“Nuevo record de contagios en Florencio Varela”, es la frase que escuchamos diariamente en cada parte nocturno. Es que en esta localidad no ha parado ni por un momento el avance de la pandemia, que agudiza la crisis que hace años padecemos.

Con un total, según datos oficiales, de 1.568 casos confirmados y 28 fallecidos a la fecha y una tasa de letalidad de 1.79%, Florencio Varela tiene uno de los mayores números de camas ocupadas de terapia intensiva del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Semanas atrás, en declaraciones recogidas por un medio local, el secretario de Salud del distrito, Rubén Trepichio, “corrigió el índice que fue dado a conocer por el área sanitaria bonaerense que señalaba que el distrito varelense tenía una ocupación superior al 70% de las camas de UTI” (Unidad de Terapia Intensiva), señalando que en ese porcentaje no se habían contado las camas del sector privado ni las del hospital modular. Se trata de una “aclaración” más que  preocupante, ya que del total de contagiados, solo el 27,6% se atiende en el área pública. El Hospital Mi Pueblo solo cuenta con menos de 10 camas de UTI, número insólito para el casi medio millón de habitantes que aquí viven.

El abandono histórico en salud pública en la Provincia de Buenos Aires (con un promedio de 60% de camas ocupadas) hace foco en los lugares más pobres. En épocas invernales, cuando los cuadros respiratorios aumentan, los recursos públicos resultarían absolutamente insuficientes si es que no se aplica la centralización del sistema de salud. Resulta imperiosa la necesidad de conocer las disponibilidades de camas existentes y los porcentajes, beneficiando a los vecinos el acceso a hospitales mejor equipados, con mayor cercanía y atendidos por recursos humanos reconocidos con mejores condiciones laborales.

La salida desde la perspectiva de los trabajadores

A los 112 días del aislamiento social preventivo impuesto por el gobierno, se intenta con esta medida depositar la responsabilidad de los contagios en la población trabajadora y los sectores más vulnerables. Mientras el gobierno destina millones en honrar la deuda con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional a costa del vaciamiento de la salud pública, miles de trabajadores ocupados y desocupados ven descargar la crisis sobre sus espaldas.

Ante esta crisis, se impone la necesidad de garantizar un ingreso familiar de $30.000 para todos los desocupados que garantice que la población pueda llevar la cuarentena sin pasar necesidades, acompañado por un plan de obras públicas que contemple cloacas, agua potable y garantizar la colocación de recursos para abastecer la demanda de necesidades: respiradores, camas y medicamentos.

Pongamos la cuarentena en manos de vecinos y trabajadores.