuotas o se les otorga nuevos beneficios en forma de subsidios o exenciones patronales, las consecuencias las van a sufrir los trabajadores de la salud. Pero si se habilita el aumento, lo sufrirán los usuarios. También repercute en las obras sociales, quienes por lo general establecen contratos de tercerización con estos grupos privados, por lo que la crisis en el sector se trasladará a los afiliados a través de una disminución en los servicios que se ofrecen y cartillas más acotadas. Por cualquiera de los dos caminos es la clase obrera la que absorbe el conjunto de la crisis.

El problema radica en que el gobierno ha permitido que la medicina y los laboratorios privados continúen su lucro con la salud en un contexto extremadamente delicado, con el sistema sanitario transitando un absoluto colapso y sin inversión en el sector público. En el mientras, no se avanzó en la centralización para evitar tocar las ganancias y negocios de las empresas, pero a costa de la salud de los trabajadores. Incluso esta orientación fue confirmada por el gobierno en los últimos anuncios oficiales, donde Alberto Fernández habló de un “reforzamiento” del sistema de sanitario que comprendió solo partidas para vacunas y un bono de $6.500 para trabajadores de la salud, ambos ya anunciados. Es decir que no hubo nuevos anuncios ni partidas presupuestarias para enfrentar la pandemia, demostrando que, incluso en este contexto, para el gobierno prima el ajuste.