Después de que la pandemia pusiera en evidencia la situación desastrosa de vaciamiento del sistema sanitario argentino, el gobierno aprovecha la baja de casos de Covid para presentar un presupuesto 2022 de ajuste. En caso de aprobarse el proyecto de ley, se recortará el dinero destinado a salud en un 13%; un ajuste redactado por el FMI que hasta se ubica por encima del recorte macrista del 2019.

Sucede que los gastos proyectados para 2021 giran en torno a los 336.345 millones de pesos, equivalentes a un 3,45% del total del presupuesto 2021; allí se incluyen las partidas extras asociadas al combate de la pandemia, como la compra de vacunas, el bono a los trabajadores de la salud y…la baja de las contribuciones patronales de la medicina privada, extendidas hasta diciembre del corriente. Para el presupuesto 2022, el gobierno de Alberto Fernández autorizó 388.764 millones, iguales al 2,92% del total. No solamente ocupa un menor volumen dentro del gasto nacional, sino que si se lo traslada a los precios de 2021 la partida es sensiblemente menor: 292.303 millones, con una diferencia en términos reales del 13,09% de un año a otro. Siguiendo esta línea, disminuye su importancia en términos de porcentaje en el PBI, ya que mientras en 2021 fue del 0,81, el próximo será solo del 0,65.

Otro año donde la salud pública pierde

El gobierno asegura que en realidad no es un recorte, sino que se debe a los gastos extras de 2021 por la pandemia, admitiendo que recortará incluso las escasas partidas que pusieron en pie para afrontar el peor momento del sistema sanitario y del cual aún no se recupera. Vale recordar que en diciembre de 2020, cuando aún estábamos atravesando los vestigios de la primera ola, el gobierno envió un proyecto de ley que no preveía rebrotes incluso cuando el resto del globo rebalsaba de contagios. Para la cartera de salud proyectó un 9% menos que en el presupuesto del año anterior, que luego se vio obligado a ampliar ante la urgencia en la compra de vacunas, la catástrofe sanitaria y el reclamo de los trabajadores de la salud. Justamente como no tenía presupuesto, armó un paquete extra, y aprovechó la improvisación para ejecutarlo a discreción. Así es como al día de hoy, cuando la segunda ola ya pasó, ejecutaron solo un 60%.

Sin embargo, el paquete Covid 2da ola dispuesto para mitigar la pandemia surtió poco efecto en tanto llegó tarde y no afectó el grueso de las condiciones sanitarias. De los 270.600 millones extras para salud hasta la presentación del presupuesto el 15 de septiembre solo se habían usado 161.000. Si restamos lo que fue para vacunas, encontramos que el 40% corresponden a bajas de las contribuciones patronales, que fueron directamente a subsidiar a las empresas de la medicina privada. El subsidio está previsto que alcance los 55.200 millones a fin de año, superando el 58%.

El hecho de que prácticamente el 34% del total de la extensión presupuestaria se lo haya llevado la medicina privada demuestra las profundas relaciones entre el gobierno y las patronales de la salud, a quienes les garantizó el sostenimiento de su ganancia incluso mientras estás cerraban hospitales, como sucedió con la Clínica San Andrés. Por eso mismo no avanzó en la centralización del sistema, en un escenario pandémico que requería poner el conjunto de los recursos a disposición de la población. Además, el gobierno les aseguró la baja de las contribuciones hasta diciembre, aunque no está nada dicho sobre qué pasará luego de ese plazo; no sería la primera vez que logran extenderla a través del chantaje con el aumento de las cuotas de los afiliados o la cancelación de la paritaria para los trabajadores del sector. El gobierno hace como que la crisis del sector sanitario es cosa del pasado para recortar en salud pública, un servicio fundamentalmente de y para los trabajadores, pero no aplica el mismo plan para las empresas de la medicina.

Otra porción de la partida mencionada fue el bono de 6.500 pesos por tres meses entregado a los trabajadores de la salud, que le permitió al gobierno disimular una paritaria que deja los salarios en niveles de hambre. Es precisamente gracias a esa política de bonos que para el año que viene no está presupuestado ninguno de ese estilo, y por lo tanto los trabajadores de la salud van a seguir cobrando salarios por debajo de la canasta familiar. La inversión en infraestructura, construcciones de hospitales modulares y centros sanitarios se llevó la peor parte, un 5% de la totalidad del paquete.

En la misma sintonía se muestra Rodríguez Larreta, quien hizo un trabajo fenomenal para evitar mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, por ejemplo esquivando cualquier discusión sobre la profesionalidad de la carrera de Enfermería. No podría haberlo hecho sin su cómplice Alejandro Amor, burócrata de los municipales de CABA, candidato a legislador por el FdT y responsable de la parálisis de la lucha dentro del sindicato.

A su vez, las recientes denuncias de despidos masivos de enfermeros y otros profesionales que fueron contratados precariamente durante la pandemia -particularmente en el Durand, donde se vieron afectados más de 110 trabajadores- demuestra que el gobierno de la Ciudad está buscando eliminar los dispositivos puestos en pie para enfrentar el Covid, que terminaron siendo un pilar importante de la salud pública debido a la escasez de profesionales previa al estallido de la crisis sanitaria, consecuencia de la política sanitaria de recorte de los sucesivos gobiernos. En el mismo sentido avanza sobre las concurrencias para transformarlas en posgrados pagos bajo la dirección de las universidades, un nuevo modelo que implica que deberán pagar para trabajar y formarse.

Este es el costo que tiene la orientación de diseñar el presupuesto para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Es por eso que la defensa de la salud implica la lucha contra este plan de ajuste y contra todo programa fondomonetarista. Por una ampliación en el presupuesto nacional, aumento salarial para los trabajadores de la salud, pase a planta y contratación de más personal. Centralización de todo el sistema sanitario que incluya hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de investigación. Inversión para ciencia y técnica para el desarrollo de una vacuna nacional contra el coronavirus, con producción en plantas locales bajo financiamiento estatal y control de investigadores, profesionales y trabajadores en general. Para financiar dicho programa es necesario el cese del pago de la deuda y la ruptura con el FMI, de manera que se pongan como prioridad las necesidades de los trabajadores.