El presidente Alberto Fernández anunció que siete zonas rojas del país volverán a la fase uno de cuarentena hasta el próximo 30 de agosto. Esta medida contempla a Río Grande, ciudad de Tierra del Fuego, que sufrió un rebrote de coronavirus en las últimas dos semanas. Las cifras hablan de 1.046 contagios y 15 muertes.

Este rebrote se debe a dos cuestiones. Primero, a la falta de controles en los miles de repatriados, que arribaron a la ciudad entre julio y agosto. Los testimonios concuerdan que ni en los asientos del avión ni en las filas de espera se garantizó el distanciamiento social preventivo. Para colmo, a muchos no se les realizó el hisopado ni tampoco un seguimiento sanitario en los días posteriores (recordemos que el virus puede tardar días en manifestarse). La cuarentena, además, quedó bajo responsabilidad individual: quienes no pudieron acceder a una estadía hotelera, debieron confinarse en sus casas, manteniendo un contacto estrecho con sus familias que debían salir a trabajar.

Esta es la segunda razón. El coronavirus es una enfermedad que, en un alto porcentaje, cursa de manera asintomática. Quienes no presentaron síntomas, concurrieron normalmente a las fábricas. Allí, el único protocolo era la alternancia en días y turnos, sin realizar testeos ni garantizar distanciamientos. Por ende, el coronavirus se propagaba silenciosamente por toda la ciudad.

De la noche a la mañana se rebasaron todos los hospitales. Ante el estado de alarma, el gobierno acudió al Plan Cuidarnos TDF. Ahora sí comenzaron los testeos masivos en los barrios, que pusieron en evidencia la incontrolable situación. De cada ochenta personas, cuarenta dieron positivo (Tiempo Fueguino, 14/8). Al cabo de una semana, se registraron más de 300 casos (La Nación, 16/8) y Tierra del Fuego se convirtió en la provincia con más contagios per cápita, superada solo por el AMBA.

El foco de contagios se registra en los lugares donde la cuarentena fue flexibilizada. Principalmente son trabajadores fabriles, policías y municipales, alcanzando hasta la propia ministra de Salud, Judith Di Giglio (Ushuaia 24, 10/8).

Pero las cifras oficiales podrían quedar cortas: se aguardan los resultados de 400 testeos, demorados desde hace tres semanas y aún resta alcanzar a miles de vecinos (Noti TDF, 9/8). Por otro lado, la cifra de quince fallecidos también podría ser mayor: hay seis personas que murieron por sospechas de coronavirus y aún no se logra confirmar.

La incertidumbre se extiende hasta los hospitales. Se habla estimativamente de 200 camillas y 50 respiradores, que según denuncias anónimas de los mismos trabajadores de la salud, ya estarían por colapsar. Cuando esto suceda, los pacientes deberán ser trasladados hasta el hospital de Ushuaia, aumentando el riesgo a circular el virus. Ante esta problemática, Marcos Colman, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Ushuaia, explicó que la provincia no debería alarmarse ante la falta de camillas, ya que “pudimos avanzar en un tratamiento del coronavirus con corticoides” (Sur54, 12/8).

A pesar de todas evidencias que demuestran el aumento de casos donde se flexibiliza la cuarentena, para el gobernador Gustavo Melella (Frente de Todos), “el 80% de los contagios tiene que ver con encuentros sociales clandestinos” (El Sureño, 13/8). Esta es la orientación del oficialismo a nivel nacional, que pretende culpabilizar a las personas y ceder a la presión patronal. Río Grande no es la excepción: la patronal de BGH y Afarte presionan al gobierno para reabrir las fábricas aún a pesar del retorno a la fase uno, alegando que “trabajar no contagia” y amenazando con despidos masivos.

Por fuera de Río Grande, la situación provincial también preocupa. En Ushuaia se flexibiliza la cuarentena casi por completo a pesar de la advertencia del titular de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, quien asegura que “unas sesenta mil personas de la ciudad de Ushuaia se contagiaran de coronavirus” (Radio Ártika, 14/8).

Mientras hay una demora en los resultados de 1.400 testeos, los comercios, fábricas, restaurantes y centros turísticos reabrieron.

Nada se dice sobre el paro de estibadores el pasado jueves 13, cuando frenaron sus actividades en el puerto para exigirle a las autoridades provinciales que aíslen de inmediato a los 180 trabajadores que debieron bajar el cargamento de un buque pesquero que hace un mes permanece en alta mar, con 57 tripulantes contagiados. En el caso de Tolhuin se había detectado un solo caso de coronavirus hasta la semana pasada. Ahora, los trabajadores municipales exigen un hisopado, ya que uno de ellos presentó síntomas mientras estaba trabajando. Para ambas ciudades, el riesgo al contagio masivo no está descartado. La provincia podría colapsar en cualquier momento.

Que se garantice una cuarentena estricta, con asistencia alimentaria y el cobro inmediato del IFE para todas las familias que lo necesiten,seguro al parado de $30.000.

En el caso de reabrir los lugares de trabajo, precisamos de protocolos sanitarios para cada lugar y actividad,  elaborados por las comisiones internas y la asamblea general, y por comisiones de seguridad e higiene electas, allí donde no exista organización sindical, que supervisen su efectivo cumplimiento.