“Hay casi 10 mil casos positivos del sistema de salud privado porteño que el Gobierno no sabe dónde están. Las estadísticas oficiales se hacen sobre una minoría de pacientes atendidos en el sistema público. Sobre el resto no hay un registro cierto de dónde quedan aislados y qué sucede en el transcurso de la enfermedad. Tampoco se conoce cuántos casos son graves, moderados o leves” (Clarín, 18/6)

Efectivamente, en la Ciudad de un total de 12.596 enfermos actuales de Covid-19 –descartados los fallecidos y los curados- 2.687 estaban siendo atendidos por el sistema de salud estatal, sea en aislamiento (1.927), internados en salas comunes (613) y en terapia intensiva (147)

Esto significa que hay 9.909 enfermos –78% del total- que, están siendo atendidos por el sistema de salud de obras sociales y prepagas, que están obligadas a informar cuando atienden Covid–19. Pero “tres meses y medio después de comenzada la pandemia en el país, no se conoce a ciencia a cierta el derrotero de esos pacientes. Es decir, no se sabe oficialmente cuántas de las personas están internadas y cuántos son pacientes ambulatorios, y en qué condiciones cumplen el aislamiento y con qué controles. Según señalaron a Clarín desde el Ministerio de Salud de la Nación, esa información debe ser relevada a esa cartera desde cada jurisdicción, y los datos originados en las clínicas porteñas no están llegando” (ídem).

Se imponen las privadas

Esta noticia asombrosa e inédita hasta ahora, habla a las claras del talón de Aquiles de la autoridad sanitaria para enfrentar la pandemia: no existe un comando unificado de los recursos y las acciones de salud. Y la razón es clarísima, cuando en el inicio de la cuarentena el ministro Ginés González García insinuó la posibilidad de unificar los sistemas en un plan único, retrocedió inmediatamente ante la primera mueca de disgusto de los empresarios de la medicina privada, que agitaron el fantasma de la “estatización”. Ginés se lamentó hace poco: “tendría que haber insistido más en la organización, no solo entre lo público y lo privado, también con las organizaciones populares” (La Nación, 13/6). Como si se tratara de decisiones personales y no de una política sanitaria subordinada a los intereses del negocio de la medicina privada. En medio de la pandemia el Ministro encontró tiempo para reunirse con los parásitos de las prepagas y los jerarcas sindicales de las obras sociales, para prometerles reducir el Plan Médico Obligatorio, que fija las prestaciones mínimas obligadas, a fin de reducir “sus elevados costos”.

En un período crítico del desarrollo de la pandemia, estamos en manos irresponsables. Cómo se puede conducir una campaña como esta sin un seguimiento del 78% de los pacientes en CABA. Esta es la explicación también del “eslabón perdido” en más de dos meses de cuarentena: ¿cuántas camas de terapia intensiva disponibles hay en el ámbito privado? Cifra escamoteada sistemáticamente para dosificar el manejo del sector más rentable de la facturación, las áreas críticas. La gobernación de la Provincia de Buenos Aires no se queda atrás, Kicillof estableció un acuerdo con las privadas para “ayudarlas” con un adelanto de 400 millones y un sobreprecio para el uso de sus camas de internación; y lo llamó “integración del sistema de salud público y privado” (Ámbito, 10/6).

¿Detectar?

Pero hay otra noticia tan sorprendente como esa : “el Ministerio de Salud porteño cuenta con un equipo de atención que le puede hacer el seguimiento a los contactos estrechos de 500 casos nuevos por día. No más. Por eso anunciaron que van a triplicar el personal, que pasará de 20 a 69 personas para llevar adelante las entrevistas epidemiológicas y de 30 a 92 para el seguimiento de los contactos estrechos”(ídem). ¿Y este es el operativo Detectar del que se enorgullecen? Rodrigo Quiroga del Conicet de Córdoba que pronosticó la saturación del sistema de salud para fines de julio, planteó que 2.500 a 3.000 rastreadores debían salir a detectar casos para bajar la velocidad de contagios. Suena lógico.

Está claro que el bloqueo principal para mitigar el avance del Covid–19 está en la subordinación de oficialistas y opositores a los intereses empresariales bajo cuyo mandato se abrió el comercio y la industria en un 80%. No hay garantía. Un ajuste de la cuarentena para evitar una catástrofe sanitaria requiere de otra política: comando único estatal de los sistemas de salud bajo control de los trabajadores. Detección masiva y aislamiento de infectados. Impuestos gravosos al gran capital y suspensión del pago de la deuda externa, para financiar a desocupados, a villas y barrios pobres y al pequeño comercio para aguantar el confinamiento dignamente.