En los últimos días, se reabrió el debate sobre la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que postula, en uno de sus artículos centrales, el cierre de los hospitales monovalentes de salud mental (Borda, Melchor Romero, entre otros) y su sustitución por dispositivos alternativos, fijando como fecha límite el año 2020. La controversia tiene lugar tanto por la cercanía del plazo y el nulo desarrollo de instalaciones adecuadas, como por una nueva avanzada de intereses corporativistas, en pos de defender sus negocios a costa de la salud de los pacientes.

De la falsa desmanicomialización al manicomio privado

El elemento novedoso de la situación, reflejado por varios medios periodísticos, fueron las declaraciones de referentes de Apsa (Asociación de psiquiatras argentinos) y otros actores históricamente opuestos a la ley de salud mental que, montándose sobre los límites de dicha normativa y las trabas gubernamentales para su puesta en práctica, la atacan por derecha.

Se trata de grupos corporativos ligados al lobby de la industria farmacéutica y poco representativos de la voluntad mayoritaria de los profesionales de la salud mental, que se amparan en falsos debates terapéuticos.

¿Cuál es su verdadero punto de "controversia"? Procuran que se excluya a sus centros de internación privada de los alcances de la Ley de Salud Mental, con el objetivo de continuar percibiendo ganancias millonarias.

Ocurre que el vaciamiento deliberado del sistema de salud mental habilitó dos nuevas vetas capitalistas. Por un lado, la tercerización de la atención pública en centros y dispositivos privados, bancados con dinero del presupuesto estatal. Por el otro, la proliferación de internaciones privadas para quien pueda pagarlas, que van desde modestos centros hasta servicios de cinco estrellas.

El estado interviene a favor de los capitalistas

A nueve años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y a seis de su reglamentación, los diferentes gobiernos han profundizado el desguace del ámbito público. El distrito más rico, la Ciudad de Buenos Aires, sólo cuenta con una casa de medio camino pública (dependiente del Hospital Borda), con servicio para diez camas. En la Provincia de Buenos Aires y en el interior, la desidia es total.

En esta línea, el presidente de la Dirección Nacional de Salud Mental Luciano Grasso, un progresista reconvertido en funcionario de Cambiemos, ha integrado a sus oficinas a lobistas de las farmacéuticas y de los centros privados, incluyendo su designación en los organismos que deben regular las internaciones, la implementación de la Ley de Salud Mental y el cumplimiento de las normativas. Quienes deberían velar por el bienestar de pacientes y usuarios, utilizan sus cargos oficiales para garantizar sus negocios.

Sin embargo, no se trata sólo de un debate presupuestario. La prioridad de los intereses empresariales y corporativos, en contraposición a los de trabajadores y pacientes, lleva a la preservación de dispositivos obsoletos y costosos que acarrean un enorme despilfarro de recursos. Por caso, la internación en una cama del Hospital Borda o Moyano le cuesta al estado más de 200 mil pesos mensuales, la mayoría destinados a elementos ajenos a los pacientes.

Una reconversión integral del sistema de salud mental, y el fin de la injerencia de corporaciones privadas, debería colocar el eje en los pacientes y en los trabajadores, poniendo en pie dispositivos alternativos que termine con el paradigma manicomial y den lugar a un sistema más eficiente y, hay que decirlo, más humano.

En esta línea, la lucha por las reivindicaciones del ámbito y por la transformación del sistema de salud según las necesidades populares se contrapone directamente con los planes económicos de todos los candidatos del FMI. El debate sobre la Ley de Salud Mental, sus límites y controversias, sus posibilidades de aplicación y las restricciones gubernamentales, deben servir para propiciar un espacio de organización de los trabajadores de la salud mental.