En los últimos días la crisis sanitaria y la falta de pericia del gobierno frente a ella se ha puesto en el centro del debate político y de la opinión pública. En este marco, “Ibuprofeno inhalado sí o no” parecería ser una bandera en la disputa entre el gobierno y la oposición parlamentaria en la cual pretenden embarcar al conjunto de la población. Sin embargo, las manifestaciones populares que se vivieron en Río Gallegos estos últimos días demuestran la disconformidad generalizada del pueblo frente al abordaje de la crisis sanitaria que realiza el gobierno santacruceño, identifican con claridad la entrega sin reconocimiento que realiza el personal de la salud y se oponen taxativamente al carácter punitivista y recaudatorio con que la gestión municipal intenta frenar la curva de contagios.

En este contexto, la propia cuarentena que hasta aquí ha sido la única medida acertada y con cierta eficiencia para frenar los contagios -con la excusa de ganar tiempo para cuando se agravara el cuadro- ha dejado de ser la vaca sagrada y también se ha puesto bajo la lupa y el cuestionamiento. Es que después de más de 200 días no se ha fortalecido el sistema de salud para hacer frente al problema, cuando llegará el pico de contagios y las UTI (terapia intensiva) al 100%.

De todas maneras, en Río Gallegos no se está gestando un movimiento anti cuarentena sino anti gobierno. El grueso de la población, más allá de la confusión generalizada que impera por el temor a la pandemia y el desconocimiento de cómo se comporta el virus y el escaso poder de fuego del sistema sanitario provincial, ha identificado con claridad a los culpables de este estado de situación en materia sanitaria. No entraremos en el intercambio de chicanas que propone permanentemente el intendente de Río Gallegos, quien declara que pidió colaboración y le respondieron con marchas. Está claro que Pablo Grasso intenta desviar la atención y presentar a los manifestantes como producto de la manipulación, sin comprender o no queriendo reconocer el cansancio y la bronca de gran parte de la población.

Desde el Partido Obrero insistimos con un programa claro y concreto frente a esta crisis en la cual evidentemente la cuarentena ya no alcanza y el gobierno debe comprometer un mayor presupuesto, si quiere verdaderamente proteger la vida de los habitantes de Santa Cruz. Testeos masivos para identificar los pacientes asintomáticos, aislarlos y realizar un tratamiento y seguimiento que tenga como objeto central evitar por todos los medios posibles que contribuyan a la propagación del virus, como así también que dichos pacientes sean tratados a tiempo descomprimiendo el sistema hospitalario largamente colapsado. Esta semana nuevamente se colmó la capacidad de la unidad de terapia intensiva (UTI) del hospital regional de Río Gallegos.

Es imprescindible que el gobierno cumpla con los reclamos del personal sanitario: los salarios y bonos comprometidos, y el equipamiento con los insumos necesarios para que se proteja al máximo su salud. Cualquier frase de reconocimiento sin recursos es un acto de miserable hipocresía.

Apoyamos la aprobación inmediata de cualquier tipo de tratamiento con fines compasivos. Es responsabilidad de las autoridades sanitarias para atemperar el sufrimiento de cualquier paciente en estas circunstancias.

Denunciamos una vez más la falta de previsión e inversión por parte del gobierno de Alicia Kirchner: recién ahora “se analiza” (Tiempo Sur, 27/10) la utilización del Hospital Militar para mitigar el desastre sanitario.
Decimos no al punitivismo. El Frente de Todos pretende hacer cumplir esta eterna cuarentena a partir de reforzar el carácter disciplinador y con un claro fin recaudatorio. En lugar de generar condiciones para que la mayoría de la población pueda elegir quedarse en casa, el gobierno pretende obligarlos a partir de multas exorbitantes. ¿No se le habrá ocurrido al menos por un instante a Grasso y sus funcionarios que quizás la gente necesite salir? ¿Que si se queda en casa no come? La única manera de garantizar la cuarentena es un subsidio a la desocupación que cubra todas las necesidades y saque a miles de riogalleguenses de la situación de pobreza y pauperismo en que se encuentran. ¿No habrán leído los señores concejales el informe del Indec de principios de octubre que señalaba que 1 de cada 4 habitantes de Río Gallegos se encuentra debajo de la línea de pobreza?

Hacemos un llamado a los gremios a intervenir decididamente y defender los salarios, la salud, la educación y la vida. Los trabajadores no podemos ni debemos una vez más ser la variable de ajuste ante un gobierno que hace cerrar sus cuentas a partir de pautar salarios a la baja, establece exenciones impositivas a las grandes industrias y no destina lo necesario para sostener el sistema de salud y la educación de la población.

El ibuprofeno inhalado y la cuarentena no alcanzan. Necesitamos un mayor presupuesto, que cubra insumos y personal, para fortalecer el sistema sanitario.