26/08/2021

Propuestas para un Plan de Salud Mental en CABA

Se presentó en Parque Rivadavia con Gabriel Solano, Ángel Barraco, Ileana Celotto y miembros del Equipo de Salud Mental.

Andrés/ Ojo Obrero Fotografía

Las siguientes bases para un Plan de Salud Mental en CABA fueron elaboradas por el equipo de Salud Mental del Partido Obrero que, junto al precandidato a legislador porteño Gabriel Solano, coincidieron en señalar la necesidad de revertir la crisis terminal que atraviesa el área en la Ciudad, producto de décadas de vaciamiento, y la lógica manicomial que continúa imperando. Este Plan propone volver a colocar a las personas como ejes del sistema, y no las “patologías”. Sus puntos salientes representan un golpe al lucro privado, que debe subordinarse a la esfera púbica; la intervención de los trabajadores y sus organizaciones en las decisiones del comité de aplicación; la protección de los derechos de los trabajadores del área y la implementación de las leyes de salud mental.

El equipo de Salud Mental está integrado por Ángel Barraco, corredactor de la ley 448 de salud mental de la Ciudad y precandidato a legislador; por Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, psicóloga y precandidata a diputada; y por referentes y activistas de la Salud Mental, de las residencias y concurrencias, de los prestadores en discapacidad, y de las agrupaciones Apel Salud Mental, EPA! y Residentes y Concurrentes en Tribuna Municipal.

El estado de situación de la Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires presenta un cuadro de total gravedad. Esto se debe a una combinación de factores, resultado del vaciamiento y ajuste de décadas.

En el marco de su sistema de atención, exhibe al sector público, por un lado, inadecuado para las demandas de la población y por otro devastado, producto de las continuas políticas de ajuste, a lo cual, debemos sumar las consecuencias de la inacción gubernamental frente a la pandemia. Inadecuación y devastación, resultan claros efectos de las políticas de los gobiernos de la ciudad y nacional en las dos últimas décadas, incumpliendo leyes de salud mental de CABA y Nación y desfinanciando el área pública estatal, favoreciendo así la mercantilización y privatización de la atención en favor de las empresas de salud (prepagas y tercerizaciones de las obras sociales). Cabe consignar que, en complicidad con los gobiernos, también operan en defensa de sus particulares intereses, sectores corporativos de la medicina, la psiquiatría y las burocracias gremiales, afectando así a la población respecto de su atención y a trabajadoras/es en sus derechos laborales.

Para los partidos gobernantes, la salud mental no es un tema de importancia y de “agenda política”. Al contrario, cada vez con mayor frecuencia abordan las problemáticas de salud mental bajo un prisma represivo, en un nuevo intento de criminalización del padecimiento. A grandes rasgos, no les importa las miles de personas que absurdamente continúan encerradas en instituciones manicomiales; los miles de jóvenes que atraviesan y padecen consumos problemáticos (adicciones), cautivos en “comunidades terapéuticas” privadas y religiosas; las miles de mujeres que sufren violencia de género; ni un amplio espectro de otros padecimientos en la población, que no son considerados ni atendidos consecuentemente por la desidia estatal, que desconoce y transgrede derechos adquiridos.

Debe quedar claro que estamos denunciando que éste estado de situación presente implica a vastos sectores de la población, atravesados por una diversidad de padecimientos mentales que, al contrario de las afecciones orgánicas cuantificables, no son registrados estadísticamente como correspondería. Desde hace varias décadas, no se han realizado en la Ciudad estudios y relevamientos epidemiológicos, herramienta insustituible para saber qué y quienes sufren padecimientos psíquicos en el territorio, y así poder intervenir, a partir de un Plan de Salud Mental, el cual hoy no existe en la CABA.

Además de las personas que sufren por su salud y salud mental, queremos destacar que también sufren y padecen el conjunto de trabajadoras y trabajadores del sistema de atención público y privado. En lo público, por efecto del ajuste económico de los gobiernos, donde no sólo se afecta la masa salarial, sino que también se han degradado en particular, las condiciones laborales, la falta de insumos y las estructuras edilicias.

En el marco de las profesiones, disciplinas y técnicas que intervienen específicamente en el área de salud mental, no debemos soslayar la importancia de la capacitación en servicio y, por ello, denunciamos la grave situación por la que atraviesan las “concurrencias”, que el gobierno de la Ciudad viene reduciendo sus cupos año a año, vaciando de una herramienta indispensable en la atención de la salud mental en el sistema público y que -además consignamos- no reciben ningún reconocimiento salarial. Está claro que este accionar apunta a privatizar la formación, derivándola a los onerosos posgrados de las universidades públicas y privadas.

