San Juan: Milei recorta el Remediar y pone los medicamentos esenciales detrás de una barrera económica

Menos medicamentos gratuitos, más gastos para las familias trabajadoras y una mayor presión sobre el sistema público de salud: el ajuste nacional amenaza con agravar una crisis que ya golpea a los barrios sanjuaninos.

El gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste sobre la salud pública. La reducción del alcance del programa Remediar, que durante más de dos décadas permitió el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de los centros de atención primaria, constituye un nuevo ataque contra las condiciones de vida de la población trabajadora.

La Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre, aprobó un listado de medicamentos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares en el primer nivel de atención. La modificación obliga a examinar qué medicamentos dejarán de llegar a los centros de salud y qué recursos se destinarán a garantizar los tratamientos que queden afuera del esquema nacional.

No se trata de una discusión técnica ni de una simple reorganización administrativa. Cuando el Estado reduce la provisión gratuita de medicamentos, el costo se traslada a los pacientes. Para una familia que debe afrontar alimentos, alquileres, transporte y servicios con salarios deteriorados, comprar un remedio puede convertirse en un gasto imposible de sostener. El ajuste sanitario tiene una consecuencia concreta: quienes no pueden pagar quedan expuestos a interrumpir tratamientos, postergar consultas o convivir con enfermedades que requieren atención permanente.

San Juan ya venía sufriendo la caída de los envíos

La situación provincial es especialmente preocupante. Según un relevamiento del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), difundido por Diario 13 San Juan el (21/7), la entrega de medicamentos de Remediar en la provincia cayó un 45,6% durante 2024 respecto de 2023. La reducción nacional para ese período fue del 51,4%.

El dato demuestra que el abastecimiento ya venía retrocediendo antes de la nueva modificación. No corresponde confundir ambas cifras: la caída del 45,6% refiere a los envíos registrados en 2024 y no mide por sí sola el impacto total de las medidas de 2026.

Sin embargo, el antecedente expone la fragilidad de una política sanitaria de la que dependen numerosos pacientes sin cobertura médica suficiente.

El negocio del ajuste: pagar de bolsillo o quedarse sin tratamiento

El problema adquiere mayor gravedad cuando se consideran las enfermedades crónicas, que requieren medicación sostenida y controles periódicos. Los tratamientos para la diabetes, las afecciones respiratorias, las infecciones y otras patologías frecuentes no pueden depender de la capacidad de compra de cada paciente.

Que un medicamento deje de integrar un programa nacional no significa necesariamente que desaparezca de todos los hospitales o centros sanitarios. La disponibilidad también depende de las compras provinciales y de otros mecanismos de provisión. Pero la reducción de la cobertura nacional amenaza con volver más desigual el acceso y trasladar mayores costos a las familias y a las provincias.

En un contexto de pérdida del poder adquisitivo, jubilaciones insuficientes y encarecimiento de los gastos básicos, el recorte golpea especialmente a quienes dependen de la salud pública. Mientras los laboratorios y las empresas privadas participan de un mercado millonario, los pacientes deben resolver cómo financiar tratamientos que no pueden abandonar sin riesgos.

El argumento del equilibrio fiscal no puede justificar que una persona deba elegir entre comprar alimentos y adquirir el medicamento recetado. Los recursos que se retiran de la salud tienen consecuencias sociales que no aparecen en las planillas contables.

La provincia y Nación deben responder

El gobierno nacional no puede reducir su responsabilidad trasladando el problema a las jurisdicciones. Si las provincias deben reemplazar con recursos propios los medicamentos que dejan de recibir, se profundizan las desigualdades entre territorios según su capacidad presupuestaria.

San Juan debe informar qué compras realizará, qué fondos destinará a la atención primaria y cómo distribuirá los insumos entre los centros urbanos y las zonas rurales. También debe garantizar información pública sobre existencias, entregas y faltantes.

Pero no alcanza con reclamarle a Orrego que compense el ajuste de Milei. La defensa de la salud pública exige enfrentar la política nacional de recortes y reclamar el restablecimiento de una provisión suficiente y gratuita de medicamentos esenciales.

Organizar la defensa de la salud pública

La salida no puede quedar en manos de decisiones administrativas ni de promesas oficiales. Es necesario que trabajadores de la salud, organizaciones sindicales, centros de estudiantes, organizaciones sociales y vecinos impulsen un reclamo común por el abastecimiento de medicamentos, el financiamiento del sistema sanitario y salarios que permitan sostener las condiciones de atención.

Los trabajadores de los centros de salud conocen de primera mano las consecuencias de los faltantes. Sus denuncias y reclamos deben tener un lugar central, junto con la participación de las comunidades afectadas.

Defender Remediar significa defender el derecho a recibir atención y tratamiento sin que los ingresos familiares determinen quién puede curarse y quién queda abandonado.

La salud pública no puede quedar sometida a la motosierra. Frente al ajuste, hace falta organizar una lucha común para que los medicamentos lleguen a los barrios y dejen de depender del bolsillo de cada familia.