El Sanatorio Firmat anunció el corte de atención para los pacientes de PAMI, lo que deja a cerca de 10.000 jubilados de los departamentos santafecinos de General López y Caseros sin atención médica en plena pandemia. La medida anunciada por la dirección del sanatorio se debería a una deuda de cerca de 40 millones de pesos que mantiene el PAMI. Además, la patronal declara que tampoco tendría fondos “para pagar salarios, comprar insumos, abastecerse de maquinaria y cancelar deudas con proveedores” (Rosario Nuestro, 4/4).

La situación del sanatorio no es novedosa. Ya en 2017, a raíz de los conflictos con PAMI, suspendió los servicios a sus afiliados, que debieron ser traslados al hospital público San Martín mientras duró el conflicto. Hoy esta posibilidad se encuentra en crisis, ya que el Hospital ha sido declarado monovalente para el covid-19 y por ende no podría encargarse de estos pacientes.

Este cuello de botella expresa la crisis sanitaria más general que existe en toda la zona. El propio Hospital San Martin comparte sus instalaciones con un geriátrico, el cual deberá ser trasladado. Los trabajadores del hospital han denunciado el mal estado edilicio del nosocomio, agravado por la falta de insumos y de materiales de profilaxis profesional, una situación que pone en riesgo a sus trabajadores y al conjunto de la población.

Las deudas del PAMI revelan el recorte presupuestario sobre la salud y en especial la confiscación de los recursos de los jubilados. Tampoco hay claridad sobre las cuentas del sanatorio, que justifique que no puede continuar con la atención. Es necesaria la apertura de sus libros al control independiente de trabajadores y afiliados, frente a una patronal que se beneficia cotidianamente con el negocio de la salud.

Rechazamos el cese de atención a los pacientes de Pami, que además son población de riesgo. Denunciamos los recortes presupuestarios, el endeudamiento y la falta de presupuesto por parte del gobierno nacional y provincial que pone en riesgo la salud de la población. La responsabilidad frente a esta situación, que se arrastra desde hace tiempo, le cabe al conjunto del arco político que ha permitido hacer de la salud un negocio. La crisis sanitaria es el resultado de los sucesivos ajustes en salud que han avalado todos los gobiernos.

Urge proceder a la centralización de todo el sistema de salud, sin distinción entre su carácter público o privado, para ponerlo al servicio de la atención del conjunto de la población sin ningún tipo de discriminación. Los Estados provincial y nacional deben garantizar que los jubilados no sean el pato de la boda, mientras financian con sus jubilaciones al PAMI. Acompañamos el reclamo de los trabajadores para que se les provea de los insumos de seguridad e higiene, y el pago en tiempo y forma de salarios.