Según algunas fuentes periodísticas, se calcula que en la mayoría de los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires se está llegando al 100% de camas ocupadas. En el distrito de San Isidro se releva un 90% de camas de terapia intensiva ocupadas con casos de Covid-19, es decir, 18 camas de 20 que existen en el sector público.

En un año de pandemia, el intendente Gustavo Posse, de Juntos por el Cambio, no destinó un peso en reforzar el sistema de salud. La cantidad de Unidades de Terapia Intensiva sigue siendo la misma que en 2020: 14 en el Hospital Central y 6 en el Materno Infantil.

Por otra parte, trabajadores del Hospital Central han denunciado que no están siendo testeados de manera frecuente y que ellos mismos deben costear de su bolsillo los Equipos de Protección Personal para resguardarse de los contagios.

En este cuadro de saturación del sistema de salud municipal, Posse se ha paseado por los medios de comunicación realizando declaraciones contra la suspensión de las clases presenciales y reclamando la vuelta a las aulas. Se trata de una postura negacionista que acarrea un enorme riesgo sanitario.

Reclamamos la triplicación del presupuesto de salud, la ampliación de la cantidad de UTI y respiradores disponibles en el distrito, los elementos de bioseguridad suficientes en cada centro de salud, incremento en los testeos, salario mínimo de $60.000 para el personal de salud y la centralización del sistema unificando los recursos sanitarios del ámbito público y privado para hacer frente a la pandemia.

Exigimos el cierre de las actividades no esenciales y que el municipio disponga un seguro al desocupado de $40.000 y garantice el cobro íntegro de los salarios para todos los trabajadores y que no haya despidos. A su vez, Posse debe proveer dispositivos y conectividad para que nadie se quede afuera de la educación virtual. Reclamamos un plan de vacunación masivo sobre la base de intervenir el laboratorio de Hugo Sigman que fabrica las dosis en el país y readecuar la capacidad técnica para envasarlas en territorio nacional.

Estas medidas deben ser gestionadas por comités de trabajadores y vecinos de San Isidro que aseguren su cumplimiento. Se debe financiar este plan aplicando un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas del distrito, de carácter permanente.