La semana pasada un grupo interdisciplinario de investigadores y científicos del Instituto Balseiro, Conicet, CNEA, Universidad Nacional del Comahue y Universidad Nacional de Río Negro, elaboraron un informe sobre la situación sanitaria de Bariloche ante el Covid-19, el cual fue dirigido a las autoridades nacionales, provinciales y municipales. En el mismo se presentan tres posibles escenarios acerca de la velocidad de contagios en la ciudad y la capacidad de respuesta del sistema de salud. De no tomarse las medidas preventivas correspondientes, que alienta el gobierno nacional, la situación será muy preocupante.

El estudio hecho por profesionales describe diversas situaciones, según el grado de cuarentena que se implemente para los próximos 30 días: ante una cuarentena estricta los casos ascenderían a 180; ante una cuarentena administrada o parcial ascendería a 1.050; y en el tercer escenario, que supone la no realización de la cuarentena, los casos ascenderían a 9.469.

Por otra parte, el estudio advierte un escenario a corto plazo donde los números no dejan de ser alarmantes. A esto se suman más complicaciones propias de las deficiencias y desigualdades sociales que presenta San Carlos de Bariloche. Por ejemplo, el 36% de la población no cuenta con un centro de salud a menos de 10 cuadras.

Ante este cuadro catastrófico, el intendente Genusso realizó una conferencia de prensa la semana pasada desde la Escuela Militar de Montaña, donde montó el Centro de Operaciones de Emergencia, mostrando una imagen de conciliación con las fuerzas armadas y de seguridad en el mismo sentido que el gobierno nacional. Esto envalentona al brazo represivo del Estado que, con la excusa de garantizar el cumplimiento de la cuarentena, ejerce abuso de poder sobre los sectores socialmente más vulnerables, lo cual hemos denunciado en reiteradas oportunidades en Prensa Obrera. Genusso se limitó a establecer más restricciones y a detallar las sanciones para quienes no cumplan con la cuarentena amparado en un discurso punitivista. No anunció ninguna medida para agilizar el sistema de salud ni para sus trabajadores.

Tampoco hizo referencia a uno de los principales clústeres de contagio que hay en Bariloche: la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Hasta la fecha se han detectado 12 casos de coronavirus positivos a miembros de esta fuerza de seguridad. A medida que comenzaron a confirmarse los casos se multiplicaron los audios de agentes de la PSA donde describían que a pesar de presentar síntomas del virus fueron obligados a prestar servicio en el aeropuerto local y a realizar controles de rutina en la vía pública. Debió intervenir el gobierno provincial para despegarse de la negligencia de la cúpula de la PSA, enviando a aislamiento a todo el personal de la PSA de Bariloche -aproximadamente 120 miembros- quienes fueron reemplazados por agentes asignados desde ciudades aledañas.

El sistema sanitario de la ciudad ha tenido ciertos cambios en cuanto a su estructura, que tienen más que ver con la reorganización del servicio que prestan los trabajadores de la salud y con la actividad del Hospital Zonal, enfocada hacia la atención de pacientes infectados por Covid-19. Todo esto a la espera de que el pico de casos no sature la disponibilidad de camas y respiradores con los que cuenta. Justamente, el otro clúster de infectados lo constituye el personal de la salud, ya que están expuestos a un riesgo mayor que el resto de los trabajadores. Por tal motivo, exigimos que se aumente el presupuesto. La realidad a la cual nos exponen los gobiernos y las patronales muestra con crueldad que la seguridad e higiene frente a la pandemia solo será garantizada por comités de los propios trabajadores.

Si bien es un avance que el Hospital Zonal de Bariloche ahora pueda realizar los tests de detección del virus, ha venido a poner blanco sobre negro en cuanto a la cantidad y velocidad de contagios. Para que se entienda la magnitud de la crisis sanitaria local: al día de la fecha hay 49 casos de coronavirus en Bariloche, lo que da un infectado cada 2.653 habitantes, mientras que en Argentina hay un infectado cada 17.502 habitantes.

Ante este cuadro es imperioso poner en funcionamiento el recientemente cerrado Sanatorio del Sol. Exigimos la estatización del mismo bajo control de sus trabajadores e incorporar a los 50 profesionales de la salud que aún siguen sin poder trabajar luego de su cierre.

Todo este panorama no hace más que evidenciar el fracaso de los gobiernos municipales y provinciales ante la pandemia, quienes subestimaron la situación o no supieron dar la respuesta necesaria. Las nuevas restricciones (utilización obligatoria de barbijos y cronogramas de circulación según número de DNI), son desmedidas en algunos casos, como cortar ciertas calles de la ciudad con camiones de tierra y no resuelven las deficiencias que llevaron a los clústeres positivos de Covid-19 en la ciudad: la falta protocolos y de elementos de higiene y seguridad para trabajadores de sectores esenciales.

La crisis sanitaria en Bariloche no solo representa el fracaso del intendente sino también de todos los partidos gobernantes, que dieron facultades extraordinarias al poder ejecutivo local para realizar contrataciones directas, reubicar empleados municipales y firmar acuerdos con empresas e instituciones públicas o privadas sin previa aprobación del poder legislativo. Todas medidas que no han resultado en un control efectivo de la pandemia.

Ante este panorama exigimos:

• Centralización de todo el sistema de salud argentino, público, de universidades nacionales, de obras sociales y privado. Así como también la centralización de los laboratorios públicos y privados. Nacionalización total del financiamiento del sistema de salud.
• Jornada laboral de 6 horas para los trabajadores de la salud en planta permanente, dado que se trata de un trabajo de riesgo; guardias de 12 horas con respeto del descanso post-guardia. Derecho a las licencias y ART para concurrentes.
• Formación de comités de seguridad e higiene en todos los hospitales públicos y privados integrados por trabajadores electos en asamblea. Entrega inmediata de EPP (Equipos de Protección Personal) para todo el personal.
• Convocatoria extraordinaria a estudiantes de enfermería y médicos de los últimos años de cursada. Capacitación extraordinaria de emergencia en atención del Covid–19 a médicos de todas las especialidades. Todos bajo las mismas condiciones laborales y salariales que los trabajadores de planta permanente.
• Aumento inmediato del presupuesto de salud sobre la base del no pago de la deuda y la eliminación de los negociados a costa de la privatización de la salud.
• Nombramiento de representantes del Estado en todas las instituciones privadas para garantizar el funcionamiento de la centralización del sistema. Apertura de los libros para determinar el costo que el Estado pagará a las empresas por el uso de sus instalaciones y personal.