En el análisis del sector privado, observamos un efecto paradojal: a los enormes beneficios que reciben las empresas privadas de medicina y obras sociales, por “achicamiento” del sector público y subvenciones estatales, también trabajadoras y trabajadores sufren un grave y acentuado proceso de precarización y explotación laboral. También, de “autoexplotación” en consultorios privados, ante la falta de perspectivas laborales en el ámbito público.

Esto incluye la atención ante consumos problemáticos y adicciones, hoy escindida de la esfera de salud mental en favor del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, con el objetivo de consumar un lucro privado. Allí, la porción mayoritaria del presupuesto se expenda en subsidiar comunidades y granjas terapéuticas -mayormente gestionadas por iglesias evangélicas, cristianas y grupos privados- que no están sometidas a ninguna regulación estatal. Para romper este negocio, además de evitar el desarraigo en los usuarios y contribuir en su terapéutica, es necesario reintegrar el área al área de salud mental en la Ciudad.

En pandemia, y a pesar de todas las alertas sobre el padecimiento psíquico y hasta las posibles secuelas neurológicas en pacientes con covid, los recursos en salud mental no sólo no aumentaron, sino que han disminuido. Los sendos gobiernos de la Ciudad y la Nación no han tomado responsabilidad, ni aplicado acciones concretas mediante un plan de emergencia que asista integralmente a quienes lo necesiten. También en salud mental ha primado el ajuste fiscal con vistas al pago de la deuda externa usuraria.

El presupuesto en salud mental de la Ciudad se redujo incluso en términos porcentuales: del 8% al 6,5%, además de constituir una suma nominal inferior. Vale dejar asentado que, de ese monto, cerca del 85% es utilizado para cubrir el funcionamiento de los cuatro hospitales neuropsiquiátricos, lo cual desnuda el nulo aporte de recursos para el resto de los efectores, que debe ser elevado de inmediato -ampliando las partidas en salud mental- para terminar con la lógica manicomial imperante.

En base a estas consideraciones, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad (FIT-U), toma el desafío sobre la urgente política que se requiere en el área de salud mental de la ciudad, proponiendo un conjunto de acciones que nuestras/os pre-candidatas/os a legisladoras/es en las próximas elecciones plantearán y defenderán desde las bancas de la Legislatura Porteña.

PROPUESTAS PARA SALUD MENTAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

-Efectivizar un Plan de Salud Mental, con la participación de los trabajadores y profesionales del sistema público y privado de la Ciudad, y sus organizaciones. Es necesario que la autoridad de aplicación establezca que el principio rector de la salud mental en la ciudad sea ejercido por el sistema público, subordinando a los subsectores privado y seguridad social, es decir, que establezca una verdadera coordinación y la centralización de los recursos existentes.

-Implementación efectiva e integral de las leyes de salud mental N°448 (CABA) y N°26.657 (Nación).

-Exigir la partida presupuestaria del 10 % del total de Salud, para Salud Mental y redireccionar sus objetivos hacia una transformación del sistema público en el marco de la Atención Primaria de la Salud (APS), favoreciendo la accesibilidad y el principio territorial.

-Creación y puesta en funcionamiento del conjunto de efectores, servicios y dispositivos establecidos legalmente, para superar un modelo hospitalocéntrico y manicomial, desarrollando un modelo de salud mental comunitaria. Efectores y equipos interdisciplinarios de salud mental en cada barrio y unidad territorial.

-Concretar un sistema de atención que dé respuestas dignas a las personas internadas en los neuropsiquiátricos y todo el espectro de padecimientos mentales, evitando la sobre-medicación, institucionalización y medicalización imperante.

-Desarrollar un urgente estudio epidemiológico de salud mental, para saber concretamente el estado de situación en la ciudad. Relevamiento y fiscalización de los entes del sector privado.

-Centrar la política y las acciones de salud mental en las personas y no en las patologías, promoviendo el abordaje integral y evitando los rótulos, que nutren la discriminación y segregación de quienes sufren y padecen, y fragmentan el sistema de atención, incluyendo los consumos problemáticos y adicciones.

-Avanzar y defender, en el marco de los derechos laborales de trabajadoras/es, respecto de salarios y condiciones de trabajo. Ampliar el cupo de residencias y concurrencias, reconociendo a estas últimas su remuneración. Por el pase a planta bajo convenio colectivo y salario en base a la canasta familiar.

-Aumento del nomenclador de prestaciones de discapacidad según canasta familiar; regulación de los pagos. Basta de precarización por los Centros y Fundaciones, pase a planta bajo convenio. Reconocimiento del acompañamiento terapéutico y todas las disciplinas. No al lucro de obras sociales y prepagas con las partidas de discapacidad.

– Proyectar el sistema de atención público y privado hacia la atención integral de las personas afectadas por los efectos de la pandemia, mediante todos los recursos disponibles y, en particular, crear dispositivos de atención domiciliaria cumpliendo con los protocolos vigentes.