25/11/2021

Rebrote de Salmonella en Salta: más que un problema de salud pública

Los Ministerios de Salud de la provincia y Nación emitieron una alerta epidemiológica.

El Ministerio de Salud Pública de Salta y el Ministerio de Salud de la Nación lanzaron una alerta epidemiológica debido al aumento en la notificación de casos de fiebre paratifoidea causada por la infección con Salmonella paratyphi en dicha provincia. En lo que va del año se notificaron 1.130 casos en Salta y ya se confirmaron 870.

La infección por Salmonella se da a través del consumo de alimentos y bebidas contaminados y por contacto directo con personas o animales infectados. Es una enfermedad que tiene una fuerte asociación con las condiciones y la calidad de vida, puesto que el contagio por lo general está relacionado con la mala cocción de carnes y huevo, el consumo de leche y otras alimentos derivados de animales infectados sin tratar, y la falta de medidas de higiene como el lavado de manos o la contaminación cruzada por el uso de cuchillos y otros utensilios sin lavar. Se ve sobre todo en poblaciones empobrecidas con hogares precarios y hacinados, así como en aquellas con déficits en el acceso a servicios básicos como agua potable, gas de red o electricidad y a la salud pública. También en poblaciones con problemas de salud crónicos y en personas con compromiso del sistema inmunológico, así como en niños.

La enfermedad, que ya se considera endemoepidémica, causa 75 casos nuevos por día notificados, aunque se estima que por cada caso notificado hay otros 30 que quedan fuera del radar, fundamentalmente porque la población no tiene acceso a profesionales de la salud. Además, desde el gobierno no implementaron mecanismos para detectar y aislar los casos sospechosos o buscarlos activamente en la comunidad, sino que se mantienen los clásicos utilizados por el Sistema Nacional de Vigilancia que dependen de la consulta con algún profesional. A su vez, el gobierno abordó la pandemia con un sistema de salud vaciado y manteniendo un ajuste presupuestario, lo que implicó que el colapso sanitario por coronavirus derive en el desgaste de demás sectores, como el de otras enfermedades infecciosas o la atención primaria de la salud. Esto también a costa del agotamiento de sus profesionales y trabajadores.

En este sentido, no hay dudas de que el crecimiento de casos en Salta responde a las condiciones de vida de la provincia. En ella la pobreza supera la media nacional, ubicándose en el primer semestre del año en 42,3% según el Indec, mientras que el 11,6% de las personas son indigentes. El 33,9% de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La situación es aún peor en las más de 500 comunidades originarias de Salta, a las cuales se les dificulta aún más el acceso a los servicios básicos. El 70% de ellas no cuenta con obra social, prepaga ni plan estatal de cobertura de salud. No es menor que el 63% de los infectados sean menores de 15 años, considerando que seis de cada 10 niños en Argentina es pobre y que la provincia cuenta con los índices más elevados de desnutrición infantil.

De la misma manera, ni el gobierno de Alberto Fernández ni el de Gustavo Sáenz han dado respuestas a la pobreza o a los reclamos por trabajo genuino o vivienda digna, sino que durante sus dos años de gobierno han descargado un ajuste brutal sobre la población que, junto a la inflación, ha licuado los salarios de los salteños. Este ajuste se expresa también en el acceso a la salud, la cual atravesó el 2020 y 2021 con un ajuste presupuestario y ya se espera un recorte del 13% a nivel nacional, que repercutirá con mayor envergadura sobre las provincias. Esto ya se vio en Salta, donde todos los índices de salud pública empeoraron y tuvieron su correlato con la salud de la población, como evidencia el aumento de la mortalidad infantil hasta 10 cada 1.000 nacimientos vivos.

La aparición de rebrotes de enfermedades infecciosas no solo demuestran la necesidad de políticas sanitarias a largo plazo, sino también de la urgencia de acciones para que la población tenga acceso a vivienda, servicios básicos y salud, además de educación e información para saber de qué manera evitar el contagio. Esto solo puede darse con un aumento de presupuesto para salud y la centralización del sistema para garantizar un hospital público, un centro de atención primaria y profesionales capacitados allí donde se necesiten. Además, la garantía de acceso a agua potable y gas de red para todos los trabajadores a través de la nacionalización de los servicios y un plan de desarrollo de los mismos bajo control de los trabajadores.