Carla Vizzotti, la ministra de Salud, anunció en conferencia este miércoles que el Instituto Gamaleya de Rusia aprobó el control de calidad sobre los lotes producidos en el país de Sputnik-V. De esta forma, se va a dar inicio a la producción de la vacuna por el grupo Richmond.

Como ya señalamos previamente, el acuerdo mediado por el gobierno nacional se trata de un acuerdo congeniado entre privados. Cuando en abril se hizo formal el anuncio de la producción de estos lotes “piloto”, los voceros de Richmond aclararon en tiempo récord que no tenían por contrato ninguna obligación de proveer el 100% de la producción a la vacunación interna.

Estas declaraciones, que pasaron inadvertidas en su momento, fueron torcidas por completo; y ahora Marcelo Figueiras, el dueño del grupo farmacéutico, se ha paseado por varios medios haciendo gala de que se priorizaría la vacunación a la población argentina. Incluso hasta alegó que “Richmond las produce, pero las vacunas son del Estado”. Algo que no modifica la dinámica de un negociado millonario entre monopolios farmacéuticos.

Veamos. El Fondo Ruso de Inversión Directa (Rdif) logró un acuerdo con Richmond que fue facilitado por el gobierno nacional. Todo este proceso para obtener la licitación y comenzar a producir el lote a ser testeado en Rusia se fue tejiendo en silencio, por tanto es que el anuncio fue repentino. De este modo, la Sputnik Vida se comenzará a fabricar y envasar por Richmond, que desarrollará para ello un laboratorio de alta complejidad en un plazo máximo de un año en Pilar. Allí el grupo empresarial ya tiene actualmente su sede, que fue financiada en un 60% por el propio grupo farmacéutico y en un 40% con un crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Esta planta, a su vez, ya había sido inaugurada previamente con el propósito de aumentar la producción de medicamentos contra el VIH, oncológicos y contra enfermedades que afectan al sistema nervioso. Cabe recordar que Figueiras es un proveedor desde hace larga data de este tipo de medicamentos al sector público, habiendo quedado envuelto en un escándalo en 2008 por ser el grupo Richmond a quien el Estado le compraba de manera irregular fármacos contra el VIH que no habían sido aprobados por Anmat.

Ahora bien, el plazo que Richmond tiene para finalizar sus nuevas instalaciones es de un año desde anunciado el acuerdo. Mientras tanto, se supone, sin que haya mucha información clara al respecto, la producción debería comenzar en las instalaciones ya existentes, pero hay un detalle escondido bajo la alfombra que no hay que perder de vista.

En el memorándum de entendimiento entre Richmond y Rdif, que fue la carta de presentación del acuerdo, aparece un tercer actor: Figueiras menciona como parte del mismo sin ninguna explicación al respecto a Hetero Labs, un laboratorio que es “aliado estratégico” de Richmond en la India. Hay versiones que indican que se “adelantaría trabajo ya desarrollado por ellos”, lo que abre la posibilidad de que la Sputnik Vida no comience a producirse, al menos en lo inmediato, en la Argentina.

De igual forma, trascendió que Richmond le vendería la vacuna al Estado nacional a un precio aproximado de 15 dólares, mientras su costo de producción sería ¡de un dólar!. En un artículo publicado el 1 de abril en el portal France24 titulado “Vacunas con mordaza: el secretismo en torno a los contratos en Argentina”, se señala que una de las pocas informaciones sobre el tema que el Estado dio a conocer es que en el acuerdo sellado el 9 de diciembre de 2020 por la compra de 20 millones de unidades de Sputnik V, el precio por dosis era de 10 dólares.

Es decir que Richmond le vendería al Estado nacional incluso un 33% más caro de lo que le costó comprarle las unidades de Sputnik directamente a Rusia. Esto no es nuevo en el historial de Figueiras: otro escándalo público que lo abrazó en el año 2009 fue por, justamente, venderle medicamentos contra la gripe porcina en pleno curso de la epidemia con sobreprecios al Estado.

Este acuerdo anunciado entre bombos y platillos por el gobierno nacional es un fiasco. Incluso en los términos en que sigue siendo un negociado capitalista, tampoco implica una posibilidad efectiva de poder acelerar la compra de vacunas; el precio por dosis no solo que no baja, sino que aumenta. Y, además de todo, se plantea la posibilidad de que durante un plazo determinado haya que irlas a buscar a la India.

Rechacemos este acuerdo farsesco, que es en lo concreto un negocio multimillonario para el grupo Richmond, para Hetero Labs y para el Rdif, que ahora ubicará una sede de producción para extender su ganancia en América Latina en nuestro país. Más que nunca: hay que liberar de inmediato las patentes de las vacunas, abrir los acuerdos confidenciales con los laboratorios privados e intervenir a estos últimos, para poner todos sus recursos a disposición de un plan de elaboración masivo de vacunas llevado a cabo por un comité de médicos y científicos independiente.

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