La propuesta de implementar una reforma integral del sistema de salud, que formuló Cristina Fernández de Kirchner, amenazó con desatar una tormenta política.

Las cámaras patronales se reunieron con Alberto Fernández para pedir una aclaración; la CGT emitió un comunicado y mandó a sus equipos técnicos a estudiar el tema; desde el seno del gobierno nacional varios ministros (entre ellos Ginés González García) se despegaron de la iniciativa. Finalmente, la Casa Rosada tranquilizó a todos afirmando que “no es momento de dar el debate” ya que “no se puede hacer en medio de la pandemia”.

El argumento es curioso, porque si algo justifica cambios profundos -e inmediatos – es precisamente la amenaza que la “segunda ola” de contagios representa para un sistema sanitario que cruje por todos lados.

El gobierno sigue subsidiando a las patronales

Al tiempo que archivó el debate, el gobierno anunció un paquete de auxilio a las prestadoras privadas, para compensar la anulación del último aumento que se iba a aplicar a los abonados. El paquete complementa el Repro II con un nuevo ATP, rebajas y perdones fiscales. “Lo hacemos porque se lo merecen”, explicaron los funcionarios.

Pero las empresas siguen exigiendo libertad para aumentar las cuotas, reclaman “mecanismos de aumentos automáticos”. Según la Unión de Salud Privada, “por el congelamiento y los insumos dolarizados, el descalce alcanza el 54%”. Sería un mazazo para un amplio sector de la población.

 

El programa de subsidios choca con la promesa del ministro Martín Guzmán de reducir el déficit fiscal por debajo del 4%. El planteo kirchnerista, en cambio, apunta a un reordenamiento estructural en línea con las “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional.

El proyecto K

El proyecto de Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que sería la base del plan kirchnerista, tiene varios ejes.

El primero es la unificación de todos los entes que regulan los tres sectores del sistema: el público, el privado y las obras sociales -una caja total de 800.000 millones de pesos- bajo un mismo organismo. Esto colisiona con las legislaciones provinciales y por lo tanto requeriría una reforma constitucional.

Las obras sociales se encuentran en una profunda crisis: a la tendencia histórica a la desvalorización de los salarios y precarización laboral se agregaron los problemas generados por la pandemia, como las suspensiones (el pacto CGT-UIA-gobierno que habilitó rebajas salariales), la proliferación de las sumas no remunerativas, la mayor evasión patronal. Los 45.000 millones de pesos que les giró el gobierno en 2020 por diversos conceptos solo permitieron tapar agujeros.

Además de la devolución de los fondos para tratamientos de alta complejidad, que es materia de negociación y presiones permanentes, la burocracia reclama elevar los porcentajes de los aportes y reducir el Programa Médico Obligatorio (PMO) a una “canasta prestacional”. Su programa consiste en aumentar la confiscación de los ingresos de los trabajadores, mal atendiendo su salud.

Un entramado de negocios capitalistas

El subsistema de las obras sociales ha perdido en gran medida su carácter solidario. La burocracia sindical lo convirtió en una pieza del entramado del negocio capitalista de la salud.

El principal “aporte” de los sindicatos a esa estructura es el padrón de afiliados que, producto de la libre elección dispuesta bajo el menemismo, es un botín siempre en disputa. El “descreme” (captación de los trabajadores con mejores ingresos) aceleró la diferenciación y la asociación con el capital privado. Esa es, en mayor o menor medida, la norma.

Son muy pocos los gremios que gestionan de manera directa su obra social y muchos menos los que conservan servicios propios. De las casi 300 que existen, menos del 10% concentran la mitad del universo de afiliados. Las grandes crecieron a expensas de otras y se asociaron con empresas en las que tienen fuertes intereses los fondos de inversión y los pulpos extranjeros; luego sigue un pelotón de medianas que tercerizan la atención y un grupo de pequeñas, al borde la extinción.

Otro eje del proyecto de Kreplak es reducir el número de prestadoras y limitar la libre elección. Un aspecto clave de negociación con las burocracias.

Viabilizar el ajuste presupuestario

Pero el real alcance ajustador del proyecto kirchnerista se revela en el “sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga” .

“El subsector público –propone- obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados; en el caso de las Obras Sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33 % de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones” .

El sector público depende de los presupuestos provinciales y nacional, es decir que es financiado con los impuestos generales que paga la población y en particular los trabajadores. Quienes poseen obra social o planes de salud prepagos realizan una erogación extra para acceder a una atención de mayor calidad. Son 15 millones de argentinos.

La reorganización de los recursos públicos para ofrecer servicios a costos inferiores, mediante convenios directos con las obras sociales, pretende captar esa masa de aportantes que hoy es canalizada hacia clínicas y sanatorios privados. Los descuentos no necesariamente irían a los bolsillos obreros sino a las cajas sindicales -es decir, a la burocracia.

Ante los reparos que puso la conducción de la CGT, desde el Instituto Patria convocaron a un grupo de burócratas para explicarles que el proyecto no apunta contra ellos. “Los sindicalistas van a poder seguir lavando tranquilos”, deslizó un funcionario.

La desconfianza es mutua. Para el kirchnerismo la burocracia sindical es una aliada clave. Para los burócratas no hay nada más peligroso que el kirchnerismo a la hora de discutir plata.

Los fondos de la seguridad social bancan al sistema público

El Estado recaudaría de manera más eficiente, eliminando la evasión, pero sobre todo recaudaría mucho más. De este modo los aportes a las obras sociales que se llevan las prestadoras privadas pasarían a los hospitales, generando condiciones para cubrir los recortes presupuestarios (el presupuesto nacional 2021 asigna a Salud –en plena pandemia– una partida en términos reales un 10% menor a la del año anterior). “Buscan usar los fondos de la seguridad social para bancar el sistema público”, resumió José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias.

La incorporación al sistema público de millones de nuevos usuarios tendría consecuencias muy profundas sobre la población que hoy utiliza el hospital y, ni hablar, sobre el personal de salud.

La defensa de las obras sociales es parte de la lucha por recuperar los sindicatos

La reforma propuesta por el kirchnerismo apunta a recortar la participación del capital privado en el negocio de la Salud en función de viabilizar el ajuste fiscal. La burocracia sindical es la pieza clave de esa alianza económica de las obras sociales con el Estado. Lejos de recuperar su carácter solidario pasarían a ser una correa del ajuste fiscal.

La defensa de las obras sociales como una conquista obrera que contrapesa al capital privado y refuerza la lucha por un sistema único, universal y estatal gestionado por los trabajadores, es un aspecto de la lucha por la expulsión de la burocracia de los sindicatos.

El rechazo de la injerencia del Estado va unido al control de las obras sociales por sus propios afiliados, con directorios electos y revocables y la apertura de los libros para poner fin al vaciamiento de la burocracia. El financiamiento se garantiza con la recomposición de los salarios, el blanqueo y pase a convenio de todos los precarizados y el incremento de los aportes patronales. Sería el punto de partida para una verdadera reforma del sistema de salud al servicio de los trabajadores.