El viernes 29 de enero trabajadores de salud denunciaron despidos en el Hospital San Bernardo. La justificación para las cesantías es que el Estado tendría un control sobre la situación sanitaria, cuando en realidad vemos que crecen los contagios de coronavirus, la llegada de las vacunas se demora, todos los especialistas pronostican un rebrote y Argentina quedó sexta en número de muertos por cantidad de habitantes en la primera ola. La verdad es que todo el personal contratado es aún insuficiente para cubrir el déficit que arrastraba el sistema público de salud en todas las áreas, ya antes de la pandemia. Es por ello que deben ser reincorporados y pasados a planta permanente.

La arbitrariedad de los despidos es completa. Algunos de los despedidos debieron renunciar a otros trabajos, porque desde el hospital los intimaban a trabajar tiempo completo. El Estado violentó sus derechos laborales, por ejemplo no pagando el bono para personal de salud, otorgando menos por horas extras que los de planta permanente, o no firmando contratos por escrito. Estuvieron totalmente precarizados, y ahora se deshacen de ellos aunque sigan siendo necesarios.

La situación se agrava porque a los 40 despidos notificados ahora se agregarían muchos más a partir de mayo. En noviembre fueron despedidos trabajadores de la misma condición en el hospital de Güemes. De conjunto se pone de manifiesto la parálisis e improvisación del gobierno ante una segunda ola de contagios.

En diversas movilizaciones, durante 2020 los trabajadores de salud denunciaron que el Estado no garantizó insumos de trabajo para la atención de Covid-19, ni la atención a personas con otras patologías. Junto a los trabajadores reclamamos testeos masivos para determinar el estado de salud de los que estaban en la primera línea de batalla contra la pandemia. Con medidas de lucha, lograron la entrega de elementos de trabajo y aumento de personal, a pesar de la negativa del gobierno durante el primer semestre de 2020.

La incorporación de profesionales y trabajadores que ahora se quiere dejar en la calle, fue también resultado de las demandas y movilizaciones en diversos hospitales. Desde la bancada del Partido Obrero, y en reuniones y audiencias públicas, planteamos la centralización del sistema de salud, el pase a planta y el aumento de personal para enfrentar la pandemia, a través del cobro de un impuesto a las grandes fortunas de la provincia.

La crisis en el sistema de salud, responde a una política de los que gobiernan hace 25 años, basada en el ajuste del gasto público para destinar los recursos a pagar deuda y privilegiar los negocios con la salud privada. Es la que provocó la existencia de miles de compañeros precarizados y un enorme déficit de personal que la llegada de la pandemia puso más en evidencia.

Los reclamos de vecinos usuarios de la salud pública se sucedieron y se mantienen en distintos puntos de Salta, como las comunidades originarias que denunciaron falta de pediatras y ginecólogos, o los vecinos de Floresta, Constitución y Las Colinas que continúan reclamando un hospital y personal de salud para la zona este de la ciudad de Salta. Los dirigentes de los sindicatos han sido cómplices de los atropellos del gobierno.

Desde Tribuna de la Salud impulsamos asambleas por hospital para frenar estos despidos, y exigir la elección de delegados que vayan con mandato a las paritarias. Ellos deberán exigir la reincorporación y el pase a planta de todos los precarizados, la recuperación del salario -que el año pasado cayó más del 10% contra la inflación, y un aumento del 30% más cláusula gatillo de ajuste por inflación para 2021. Además reclamamos un paquete de medidas para enfrentar el rebrote, garantizar el acceso a la vacuna y a los protocolos imprescindibles.