El pasado lunes, a más de 50 días de comenzado la cuarentena, el secretario de Salud de San Miguel, Diego Lambert, anunció una “reestructuración” (en funcionamiento) del sistema sanitario. Es decir, el modelo que hará frente a la pandemia en tiempos de pico de contagios de Covid-19. Esta “reestructuración” es más que insuficiente. Como hemos denunciado en artículos anteriores estamos ante un sistema de salud totalmente colapsado.

En qué consiste la “reestructuración”

Lambert comentó en distintos medios locales que hay varias etapas en la atención de pacientes con coronavirus. En principio, las y los pacientes positivos que no necesiten internación hospitalaria son enviados al Colegio Máximo de San José que es alquilado por el municipio -no se sabe a qué costo- que cuenta con 176 camas. Lo mismo ocurre con la casa de retiro “Virgen Niña” a menor escala, ya que tiene unas 70 camas para pacientes que no puedan realizar el aislamiento domiciliario.

En lo que respecta a los hospitales municipales hay que resaltar que el Hospital San Miguel Arcángel (más conocido como Hospital Mataldi) cuenta con tan solo 10 camas de terapia intensiva con respiradores y 40 de guardia clínica. La readecuación sería transformar la guardia clínica en una sala de terapia intensiva con oxígeno central y aspiración central, y con aire comprimido para atender solo casos de Covid-19, suspendiendo el resto de los servicios especializados. Lambert reconoce que han pedido a provincia y nación los respiradores necesarios. No específica cuantos serían ni en cuanto tiempo llegarían.  A su vez, agregaron 20 camas de terapia intermedia.

Por su parte, el Hospital Santa María -inaugurado en septiembre del año pasado-, ubicado en la región oeste del distrito (la región más pobre y dónde vive y está la mayor concentración de sanmiguelinos), apenas cuenta con 25 camas de observación. No cuenta con sala de terapia intensiva, pero el secretario nos avisa a las y los vecinos que tenemos trailers para ser atendidos por coronavirus.

El Hospital Larcade, el más importante del distrito, mantiene la guardia clínica, pero se ha cerrado el sector de consultorios externos, donde se atienden las distintas especialidades, para la atención de posibles casos de coronavirus. A las y los trabajadores de la salud los han distribuido por distintos Centros de Atención Primaria (Caps) donde siguen atendiendo a sus pacientes con turnos programados pero sin ningún tipo de equipamiento necesario.

Con la salvedad misma de que el Larcade y el Santa María, en un hipotético caso de contagios masivos, serían readecuados y pasarían a la atención solamente de Covid-19. Preguntamos ¿con qué equipamiento?

El Same funciona en el Colegio Don Jaime donde las ambulancias y unidades de traslado se desinfectan allí mismo, con los trabajadores sumamente desprotegidos.

En total, la “reestructuración” cuenta con una totalidad de 561 camas, donde solamente 50 estarían preparadas para atender a pacientes con Covid-19, para un distrito con más de 270 mil habitantes. Realmente irrisorio y preocupante. Contamos con 1 cama por cada 2.700 habitantes; s decir, el 1% de los sanmiguelinos. Muy alejado de las 8 camas cada 1.000 pacientes que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por una verdadera reestructuración del sistema de salud

El sistema sanitario de San Miguel, como el del conjunto del Gran Buenos Aires, no está preparado para enfrentar al coronavirus. Ni lo va a estar, a menos que se proceda a una transformación radical de conjunto diseñada por los trabajadores de la salud.

Exigimos al Estado la centralización de todo el sistema de salud en un comando único. Para su funcionamiento necesitamos comités electos de trabajadores y expertos de la salud que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la crisis. A su vez, vecinos y vecinas debemos organizarnos en comités de higiene y seguridad para discutir una salida que contemple nuestras necesidades. El Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que podamos seguir atravesando está cuarentena, por eso seguimos peleando por un seguro al parado de $30.000 y por la prohibición real de despidos y suspensiones.

Para avanzar en estos reclamos y poner de relieve las necesidades del conjunto de la clase trabajadora ponemos como cuestión fundamental la suspensión inmediata del pago de la deuda externa usuaria y fraudulenta. Los recursos del país deben ser dirigidos al combate real contra la pandemia. Empezando por la defensa de las y los trabajadores de la sanidad, sumamente desprotegidos por el Estado