En los medios de San Juan, en estos días, es noticia la Obra Social Provincia (OSP), a la que están afiliados por ley provincial todos los trabajadores estatales, sin opción a elegir otra obra social. Además, en la misma, son socios adherentes los afiliados al Centro Comercial de Santa Lucía y los afiliados a la Sociedad de Viñateros, totalizando 150.000 afiliados que aportan mensualmente, a saber: los trabajadores estatales un porcentaje de sus salarios desde el primer día que ingresan a la Administración Pública y un monto fijo los socios adherentes. También se realiza el aporte patronal fijado todos los años por ley en el Presupuesto provincial y otros aportes. Es la obra social con más afiliados en la provincia.

Sin embargo, parece ser que todo esto no llega a cubrir las necesidades de salud de los afiliados, ya que día tras día se caen los convenios: comenzó con la caída del convenio del Colegio de Psicólogos, y, en pocos días, siguieron la Asociación de Obstetricia y Ginecología, Asociación Civil de Cirujanos Pediátricos, Asociación de Ortopedia y Traumatología y los profesionales de Otorrinolaringología.

Entre el escándalo y preocupación de los afiliados, se rumorea sobre estafas y pagos millonarios a una empresa de internación domiciliaria, por internados en geriátricos privados o inclusive el pago por afiliados ya fallecidos. Lo cierto y verificado es que las distintas asociaciones profesionales anunciaron que desde el 1° de noviembre dejarán de recibir las órdenes de la OSP. Los afiliados, ante esta grave situación, acuden a los hospitales públicos, donde no los quieren atender porque ¡tienen obra social!

El gobierno declara haber ampliado el presupuesto para la Obra Social Provincia, pero el deterioro de las prestaciones es evidente y aumenta la tercerización de los servicios de auditoría. Desde la Asociación de Ortopedia y Traumatología señalaron: “Queremos actualización de los honorarios de acuerdo al nomenclador. La obra social establece los valores de forma autoritaria” (Diario Huarpe, 18/10). Desde la Asociación de Cirujanos Pediátricos, el referente de la organización manifestó: “Es una de las obras sociales que menos paga y no nos reconocen nomenclador” (Ídem).

Además, en una reunión con el ministro de Gobierno, Hensen, el 1° de junio del 2022, ante presencia de los autoconvocados docentes y estatales en las calles, los trabajadores de la obra social denunciaron que los aportes de los trabajadores a la OSP van a Rentas Generales, y, desde ahí, el gobierno distribuye los fondos discrecionalmente. También denunciaron que, durante la pandemia, se subsidió a los sanatorios y clínicas privadas con los aportes de la OSP, aportes que nunca fueron reintegrados.

A la fecha no hay ninguna respuesta por parte del gobierno peronista de Uñac. Pero esta gestión es la continuación del gobierno del también peronista Gioja. Ambas gestiones mantienen intervenida la Obra Social Provincia hace más de 20 años, bajo la mirada cómplice de las burocracias sindicales. Recordemos que la Ley provincial 44-Q, establece la gestión de la Obra Social Provincia por un Directorio conformado por representantes de la patronal y de los trabajadores.

Los gobiernos peronistas son responsables de las intervenciones y vaciamiento de la OSP, con sus planes de ajuste en salud para cumplir con el achicamiento del déficit fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con sus prebendas a la salud privada. La burocracia sindical también es responsable por no llevar adelante una lucha consecuente por la devolución de la obra social a sus legítimos dueños, los trabajadores.

La salud no es un Negocio, es un derecho. Desde el Partido Obrero convocamos a votar en asambleas de trabajadores paro y movilización a la Casa de Gobierno para que los responsables den una respuesta. Basta de ajuste y negociados.