Luego de casi 160 días de cuarentena, el gobierno provincial había anunciado el regreso a la fase 1 el día lunes 24/8, para dar marcha atrás 24 horas después. La medida generó airadas protestas de amplias capas de la población, fundamentalmente de comerciantes de Fisque, Cipolletti y Villa Regina, donde incluso se apredreó la casa del intendente de Juntos Somos Río Negro Marcelo Orazi. La falta de consenso y capital político para pilotear la crisis dejan al desnudo la fragilidad del gobierno. Lo cierto es que, aunque desde el gobierno se alimenta la idea de recargar sobre la población en general las responsabilidades, el anuncio pone de manifiesto el rotundo fracaso de las políticas públicas que se han llevado adelante.

Los días ganados a la cuarentena no han sido usados para revertir el cuadro de precariedad y deterioro del sistema de salud ni de sus trabajadores. Como política de fondo y siguiendo la línea del gobierno nacional, la provincia se ha negado a avanzar en la centralización del sistema de salud, no se han realizado las inversiones necesarias en insumos para el cuidado de los trabajadores de la salud, no se ha invertido en la adecuación de espacios de aislamientos y el aumento de la cantidad de UTI ha sido claramente insuficiente. Como broche de oro los comités de emergencia han sido utilizados al solo efecto de contener reclamos y esconder información. El cuadro de crisis se completa con el virtual abandono de los sectores más necesitados de la población que han sido dejados a su suerte. Tampoco se tuvo política para atender la situación del sector de pequeños comerciantes que hoy se manifiestan frente a los vaivenes del gobierno provincial.

Entre responsables de nación, provincia y municipios, poco se ha hablado de estrategias de mejoras en el sistema de salud y mucho se ha hecho para aislar barrios con terraplenes de tierra, pidiendo y hasta exigiendo la presencia de gendarmería y diferentes fuerzas de seguridad. Lo que no se resuelve por la vía de la inversión de recursos públicos, que genera una protesta social creciente, da lugar a una mayor presencia del aparato represivo. Los grandes centros urbanos como Fisque, Bariloche y Cipolletti, han sido noticia en los últimos días no solo por el colapso de sus hospitales, sino también por numerosos casos de abusos policiales.

Desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales se insiste en la falsa disyuntiva de economía o salud, mientras se siguen garantizando el funcionamiento y los recursos de los diferentes sectores de la economía concentrada. Mientras se continúa con la sangría del pago de las deudas ilegítimas, mientras se cajonea una vez más el tratamiento de una ley de impuestos a las grandes rentas y fortunas, se siguen pidiendo sacrificios y comprensión a los sectores trabajadores y de pequeños comerciantes.

Desde el Partido Obrero planteamos un plan integral de abordaje del colapso sanitario e integral de la provincia. Suspensión de todos los pagos de deudas. Impuesto provincial a las grandes rentas: monopolios frutícolas, petroleras e hipermercados. Puesta en funcionamiento de comités de seguridad e higiene bajo control obrero. Funcionamiento de grandes concentraciones de trabajadores bajo estricto protocolo; paralización y pasaje a aislamiento donde se haya detectado un caso en los últimos 14 días. Duplicación del presupuesto para el sistema de salud, presupuesto para hospitales de contingencia. Duplicación de las frecuencias de transporte urbano a fin de evitar aglomeraciones, estricto control de cumplimiento de protocolos de seguridad. Destinar recursos para el establecimiento de un mapa de contagios y la aplicación de testeos masivos se vuelve cada vez más imprescindible.

Desde un primer momento manifestamos que sin trabajo y sin comida no hay cuarentena. Es prioritario establecer un plan serio de asistencia a los sectores más perjudicados de la población: seguro al parado de 30.000, duplicación de recursos para comedores barriales, bolsones y viandas, asistencia a pequeños comerciantes y productores sobre la base de la apertura de sus libros contables.

Los gobiernos patronales de Carreras y Soria muestran sus límites en el manejo de los problemas concretos que afectan al conjunto de la población. Las y los trabajadores debemos tomar en nuestras manos las acciones necesarias para imponer las medidas de fondo que nos hagan salir de la crisis.

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